Almeida pagó 460.000 euros más a la empresa donde trabaja el hermano de su edil por ignorar los avisos de Metro

Los trabajos contratados por el Ayuntamiento de Madrid para proyectar el soterramiento de la A-5 a su llegada a la capital se extendieron casi dos años en lugar de los 9 meses inicialmente previstos y tuvieron un sobrecoste de 461.471,55 euros sobre la adjudicación inicial de 3.077.246,29 euros. Los motivos que obligaron a la ampliación forman parte del expediente de la adjudicación que el consistorio mantiene secreto, aunque Somos Madrid ha tenido acceso a las razones por las que el gobierno de Almeida pagó un 15% más de lo inicialmente previsto a las adjudicatarias de Esteyco y Subterra, en la que trabaja el hermano del delegado de Movilidad, Borja Carabante.

Este sobrecoste fue la razón por la que el Ayuntamiento de Madrid declaró como “inviable” el proyecto de soterramiento en septiembre del año pasado. La decisión que tomó el área de Movilidad –adelantada por este periódico– sorprendió a partidos políticos y vecinos de la zona de Latina. Todos pensaban que los trabajos estaban ya terminados en esa fecha, después de haber pasado sobradamente el plazo inicial de nueve meses que el consistorio había concedido para los trabajos a las contratas Esteyco-Subterra y haber sido revisado por el área de Obras y Equipamientos. Pero el alcalde puso como excusa el relanzamiento de la Operación Campamento para explicar los retrasos. Aunque había más.

En la memoria justificativa para conseguir el aumento presupuestario, el área de Movilidad alegaba el 1 de septiembre de 2022 “dificultades para salvar con el soterramiento la línea 5 de Metro” y explicaba que “como consecuencia de las consultas realizadas durante la supervisión del proyecto, los gestores del Metro han puesto de manifiesto las dificultades que requiere el paso de la A-5 bajo esta estructura”, explica el texto firmado por la directora general de Infraestructuras y Planificación, Lola Ortiz. El alto cargo municipal aseguró entonces que “las características resistentes, de diseño y geotécnicas” se habían estudiado durante la redacción del proyecto y se había revelado “que este paso implica un impacto relevante en el servicio de la línea, así como en el plazo de ejecución y en el presupuesto”.

Lola Ortiz se refería a las circunstancias recogidas en un informe de Metro de Madrid enviado al Ayuntamiento en febrero de 2022, durante la fase de revisión del proyecto que llevó a cabo el área de Obras. En él la empresa regional echaba en cara al consistorio que en el proyecto de soterramiento “no se ha dado respuesta a los requerimientos del escrito de fecha 20 de octubre de 2020”, que fueron remitidos al departamento dirigido por la propia Ortiz y que se omitieron, provocando que el proyecto terminara resultando “inviable”, según el escrito de Metro al que ha tenido acceso este periódico.

La compañía del suburbano también se quejaba de que la documentación estructural aportada por el Ayuntamiento de Madrid “no representa con suficiente detalle la actuación prevista” y faltaba documentación técnica en lo relativo a las infraestructuras ferroviarias a las que iba a afectar.

En consecuencia, Metro de Madrid advertía al consistorio que a través de su escrito “no se da conformidad a la documentación del proyecto de Ejecución del Paseo Verde del Suroeste - Soterramiento de la A-5-Paseo de Extremadura” en cuanto a las infraestructuras ferrocarriles que le afectan “por lo que se deberá atender a las consideraciones recogidas en este escrito al objeto de representar con suficiente detalle la actuación prevista”.

Además del presupuesto, también cambiaron los plazos para que Esteyco-Subterra desarrollaran sus trabajos. El primer contrato firmado por el Ayuntamiento de Madrid empezó a contar en diciembre de 2020 y el proyecto debía estar acabado en verano de 2021. Pero el mes de agosto de ese año la adjudicataria pidió dos meses más debido a algunos inconvenientes técnicos sobrevenidos no imputables a las empresas. El Ayuntamiento concedió la extensión hasta el mes de octubre de 2021.

El área de Movilidad no mostró nada sobre el proyecto hasta febrero de 2022, en un acto público celebrado en la Junta de Latina con el delegado, Borja Carabante, y su directora de Infraestructuras, Lola Ortiz. Aseguraban que el proyecto estaba terminado pero solo enseñaron dos diapositivas y pusieron excusas varias para enviar el contenido de los trabajos, pese a que las asociaciones vecinales lo reclamaban con insistencia y el concejal de Latina, Alberto Serrano, se había comprometido a ello. En ese momento todavía quedaba la ampliación de presupuesto y tres meses más de trabajos hasta que en noviembre de 2022 la firma del delegado de Movilidad aprobaba definitivamente el proyecto técnico de construcción denominado Ejecución del Paseo Verde del Suroeste.

El periódico Somos Madrid, edición local asociada a elDiario.es, ha publicado hasta el momento los detalles de dos contratos en los que la empresa en la que trabaja el hermano de Borja Carabante resultó beneficiada. El primero por valor de más de tres millones para el proyecto de soterramiento de la A-5 a su entrada a Madrid y el segundo, para la supervisión de proyectos en Calle 30.

Una concejala del Ayuntamiento ya ha presentado denuncia por estas adjudicaciones, aunque no será la última. Se trata de Marta Higueras, edil del Grupo Mixto, quien ha elevado a la Fiscalía contra la Corrupción una demanda acusando a Almeida y Carabante de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Almeida le respondió en el pleno de este martes: “Me ha incluido en una denuncia sin haber tenido participación en este contrato. No voy a permitir que se arrastre el nombre de nadie”. El alcalde también la amenazó con posibles demandas.

Recupera Madrid estudia, por su parte, posibles acciones legales después de cotejar las facturas “una a una” y Más Madrid habla de un “posible caso de corrupción”, a la vez que reclama una investigación sobre las dos adjudicaciones, algo a lo que de momento el Ayuntamiento se niega, ya que considera que no existen “irregularidades”. Al menos otro grupo político presentará este jueves una nueva denuncia ante Anticorrupción por este caso, según fuentes consultadas por Somos Madrid.