La Xunta defiende que el acceso a la vivienda se garantice con ayudas pese a que en 2020 dejó sin gastar dos tercios de los fondos para este fin

La Xunta no se va a descolgar de la línea general del PP de oponerse al anteproyecto de ley de vivienda presentado por el Gobierno central y ha confirmado que no va a aplicar limitaciones a los alquileres. El Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo dice no compartir esta vía para favorecer el acceso a una casa y defiende que lo que funciona es conceder ayudas públicas. El año pasado, sin embargo, se quedaron sin destino dos de cada tres euros que los presupuestos gallegos habían reservado precisamente para políticas en favor del acceso a la vivienda.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ha adelantado que va a presentar alegaciones al texto, ahora que el Gobierno gallego ha podido hacer “una primera valoración”. Pero la oposición de la Xunta es previa a la presentación de la propuesta concreta y va en la línea marcada por el PP. A principios de mes, antes de que el Consejo de Ministros diese luz verde al anteproyecto, Feijóo calificó la futura norma de “atropello”, aunque a renglón seguido admitió desconocer el contenido más allá de las líneas generales publicadas por la prensa.

La norma no tendrá que aplicarse directamente en las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia de vivienda, lo que abre la puerta a que se rebelen y rechacen implantar las medidas previstas. La Xunta insiste en que no tiene “previsto” fijar topes en los alquileres con el argumento de estas medidas “desincentivan la puesta en el mercado de viviendas” para arrendar. Su apuesta, añade, es por “medidas incentivadoras”, que en este caso concreta únicamente en la concesión de ayudas.

“Defendemos que el acceso a la vivienda y la permanencia se garanticen con ayudas”, expone la Consellería. En los presupuestos para 2022, que están en tramitación en el Parlamento de Galicia, se reservan 130 millones de euros para acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación.

El año 2020, el último ejercicio con la ejecución presupuestaria cerrada, terminó sin que se consumiesen dos tercios de los fondos que se habían apartado para políticas de acceso a la vivienda. De 27,5 millones de euros, se les dio uso a 10. Es decir, el 64% se quedaron sin destino. En cuanto a la rehabilitación, la ejecución fue mayor, pero uno de cada tres euros se quedó también sin usar.

La Xunta ha utilizado el anteproyecto de ley para volver a criticar al Gobierno central. Le afea que el texto iniciase su tramitación “sin antes consultar las medidas a impulsar con las comunidades” y reprocha que los cambios minan la seguridad jurídica que “necesita” el mercado inmobiliario.