La acusación pedirá “prisión incondicional sin fianza” para el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel por el 'caso Desaladora'

Diez años después de que la acusación popular de Diego de Ramón hiciera una denuncia de lo que considera “el mayor caso de corrupción de la Región de Murcia” por el pago de 600 millones de las arcas públicas a empresas del grupo de ACS de Florentino Pérez por la construcción de la desaladora de Escombreras, el expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel ha declarado el viernes por la mañana en el Juzgado de Instrucción número 1 en el caso 'La Sal'.

“¿Por qué tenemos que pagar los murcianos 22 millones de euros al año por esa desaladora? Eso es gracias a la gestión de Valcárcel”, señaló De Ramón, quien el lunes 22 de junio pedirá “prisión incondicional sin fianza” como medida cautelar. “Sobre todo me baso en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la manipulación del Gobierno regional que presidía Valcárcel por el pago al grupo ACS Cobra”, añadió el abogado.

Valcárcel, quien estuvo 19 años al frente del Gobierno regional, ha reconocido que ordenó la construcción de la desaladora de Escombreras, pero se desentendió de todo lo relacionado con su tramitación. “Valcárcel ha dicho que no sabía nada, que no le informaron de lo sucedido ni los servicios jurídicos ni el interventor de la Comunidad, pero ¿cómo lo pude denunciar yo como ciudadano hace diez años con el informe del Tribunal de Cuentas de 2009 y 2010 y no se había enterado nadie más?”, dijo el abogado que ejerce la acusación popular a la salida de los juzgados.

“He toreado en plazas peores”, fue el escueto comentario que hizo el también exvicepresidente del Parlamento Europeo a la salida de la Ciudad de la Justicia de Murcia después de cuatro horas de interrogatorio ante la jueza. “Espero haber demostrado mi inocencia”, dijo Válcarcel, quien llegó al juzgado poco antes de las 9.30h de la mañana, cuando había sido citado como investigado del citado caso.

Consejo de administración de la EPA en el Palacio de San Esteban

“Varcálcel ha dicho que nunca participó en ningún consejo de administración del Ente Público del Agua (EPA) en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, aunque haya correos que así lo muestran. Señala, en cambio, la participación de Antonio Cerdá, el antiguo consejero de Agricultura y presidente del EPA”, apuntó Diego de Ramón.

El pasado 3 de marzo el juzgado de instrucción 5 de Murcia acordó seguir con el procedimiento contra el exconsejero Cerdá, otros 16 investigados y ocho empresas por prevaricación, fraude, malversación, administración desleal y falsedad continuados con la desalinizadora de Escombreras.

Tras la publicación del informe de la UDEF, realizado de enero de 2018, la fiscal concluyó en julio de ese mismo año que las compañías privadas y el Gobierno murciano, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel, pudieron haber amañado el contrato de la desaladora de Cartagena.

En el informe realizado por la fiscal se explicaba cómo se había planificado de forma coordinada entre el EPA del Gobierno de Murcia y las sociedades mercantiles privadas investigadas (Hidromanagement S.L. y Grupo Cobra/ACS) todo un esquema de contratos y sociedades con el objetivo de construir una planta desaladora en el valle de Escombreras.

Entramado societario para evitar la Ley de Aguas

El caso investiga delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho continuado, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario en este presunto entramado para dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.

No sólo no se solicitaron dichos permisos a la CHS al haberse creado para ello la EPA, sino también se creó un entramado societario sin riesgo económico “garantizándose por 25 años sendos contratos muy lucrativos, que se hayan cumplido o no en cuanto al pago, son legalmente ejecutables”, añadía la fiscal en su informe, en referencia al contrato por el que ACS percibirá 600 millones de euros hasta 2034.

La declaración inicial de Ramón Luis Valcárcel estaba prevista para el pasado 16 de marzo, pero tuvo que ser aplazada hasta el viernes 19 de junio debido al estado de alarma. El expresidente 'popular' murciano dijo que estaba “tranquilo y contento”, pero no quiso hacerse eco de lo que había explicado ante la juez “porque no es lo normal hacerlo”.