Los vecinos de Luna 32 dormirán hoy bajo techo

Hasta las 9:30 horas de este martes tenían de tiempo los 250 habitantes de Luna 32 para irse de sus viviendas, según les había comunicado el ayuntamiento de Madrid, pero una hora antes ya había policía en el edificio llamando puerta por puerta para notificar a los vecinos que, al no haberse marchado voluntariamente, se iniciaba el procedimiento judicial para su desahucio.

No hubo sorpresas. Los habitantes del antiguo palacio de la Infanta Carlota habían anunciado que no se irían por las buenas del edificio sin que antes se les proporcionara una alternativa habitacional y los funcionarios públicos hicieron su trabajo: constatar que esto era así y advertir a los vecinos de lo que venía a partir de ahora.

Luna 32 es un edificio de titularidad municipal que el Ayuntamiento de Madrid está tratando de recuperar. Sus habitantes llevan años viviendo en él sin un título legal que les habilite para hacerlo. Para el gobierno local son okupas.

Esta mañana el interior del edificio estaba lleno de prensa, mientras que fuera, poco a poco, se iban reuniendo vecinos del barrio de Universidad solidarios con la situación por la que atraviesan quienes viven en Luna 32 y activistas antidesahucios.

Julia, la inquilina más antigua del inmueble, donde reside desde hace 70 años, era la persona más requerida por las múltiples cámaras de televisión que se dieron cita para cubrir la noticia. Ante los periodistas repetía una y mil veces que es la hija de la portera, que nació en el edificio, que tuvo su contrato legal de alquiler -que nadie le ha rescindido- y que fue cuando el ayuntamiento expropió el edificio cuando ya no supo dónde seguir pagando la renta. También repetía que lo que ahora le han ofrecido los servicios sociales municipales es que se marche a una residencia de ancianos, o bien a una habitación compartida en Legazpi. Ella aspira, como casi todos sus vecinos, a un alquiler social.

Jordi Gordon, de la plataforma vecinal SOS Malasaña y de la asociación ACIBU, también era de los más requeridos por los periodistas. Junto al abogado Raúl Maíllo ha estado asesorando a los vecinos de Luna 32 sobre qué hacer. Ambos sostenían que el desalojo de hoy era inviable y que el Ayuntamiento necesitaba una orden judicial para ejecutarlo.

Dos mujeres sudamericanas, que llevan viviendo en Luna 32 desde hace 15 y seis años, respectivamente, y que prefieren no indicar su nombre, cuentan que hoy sus hijos no han ido al colegio: “No podíamos llevarlos a la escuela sin saber si a la vuelta iban a poder volver a su habitación y encontrar sus cosas en casa. Pedimos al ayuntamiento que nos dé alguna solución”.

Su vecino Alberto, 11 años en el edificio, desea lo mismo: una alternativa habitacional. Vive con su familia en la última planta del inmueble y afirma que lo que servicios sociales le ha propuesto es que se mude a un albergue, el cual le pagaría el consistorio durante tres meses. “¿Y después qué?”.

Pasado este día, el cual tenían marcado en rojo en su calendario vital, las 250 personas que viven en Luna 32, entre las que hay 40 niños, saben que de momento seguirán teniendo un techo bajo el que cobijarse, pero la incertidumbre que a muchos de ellos, por lo que dicen, hace tiempo que no les deja dormir, no ha desaparecido y mucho menos ahora que saben que la verdadera cuenta atrás para su desahucio se ha activado.