Vecinos de Malasaña presentan denuncia contra el intento municipal de entrar en la Casa del Cura y responsabilizan a Fernández

La Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro ha presentado una denuncia en comisaría contra la actuación ordenada por el Ayuntamiento de Madrid de cambiar la cerradura del edificio municipal conocido como la Casa del Cura y cuya cesión ostenta. Esa acción, llevada a cabo el jueves 30 de julio por cerrajeros enviados por la Junta de Centro, acompañados por dos policías municipales de paisano, constituiría, según los denunciantes, un delito de coacción al haberse producido sin autorización judicial y saltándose también los procedimientos legales que hay establecidos para lanzamientos administrativos.

En la denuncia, la asociación vecinal hace constar también que policías y operarios lograron entrar en el edificio y que “lo único que podrían haber realizado es el levantamiento de un acta sobre lo observado y en ningún momento proceder al desalojo sin la tramitación, ya sea administrativa o judicial de recuperación del edificio, con todas las garantías legales. Sin embargo tanto por la Concejalía de Centro, que ordena el desalojo y retirada de enseres, así como los policías municipales que entraron en el edificio y los operarios que realizaron la acción, han intentado por la fuerza y de forma ilegal recuperar un edificio, que aún de propiedad del Ayuntamiento está cedido a la Asociación de Vecinos”.

Por último, la denuncia habla de la desaparición de “unos dos mil euros procedentes de las donaciones de los vecinos para la despensa solidaria ubicada en el edificio”, una falta que dicen haber notado “cuando la situación se calmó y tuvimos más tiempo para revisar la casa con tranquilidad”.

Contra la “beligerancia” del concejal de Centro

Contra la “beligerancia” del concejal de Centro

En un comunicado posterior, la Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro responsabiliza al concejal de Centro, José Fernández, de todo lo sucedido, acusándolo de haberse “servido de las fuerzas del orden municipales para tratar de acometer una actuación para la que no contaba con respaldo legal alguno” y de “obligar a dos agentes de la policía municipal a asaltar la sede de la asociación”.

Estos vecinos aseguran que “la actitud beligerante, de falta de respeto y de acoso y derribo del concejal presidente del distrito centro hacia los vecinos y vecinas del barrio de Universidad, a los que parece considerar sus enemigos, es algo absolutamente inaceptable”. Para ellos, este último episodio denunciado es otra de las “argucias y decisiones políticas” que ha ido tomando Fernández desde su llegada al cargo “para despojar de espacios públicos al vecindario” y cuyo primer episodio fue el cambio de destino del edificio del número 68 de la calle de San Bernardo, donde se estaba habilitando un nuevo centro cultural para la zona y en el que ahora se instalarán oficinas para funcionarios. Fernández calificó por aquel entonces a las asociaciones vecinales de “instituciones populares de resistencia” y, según éstas, “no ha perdido ninguna oportunidad para bloquear e impedir nuestras actividades”.

En este contexto pero, sobre todo, a raíz del episodio de “asalto” a la Casa del Cura, ACIBU, la asociación vecinal más veterana y representativa de la zona, ha pedido la dimisión del concejal. Por su parte, la Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro, se ha limitado a exigir “el cese de esa actitud de ataque permanente por parte de alguien que es parte de un gobierno municipal que debe gobernar para todos”.

Ante todo lo acontecido, la Junta de Centro se ha limitado a explicar, a través de unas declaraciones a la agencia de noticias Europa Press, que no cometió ninguna ilegalidad y que actuó “de oficio” en el intento fallido de recuperar la gestión de la Casa del Cura cambiando la cerradura del local. Sin embargo, distintos abogados consultados por este periódico aseguran que no existe ese actuar de oficio en el pretende escudarse para justificar su proceder. La denuncia interpuesta por los vecinos obligará al distrito a rendir cuentas en otro ámbito y será la Justicia la que otorgue y quite razones.