El dilema que Almeida ha de resolver en cinco días: recurrir o no la sentencia que tumba las cocinas fantasma de Arganzuela

El primer recurso judicial contra la instalación de unas cocinas fantasma en Madrid acabó este miércoles con victoria vecinal en los tribunales. Un juzgado de lo contencioso-administrativo ha sentenciado que la licencia de funcionamiento para los fuegos industriales situados en la calle Alejandro Ferrant, junto a un colegio público, es ilegal por no haber contado con un informe de impacto ambiental.

El Ayuntamiento de Madrid está todavía digiriendo este golpe judicial, después de haber defendido durante meses desde el área de Desarrollo Urbano que la actividad concedida estaba en regla. “Estamos estudiando la sentencia”, afirmó en rueda de prensa este jueves el delegado del área, Mariano Fuentes, que no quiso adelantar si el consistorio va a acatar el contenido del fallo judicial o recurrirá ante el TSJM.

El equipo de Almeida solo cuenta con cinco días para recurrir. Son los que quedan hasta el 20 de junio, fecha en la que -según el propio Fuentes- deberían presentar el recurso, en el caso de que decidan hacerlo. “Tenemos que entender bien cuáles son las repercusiones de la sentencia”, ha detallado Fuentes, quien ha defendido su actuación en el caso: “Por parte del Ayuntamiento se han contado con todos los informes favorables”, aunque están revisando “si esta licencia tenía que contar con el informe de evaluación ambiental al que se refiere la sentencia”.

Los servicios jurídicos del área de Actividades y de Desarrollo Urbano están analizando también la posible repercusión de esta sentencia sobre el resto de licencias concedidas por el Ayuntamiento de Madrid para cocinas fantasma en zonas residenciales, puesto que el fallo de los tribunales podría afectar a otros lugares muy polémicos como los de la calle José Calvo (Tetuán), donde se registró un incendio la semana pasada, o las del barrio de Canillas.

Mariano Fuentes añadió que los vecinos “tienen que entender que una licencia urbanística es un acto reglado”, antes de recordar que “en base a lo que nos digan los servicios jurídicos se decidirá cuál es la mejor opción, si recurrir o no recurrir”.

#AlmeidaNoRecurras

Mientras el Ayuntamiento estudia cuáles serán sus siguientes pasos, los vecinos afectados por las cocinas fantasma en diferentes distritos de Madrid han solicitado al consistorio que acate la sentencia, para lo que han iniciado una campaña en redes bajo el lema #AlmeidaNoRecurras.

Algunos partidos de la oposición también han pedido al Gobierno de PP y Cs que no recurra la decisión judicial. Es el caso de Más Madrid, que considera la sentencia “un enorme varapalo judicial” para Almeida, “que regularizó la situación de estas doce cocinas industriales en Arganzuela justo antes de empezar la moratoria” vigente desde agosto, afirma su portavoz, Rita Maestre. La edil ha dado además la enhorabuena a “las familias que llevan más de un año peleando por una cuestión que debería ser de sentido común, que sus hijos estudien en un colegio, que jueguen en un patio que no esté rodeado de humos, con motos y bicis en la salida en unas condiciones muy peligrosas”.

Más Madrid ha anunciado que elevará una proposición al Pleno de este mes para que el Ayuntamiento lleve a cabo modificaciones en la reciente aprobación inicial de las normas urbanísticas, de modo que “se limite aún más el texto aprobado”. Esto supondría que no haya más de cuatro cocinas en este tipo de establecimientos y que los 350 m2 que tienen de limitación de superficie incluya también la zona de carga y descarga. Más Madrid también va a pedir la revisión de oficio de todas las licencias y declaraciones responsables que se han dado hasta este momento, informa Europa Press.

El Grupo Municipal Socialista también hará una propuesta en el Pleno en el mismo sentido: “Nos unimos a la campaña de los padres del colegio para pedir que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no recurra porque incumplen sus propias normas urbanísticas”, afirma el concejal Pedro Barrero. “No se puede seguir implantando una actividad económica que genera molestias, olores, impacto en la movilidad, en residuos y en contaminación acústica y atmosférica”, alega.