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España, último país en cuestionar la venta de armas a Arabia Saudí: “El mundo mira al Gobierno y este solo mira a Cádiz”

Soldados del ejército del gobierno yemení, apoyados por la coalición liderada por Arabia Saudita, en Yemen.

Javier Biosca Azcoiti / Cristina Armunia Berges

La ONU ha pedido recientemente a todos los países “abstenerse de proporcionar armas que puedan ser utilizadas en el conflicto en Yemen”. Además, el Parlamento Europeo ha hecho ya tres llamamientos para que la UE imponga un embargo de armas vinculante sobre Arabia Saudí. Sin embargo, solo unos pocos países han tomado medidas contra la coalición liderada por la poderosa monarquía, “principal causa directa de la muerte de civiles y destrucción de infraestructura civil en el conflicto”, en palabras de la ONU.

Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia y Canadá han tomado algún tipo de medida restrictiva sobre la exportación de armas que se puedan utilizar en el conflicto en Yemen, aunque en la mayoría de los casos no son suspensiones totales de ventas. España ha sido el último en sumarse a la lista.

Según apunta la ONU, el caso de Yemen es la mayor catástrofe humanitaria actual. En el país, han muerto 6.475 civiles –“aunque es probable que la cifra real sea notablemente más elevada”–, más de 50.000 personas han resultado heridas y hay tres millones de desplazados internos. De una población de casi 30 millones de personas, en abril de 2018 más de 22 millones necesitaban ayuda humanitaria.

Una tendencia internacional en aumento

Holanda fue el primer país en hacer caso a la petición del Parlamento Europeo. En marzo de 2016 el Parlamento holandés votó a favor de prohibir la exportación de armas a Arabia Saudí. Grecia también se vio obligado a cancelar una venta de misiles a Arabia Saudí tras una votación del Parlamento.

Alberto Estévez, coordinador de la campaña Armas Bajo Control, impulsada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón, lamenta que los países comunitarios no cumplan la posición común. “Cada uno aplica el criterio que le da la gana”, señala. “En 2013, la UE aprobó directrices para no enviar material policial a Egipto en el contexto de una gran represión. Ese es el mecanismo que se debería seguir en este caso”, añade.

Alemania puso el tema sobre la mesa durante las negociaciones para formar Gobierno, que acabó en un acuerdo de no seguir exportando armas que se puedan utilizar en el conflicto de Yemen. En Bélgica, Flandes suspendió las exportaciones a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) –socio clave en las operaciones en Yemen– y Valonia (otra región belga) hizo lo propio en enero con la monarquía del Golfo al menos con aquel material militar destinado a utilizarse fuera del país.

También en enero, tras llevar a cabo una “evaluación completa de la situación en Yemen”, Noruega decidió extender a EAU la ya suspendida venta de armamento a Arabia Saudí y Canadá anunció que pulsaría “el botón pausa” en la aprobación de permisos para la exportación. Sin embargo, en 2014 Canadá firmó su mayor contrato militar de la historia por valor de unos 15.000 millones de dólares. Dicha venta se paralizó temporalmente en 2015 ante informaciones de represión contra manifestantes, aunque se reanudó poco más tarde. Ese mismo año, Suecia también suspendió temporalmente las exportaciones, aunque posteriormente se reanudaron con un criterio más restrictivo. En febrero de este año, Finlandia se comprometió a paralizar las ventas a EAU.

A pesar de la lista de países que han tomado medidas respecto a la exportación de armamento, Arabia Saudí no ha anunciado públicamente represalias contra ellos y, sin embargo, en España existe el miedo de que los saudíes decidan cancelar un acuerdo para la venta de corbetas que se están fabricando en los astilleros de Cádiz. De hecho, el Gobierno ha dado un pequeño paso atrás en el anuncio de la suspensión de la venta de 400 bombas de precisión y afirma que la decisión todavía se está estudiando.

“La medida de España tiene unas repercusiones muy importantes a nivel internacional. El mundo está mirando en estos momentos a la decisión del Gobierno español y parece que el Gobierno español solo mira a Cádiz”, denuncia Estévez.

Reino Unido, ¿cómplice o partícipe?

La misma polémica que este verano se ha producido en España lleva coleando más de tres años en Reino Unido. En el año 2016, Reino Unido reconoció que Arabia Saudí había utilizado bombas de racimo 'made in UK' en Yemen. Un año después, en 2017, también se supo que el Gobierno británico ignoró las advertencias internas sobre el riesgo en la venta de armamento al país del Golfo. En ese mismo año, una sentencia judicial sobre la venta de armas británicas a Arabia Saudí hizo posible que el Ejecutivo de May siguiera autorizando el suministro de armas, aunque este fallo será revisado en abril.

“El Tribunal Superior de Londres revisará el recurso que falló a favor de la exportación de armas. Esta decisión judicial no entra en el fondo del asunto, que es el riesgo de que las armas se utilicen para violar el derecho humanitario, sino que valora solo la decisión del Gobierno británico”, apunta Estévez.

Según la ley de exportación británica de armamento, la venta de armas o de munición a un Estado que esté en “riesgo manifiesto” de cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario es ilegal. En el año 2015, por ejemplo, el 30% de las armas que exportó Reino Unido fueron a parar a Arabia Saudí.

El Partido Laborista ha hecho peticiones para que se produzcan embargos de armas a su aliado saudí. Cuando esto sucedió, el entonces ministro de Exteriores Boris Johnson negó que existieran pruebas concluyentes que relacionasen al armamento británico con ataques contra civiles.

El Parlamento británico convocó este miércoles a petición de parlamentarios de la oposición una sesión de emergencia para discutir la situación en Yemen. El secretario de Estado, Alistair Burt, siguió la línea de Johnson afirmando que “no existen motivos para no apoyar a un aliado que está siendo atacado con misiles”

Esto choca frontalmente con las investigaciones de Human Right Watch y Amnistía Internacional, que registraron la presencia de bombas racimo sin explotar y fabricadas en Reino Unido en aldeas del norte del país. Estas bombas, además, son ilegales.

EEUU, principal socio exportador

Estados Unidos es el principal exportador de armas a Arabia Saudí, pero también existe un debate político sobre este asunto. Entre 2015 y 2017 sus ventas alcanzaron un valor de 6.980 millones de dólares, lo que representa el 66,8% del total de armas exportadas a Arabia Saudí, según datos de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Tras el bombardeo de un funeral en octubre de 2016 que mató a 155 personas, Barack Obama frenó la venta de munición de precisión a Arabia Saudí, similar a la que ahora está en cuestión en España. Sin embargo, en marzo de 2017 el Gobierno de Trump volvió a recuperar la venta. La bomba que el mes pasado cayó sobre un autobús escolar matando a 40 menores fue suministrada por Estados Unidos.

Poco después de llegar a la Casa Blanca, Trump anunció un acuerdo de venta de armas a Arabia Saudí por valor de 110.000 millones de euros. Meses después, en junio de 2017, el Senado estuvo a punto de tumbar parte de ese acuerdo (510 millones de dólares en munición de precisión) con un voto de 47 a 53. “Al margen del número de votos, ya sean 48, 51 o 45, este es un mensaje importante a los saudíes de que todos les estamos observando”, señaló uno de los senadores que lideró la campaña para frenar dicha venta.

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