La crisis de vivienda reabre la herida de los 1.860 pisos protegidos que Ana Botella vendió al fondo buitre Blackstone

Una operación caracterizada por “su transparencia y concurrencia competitiva”. Así describía el Ayuntamiento de Ana Botella la venta de 1.860 viviendas de alquiler social de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) al fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros. Una maniobra acometida en 2013 que, bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, terminó con 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Residencia. Esto es, en manos de filiales del fondo buitre Blackstone.

La decisión vuelve a la palestra en un contexto de crisis de la vivienda que ha derivado ya en estallido social. En el sorteo celebrado el pasado viernes 28 de 400 viviendas asequibles de la EMVS (menos de una cuarta parte de las enajenadas por Botella), la actual vicealcaldesa Inmaculada Sanz prefirió no dar su opinión sobre aquella controvertida venta de pisos de alquiler social al ser consultada por este diario. No se atrevió a catalogarla como un error y en lugar de ello optó por destacar las que a su juicio son las líneas maestras de la política de vivienda de José Luis Martínez-Almeida.

“Nosotros estamos en ser la promotora pública y la empresa que más vivienda construye en España. Cuando llegamos había menos vivienda, tenemos ya más de 8.000 y queremos llegar a 15.000. La política de este equipo de Gobierno es muy clara, aunque necesitamos también incrementar la oferta en la ciudad de Madrid así que vamos a seguir trabajando en la colaboración público-privada”, expuso la vicealcaldesa en respuesta a una pregunta de Somos Madrid.

“De aquellos polvos, estos lodos”, opina por su parte Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE). Da esa respuesta a las preguntas de este periódico sobre la relación de la actual crisis de vivienda con la venta a Blackstone de su vivienda y la de otras 1.859 familias. “En aquella época ya había una crisis de vivienda con continuos desahucios, era absurdo que al Ayuntamiento se le ocurriera desprenderse del poco patrimonio habitacional del que disponía [en concreto de un tercio del total]. Y más aún a precio irrisorio”, añade.

Once años después, aunque continúa viviendo en su mismo domicilio, la herida de aquella maniobra no ha terminado de suturar. Los padres de Mejías pagaban unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en torno a 2004. Ahora abonan alrededor de 1.100.

Pero lo peor, dice, fue la opacidad y la incertidumbre que despertó el proceso: “Nos enteramos de todo cuando una vecina recibió la notificación de desahucio. El Ayuntamiento nos dejó vendidos y desamparados. Fue impactante y devastador”. Su familia presentó una querella por coacciones después de que Fidere se negase a renovar el contrato. Una vez admitida a trámite, lograron una negociación que les permitió “disfrutar del derecho a optar por esta vivienda como cualquier vecino, sin ser discriminados por haber luchado por nuestra casa”.

La venta a Blackstone fue también la primera toma de contacto para muchos ciudadanos con el concepto de “fondo buitre”, cada vez más presente en el debate público mientras crecía su proliferación y su control de propiedades en las grandes ciudades: “Es muy peligroso, y todavía más que no haya un control efectivo de las administraciones. También lo es que las viviendas de alquiler se conviertan en el monopolio de unos pocos tenedores de gran tamaño, algo que acabará siendo un problema hasta para los pequeños caseros. Por no hablar de que la reconversión de las casas compradas en alquileres turísticos hace que se pierda el encanto de los barrios y genera una convivencia vecinal espantosa. Y no solo en el centro”.

Una operación “lesiva” que “ignoró las normas de contratación”

En la venta de las miles de viviendas públicas, el Gobierno de Botella “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

La Cámara concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto.

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. Mejías asegura que “lamentablemente todas estas absoluciones fueron previsibles y esperables porque hay familias y apellidos muy difíciles de tocar”.

La absolución del Tribunal de Cuentas, por dos votos contra uno, la firmaron la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el organismo en su primera sentencia condenatoria: la operación de venta fue “lesiva” para el patrimonio municipal y no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad” en el procedimiento.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, la empresa municipal del Ayuntamiento obvió fijar el preceptivo pliego de condiciones. Con ello, se saltaba “no solo las normas internas de contratación sino también la Ley de Contratos del Sector Público”, así como los informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación. El resultado fue que “ignoró su obligación de establecer una tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar”. Así, para la Cámara de Cuentas la EMVS “no solo ignoró las normas de contratación”, sino también “los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos”.

La letra pequeña de aquel escrito evidenciaba además cómo el Ejecutivo municipal se fue plegando a las exigencias de Blackstone. El fondo rebajó en dos millones de euros su oferta ya “definitiva y vinculante” aduciendo que había más vecinos que no pagaban la renta de los anunciados, una suposición que EMVS aceptó “sin la menor prueba”.

Además de los afectados directos, hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad

Arantxa Mejías — Presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS

El Consistorio tampoco actuó cuando el fondo no materializó los 2,3 millones de euros en la rehabilitación y mejora de las casas que detallaba en su oferta de compra. La Cámara de Cuentas resaltó que se quedó en “una mera intención, no un compromiso real”. No en vano, la empresa asegura haber invertido 2,1 millones, pero “sin que se acredite documentalmente dicho extremo dado que la mayoría de facturas aportadas no pueden considerarse inversión sino simple mantenimiento”. Fidere apuntó incluso que esta aportación “no es parte del contenido obligacional de la transacción”.

Arantxa Mejías cuenta que ya en aquel momento entendían que ellos eran los afectados directos, pero que la decisión de Botella dejaría “miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”. Cree que “es muy peligroso que en pleno siglo XXI no podamos acceder a una vivienda digna y asequible, que nos dejemos tanto de lo que ganamos en un techo”.

Una vivienda y una vida digna que para ella no se limita al cobijo de un techo y cuatro paredes, sino que incluye “disponer de un cierto número de metros cuadrados en los que poder tener una familia o vivir sola con unas condiciones plenas”. Y añade: “Nos están vapuleando este derecho y nos hacen sentir que satisfacerlo a un precio razonable, pagando nuestros alquileres y suministros, es exigir una vida por encima de nuestras posibilidades”