Los pisos protegidos que la Xunta lleva anunciando 20 años serán finalmente un “alojamiento compartido” para jóvenes

20 años después de que se propusiese por primera vez para acoger vivienda protegida -con Manuel Fraga como presidente y Alberto Núñez Feijóo como conselleiro del ramo-, la privilegiada parcela de la avenida compostelana de Xoán XXIII, situada a unos 300 metros de la Catedral, ya tiene un proyecto definitivo. Tras dos décadas de tribulaciones -incluida una frustrada propuesta de permuta que la cedía para levantar pisos de lujo-, allí se levantarán 70 viviendas de “alojamiento compartido temporal” destinadas a menores de 36 años. Si esta vez nada se tuerce, estarán finalizadas como muy tarde en 2027, a tiempo de que opten a ellas los hijos de sus destinatarios iniciales.

Pocos lugares explican mejor que este solar la ínfima apuesta de la Xunta de Feijóo por la vivienda protegida. Los datos de construcción de VPOs publicados por elDiario.es demuestran que la mayor parte de los apenas 2000 pisos entregados durante 15 años de mandato responde a promociones iniciadas por el gobierno bipartito (2005-2008). No fue hasta abril de 2023 cuando Alfonso Rueda -aún no validado por las urnas- admitía que no habían llevado a cabo medidas en este sentido “porque no habían detectado el problema”. Desde entonces se convirtió en una de sus banderas: tras las elecciones de febrero creó una consellería específica y prometió doblar, en esta legislatura, el número de las existentes: de 4.000 a 8.000.

Fue, precisamente, la nueva conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, quien realizó el anuncio en compañía del titular de Xuventude, Xosé López Campos. El lugar elegido, la Biblioteca Pública Ánxel Casal, anexa a la famosa parcela.

Allegue ha explicado cómo serán los pisos: tendrán una superficie útil de 30 metros cuadrados con salón-cocina, habitación y baño, además de espacios comunes como bibliotecas, zonas de ocio, lavandería y plazas de aparcamiento. Estarán destinados a menores de 36 años por un tiempo máximo de tres anualidades. Los alquileres serán “asequibles”, pero no ha detallado cuál será el límite de renta para optar a ellos.

En la comparecencia, a la conselleira le preguntaron por la decisión de la Xunta de Feijóo de aparcar, hace una década, un proyecto iniciado en la época Fraga y continuado por el bipartito. Allegue ha contrapuesto modelos: aquello, dijo, era un proyecto “de pisos” frente al actual “de alojamiento compartido”. Entonces, la idea “se desechó por la situación en la que se estaba” mientras que hoy, diez años después, sí detecta “esa necesidad de emancipación”. La historia, en realidad, fue mucho más larga y con más tumbos.

Dos décadas dando vueltas

Todo empezó, como hemos dicho, en septiembre de 2004, con un Núñez Feijóo a punto de ser nombrado vicepresidente primero de Manuel Fraga. Mientras se levantaba la biblioteca Ánxel Casal, el Instituto Galego do Vivenda e o Solo (IGVS), dependiente de su consellería de Política Territorial, anunció su objetivo de ocupar el único “espacio libre” en ese margen de la calle. Entonces se habló de levantar dos edificios, “unas cuarenta viviendas”, destinadas al alquiler social para jóvenes menores de 35 años; una fórmula que impedía la venta e intentaba evitar la especulación inmobiliaria a unos pasos de la Praza do Obradoiro.

En 2005, con el bipartito y una Consellería de Vivenda en manos de la nacionalista Teresa Táboas, el proyecto recibe un empujón. Táboas -que venía de ser decana del Colexio de Arquitectos de Galicia- quiere que las viviendas tengan un diseño a la altura de su entorno y busca firmas de renombre para impulsarlo. Sin embargo, hasta por dos veces el concurso de ideas que convoca se queda desierto. El proyecto de Xoán XXIII acumulará polvo casi una década: hasta 2014.

Es entonces cuando lo rescata Agustín Hernández. Hernández, otro exconselleiro de Política Territorial, fue designado alcalde de Santiago por Feijóo tras la imputación de prácticamente todo el equipo de gobierno de Gerardo Conde Roa, el candidato popular que habia logrado la mayoría absoluta por un puñado de votos. Tras la marcha de Conde Roa y los dos años de interinidad de Ángel Currás, quien no gozaba del favor del presidente del PP, éste impuso a una de sus personas de confianza, la que iba cerrando la lista.

A los seis meses de llegar, Hernández y su sucesora -Ethel Vázquez, la que había sido su mano derecha en la Xunta- anuncian la construcción de 36 pisos protegidos... en Lamas de Abade, un barrio situado a 5 kilómetros del centro. Con la crisis inmobiliaria dando ya sus últimos coletazos, la parcela de Xoán XXIII se erigía como una valiosa moneda de cambio.

En aquel momento, con casi 600 personas esperando un alquiler social, el ayuntamiento decidió actuar contra la “paralización” del proyecto original en una parcela “que lleva décadas vacía”. Para “desbloquearla”, propuso permutarla “por las que el IGVS ya tiene en propiedad en Lamas de Abade a través de un concurso público”.

El negocio era redondo: el adjudicatario recibiría un solar de 1.600 m2 para levantar vivienda libre en el entorno de la Catedral. A cambio, como “contraprestación”, tendría que construir los dos edificios –de 12 y 24 viviendas– para uso social. Le daban un plazo de 30 meses y tendrían que estar finalizados antes de empezar cualquier actuación en Xoán XXIII. 

El coste de aquella obra estaba estimada en unos 8 millones de euros -la Xunta habla hoy de seis para los alojamientos compartidos-. Entonces, sólo el precio de la parcela -“el mejor solar de Compostela”, como se consideraba- ya rondaba los tres millones. Planeaba la sombra del pelotazo. Pero faltaba un paso: modificar un plan urbanístico que sólo permitía levantar allí pisos protegidos. Y ya no hubo tiempo.

En 2015, Compostela Aberta -una de las mareas municipalistas- se hacía con el bastón de mando de la ciudad. El alcalde Martiño Noriega puso al frente de Urbanismo a otro arquitecto, Jorge Duarte, el mismo que había liderado la oposición a la permuta. La Xunta insistió pero el ayuntamiento no dio su brazo a torcer.

Uno de los principales argumentos del ejecutivo autonómico, leído hoy tras el enésimo giro de guión, resulta especialmente revelador: la permuta era necesaria porque en Xoán XXIII sólo se podrían construir “pequeños apartamentos” y no los “pisos amplios” que las familias demandaban. Curiosamente, aquellos apartamentos, tan diminutos, doblaban en superficie a los futuros alojamientos compartidos.