Los cargos de la Xunta imputados por homicidio aseguran al juez que trataron la hepatitis con “diligencia”
El que había sido director general de Asitencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) -y actual gerente del área sanitaria de Vigo-, Félix Rubial, y Carolina González-Criado, subdirectora general de Farmacia, han declarado este miércoles de nuevo en sede judicial, donde ya habían comparecido por un supuesto delito de prevaricación, en la causa abierta por los obstáculos en el suministro en los tratamientos de hepatitis C en Galicia. Lo han hecho esta vez como investigados por otro supuesto delito de homicidio imprudente en el caso de seis de los ocho enfermos fallecidos incluidos en la causa y han insistido en que su actuación fue “diligente” y que en ningún caso hubo “dilación” a la hora de suministrar los medicamentos.
Tras el cumplimiento con el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña -que había estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía pidiendo que fuesen investigados por homicidio-, los dos responsables del Sergas han declarado en diligencias previas. Ahora será el juez quien decida si abre o no juicio oral contra ellos.
Rubial, a la salida de los juzgados, aseguró haber actuado de manera “diligente” en todos los casos de hepatitis C y negó que existiera cualquier “tipo de dilación” en el suministro y, especialmente, derivada por motivos económicos. Además, dice que con la “información” aportada, tanto verbal como documentalmente, quedaría “sobradamente probada” la “actitud diligente del Sergas en estos y en todos los casos”.
“Fueron 1.150 solicitudes las que se hicieron antes de la entrada en vigor del plan estratégico, de las cuales fueron aprobadas el 99% de las mismas y tan sólo 13 fueron rechazadas por motivos de seguridad o clínicos”, añadió para asegurar que “a ninguno de los pacientes” por los que lo investigan se les rechazó el tratamiento. “Queda suficientemente probado que no hay ningún tipo de dilación en ese sentido”, remató, para ponerse a disposición de la Justicia para “aportar todo lo que sea necesario” y le reclamen.
La argumentación pública de Rubial ha sido la misma que tanto él como González-Criado -que no hizo declaraciones a los medios- han llevado a cabo ante el juez. Según fuentes implicadas en el proceso, los dos responsables del Sergas insisten en destacar los más de mil casos tratados desde 2012 aunque los tratamientos por los que se abrió la causa no estuvieron disponibles hasta 2014. Además, aclaran que no se le negó tratamiento a ninguna de las personas, mientras desde la plataforma de afectados se recuerda que “no están siendo procesados por denegarlos, sino por retrasar tratamientos prescritos por especialistas conforme la unos criterios previos y hacerlo por motivos económicos”.
Tardaron cinco meses y varios enfermos acabaron muriendo, y es ese período de tiempo sobre el que “no se da explicado lo que pasó”. El caso es comprobar si el Sergas, a pesar de que el medicamento necesario estaba aprobado ya por el Ministerio de Sanidad aunque este no se haría cargo del coste hasta más tarde, evitó subministrarlo para no asumir entonces su elevado precio.
El portavoz de la plataforma gallega de afectados, Quique Costas, espera que las palabras de los investigados “evidencien las contradicciones” que, según ha dicho, “hubo entre sus declaraciones previas y las de la única testigo que compareció hasta el momento”. Se refiere a la de la ex-directora de Procesos Asitenciales del CHUS, que había asegurado que avisó de la “gravedad” de los enfermos que fallecieron esperando tratamiento y que negó que existiera otro mecanismo para conceder los fármacos “al margen de la subcomisión”, tal y como aseguraron los dos investigados, que la habían señalado como responsable
“Es decir, que hay unas prescripciones farmacológicas hechas por los especialistas del Sergas que no son atendidas más que con mucho retraso, de varios meses, y que acaban, en muchos casos, en la muerte de los pacientes”, ha reiterado, además de advertir como Rubial y Gómez-Criado señalaron primero a médicos y ahora la miembros de la subcomisión, que podrían ser los próximos citados a declarar en calidad de testigos.
Además, Costas ha mostrado su pesar por el hecho de que no pudieran estar presentes en la vista “las familias de los afectados a través de su representación legal” después de que a pesar de la petición de la Fiscalía y de la misma plataforma, fueran rechazadas como acusación particular. Así, recuerda que en delitos con víctimas de homicidio es “preceptivo” que se ofrezca poder ejercer acciones legales a los perjudicados directos, pero no se hizo y “no han podido participar en este interrogatorio”.
Según Costas, se da “la paradoja” de que las familias afectadas “ignoran que está siendo investigado el fallecimiento de su familiar porque el caso está declarado secreto”. “Ni ellos lo saben ni nosotros se lo podemos comunicar”, dice.
La Xunta defiende a los investigados
La investigación que está abierta trata de aclarar si hubo un retraso ilícito en la evaluación de enfermas con hepatitis C y, por tanto, en el suministro de medicamentos que podrían haberles salvado la vida. Además de un supuesto delito de prevaricación, por lo que los dos investigados declararon en el pasado mes de abril, la Fiscalía les atribuyó también lo de “homicidio por imprudencia profesional grave” al retrasar la administración de los fármacos “por razones presupuestarias”, tal y como había adelantado eldiario.es al destaparse el caso. Desde la Xunta, tanto el presidente Núñez Feijóo como Sanidad defendieron que “siempre” se usaron criterios clínicos para la atención de pacientes.
Este mismo miércoles, en declaraciones a la agencia Europa Press, el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, ha asegurado que la declaración realizada por los investigados fue “contundente” y espera que sirva para llevar a la “resolución de este asunto”, además de reiterar su confianza en ellos. Desde la plataforma de afectados se insistió en que mantener a los investigados en sus cargos es “una afrenta a los fallecidos, a la plataforma y a la sociedad” y esperan que “los que ahora los apoyan vinculen sus puestos al procedimiento judicial”.
Hace poco más de un año, el juez Lago Louro dictó auto de incoación por prevaricación administrativa y los dos investigados comparecieron a prestar declaración a finales de abril, momento en el que descargaron toda la responsabilidad en los médicos.
A pesar de las peticiones de la propia plataforma y de buena parte de la oposición, Feijóo se negó a destituir los dos altos cargos y advirtió que ambos “habían cumplido con su trabajo” y que el auto que los imputaba por posible homicidio no le preocupaba en absoluto. Ya hace varios meses, cuando se conoció la acusación de la Fiscalía, el presidente de la Xunta había sido muy duro con los médicos que formularon las denuncias, a los que calificó de “indignos” e incluso había definido como “insidias” las acusaciones de que la decisión de no aprobar tratamientos había provocado el fallecimiento de pacientes. Atribuía las demandas a “líos que hay en los hospitales entre servicios y en los mismos servicios” e incluso había ido más allá al atribuir a la oposición las acusaciones del Ministerio Fiscal y calificarlas de “disparate” e “insulto” mientras presumía de “pagar” los tratamientos. “Por dos o tres pacientes, no me parece lógico relacionar estas denuncias con la austeridad”, sentenció.
Este mismo miércoles, en la sesión de control del Parlamento, Feijóo ha acusado a la oposición de mostrar el Sergas como “un servicio africano” por reprocharle, entre otras cosas, los recortes sufridos por la sanidad pública o las “muertes de personas por no obtener a tiempo” los medicamentos de la hepatitis C.
