La apertura de Cuba

Las cosas podrían estar cambiando en Cuba, o al menos así lo cree el arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega, uno de los gestores de la liberación de varios presos políticos cubanos. Recientemente Ortega ha asegurado que el gobierno de Raúl Castro “desea” una “apertura” con Estados Unidos, según declaraciones citadas por el diario The Washington Post.

Castro “desea una apertura con el gobierno estadounidense”,

afirmó Ortega en una entrevista con Jackson Diehl, columnista del rotativo de Washington, durante la visita que realizó la semana pasada el cardenal a Estados Unidos.

“Él [Castro] me ha repetido en muchas ocasiones que ya está preparado para hablar con el gobierno de Estados Unidos directamente acerca de cualquier asunto”, señaló el cardenal, que ha servido de mediador entre el régimen castrista y la disidencia en la isla.

Lo que no se sabe es si en esas conversaciones se abordarían las reformas democráticas que ha demandado el gobierno de Barack Obama desde que asumió el poder en enero de 2009. “Todo debe ser paso a paso. No es realista comenzar desde el final. Esto es un proceso. Lo más importante es dar pasos en este proceso”, acotó el arzobispo de La Habana.

Ortega estuvo la semana pasada en Washington para recoger un premio de la organización católica Orden de los Caballeros de Colón. Durante su visita, la segunda en dos meses, se reunió con altos miembros de la Administración Obama y del Congreso, a quienes les trasladó las intenciones de Castro de iniciar un diálogo con la Casa Blanca, según The Washington Post.

Demandas en España

Mientras esto ocurre, al otro lado del Atlántico, en España, cuatro excarcelados cubanos pedirán este martes amparo al Defensor del Pueblo para que el gobierno español les reconozca como asilados políticos y no les presione para que acepten trasladarse desde la capital a otros puntos del territorio nacional.

Los periodistas Julio César Gálvez, Ricardo González, Normando Hernández y Mijail Bárzaga presentarán un escrito en esta institución en el que pedirán al Defensor que “inste” al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a que les “reconozca el estatuto de asilo político”, ha explicado a Europa Press su abogado, Fernando Vizcaíno.

Aunque la concesión del asilo la decide una comisión tripartita formada por representantes de Exteriores, Interior y Justicia, el escrito se refiere al departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos por ser él quien ha traído a España a una veintena de ex presos políticos, explica Vizcaíno.

Los disidentes liberados pedirán también al Defensor del Pueblo que pida a las autoridades españolas que “no presionen a los excarcelados” para que acepten ser trasladados desde Madrid a centros de acogida en otros puntos de la geografía española.

Según Vizcaíno, representantes de Exteriores les han dicho que debían acceder a abandonar el hotel de Vallecas en el que permanecen alojados provisionalmente desde su llegada a Madrid para que puedan llegar más compañeros que va a liberar el régimen de Raúl Castro.

Estos cuatro excarcelados solicitarán al Defensor que pregunte al Ejecutivo español si ha llegado a “algún pacto” con el gobierno cubano “que le impida reconocerles el estatuto de asilados políticos”.

Por su parte, el gobierno español ha recomendado a los excarcelados que en lugar del asilo político se acojan a la protección subsidiaria con el argumento de que esta opción no les cierra la puerta, como el asilo, a regresar algún día a la isla, previa autorización de las autoridades de la isla.

Según fuentes de Exteriores, la protección subsidiaria “regulariza plenamente su situación en España” al otorgarles permiso de trabajo y de residencia. Este régimen jurídico es el que se les está aplicando “de facto” a los 19 excarcelados liberados en julio por el régimen cubano que permanecen en España y que les ha permitido recibir desde el primer día las ayudas que perciben para su alojamiento y manutención.

Vizcaíno ha advertido de que si España les deniega la condición de asilo político, de aquí a seis meses acudirán “al ámbito judicial” para exigir esta condición.

Antes de llegar a ese punto van a intentar otras vías, como recurrir al amparo del Defensor del Pueblo o al Alto Comisionado de Ayuda al Refugiado (ACNUR), que depende de la ONU.