El Ayuntamiento de Santander maniobra para tratar de evitar una nueva sanción por cesión ilegal de trabajadores

El equipo de Gobierno (PP) en el Ayuntamiento de Santander ha buscado un subterfugio para tratar de evitar ser sancionado de nuevo por cesión ilegal de trabajadores. En Junta de Gobierno Local ha aprobado ceder temporalmente a Santurban el uso de más de una veintena de espacios municipales en los cuales se desarrollarán a partir de este mes de junio algunos de los proyectos presentados a la Orden de Corporaciones Locales. De esta forma, teóricamente los trabajadores contratados estarán realizando sus tareas con recursos y en instalaciones dependientes de la empresa municipal.

Esta maniobra supone una vuelta de tuerca a la polémica suscitada a finales del año pasado por la gestión que el Ayuntamiento de la capital cántabra realiza de la Orden de Corporaciones Locales. Este programa puesto en marcha por el Gobierno de Cantabria permite a los ayuntamientos contratar durante un máximo de seis meses a personas en situación de desempleo. Para llevar a cabo estas contrataciones, el Consistorio santanderino recurre a la empresa pública Santurban, ente al que encarga realizar las entrevistas y formalizar los contratos laborales. Sin embargo, los empleados prestan servicios propios del Ayuntamiento y actúan bajo el mandato y la supervisión de trabajadores municipales.

Con ello, el Consistorio hace que a esos empleados temporales se les aplique el convenio colectivo de la empresa pública, que es inferior al de la administración pública, y así puede realizar mayor número de contrataciones aunque pagando menos a los desempleados. Es decir, utiliza Santurban como “una empresa de trabajo temporal”, lo que supone una “cesión ilegal de trabajadores”, tal y como determinó el pasado mes de abril la Dirección General de Trabajo.

El organismo dependiente del Gobierno de España ratificó la denuncia presentada por CCOO y sancionó al Ayuntamiento con 6.251 euros y a la empresa pública con otros 6.251 euros por vulnerar los derechos de los trabajadores contratados a través de la subvención autonómica. Además, aproximadamente medio centenar de empleados denunciaron los hechos en los tribunales para reclamar la diferencia salarial que, finalmente, fue asumida por la administración municipal para evitar recopilar sentencias condenatorias -tan solo un empleado se negó a pactar con el Ayuntamiento y ha decidido llegar hasta el final-.

Y no solo eso. El Consistorio desistió de ejecutar la segunda fase del programa de empleo, por lo que dejó de contratar a 131 personas que deberían haberse incorporado el pasado mes de enero. Todo ello provocó que la oposición en bloque –salvo el concejal tránsfuga de Ciudadanos, David González- exigiera en el Pleno la dimisión de la concejala de Empleo y presidenta del Consejo de Administración de Santurban, Ana González Pescador.

Pese a la sanción y las críticas de la oposición, el equipo de Gobierno volvió a presentarse a la última convocatoria de Corporaciones Locales que se abrió en marzo manteniendo el mismo sistema de contratación que ha sido declarado irregular por la Dirección General de Trabajo. A falta de unos días para que las nuevas incorporaciones se hagan efectivas, el equipo de Gobierno ha maniobrado para tratar de dar cobertura lugar a las contrataciones, cediendo a Santurban el uso de los espacios municipales donde se llevarán a cabo los distintos proyectos, así como los recursos materiales necesarios.

En concreto, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Ayuntamiento cede espacios en el CMICAD (Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo); las instalaciones del CDIS (Centro de la Documentación de la Imagen de Santander); el Centro de Iniciativas Empresariales; la Oficina de Apoyo al Consumidor y la de Planificación Estratégica, y hasta una finca rústica en Peñacastillo, en la ladera Sur de La Peña.

También presta despachos y aulas en los centros cívicos Callealtero, María Cristina, General Dávila, Cueto, La Marga, El Alisal, Ramón Rodríguez Bolado, Nueva Montaña, Camarreal, Mercedes Cacicedo, Juan Carlos Calderón, Numancia y Cazoña, en el Centro Social María Blanchard, así como ocho telecentros municipales.

La cesión es tan concreta que en cada caso determina hasta el mobiliario del que se pueda hacer uso, detallando desde el número de sillas y mesas hasta los equipos informáticos identificados, pasando por las cajoneras. Se trata de una cesión “en precario” y está motivada “por el interés público de la actividad que se va a desarrollar”, según consta en el acuerdo aprobado el 22 de mayo. El periodo de tiempo establecido abarca desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo de 2019.

“Mayores garantías jurídicas”

La concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador, ha defendido que la cesión de los espacios es un trámite que realiza el Ayuntamiento de cara a la convocatoria de este año del programa de Corporaciones Locales “con el fin de poder contratar al mayor número de desempleados posible con todas las garantías jurídico-formalistas”.

A preguntas de este diario, Pescador subraya que la relación entre Santurban y el Ayuntamiento “no es como la de dos empresas en el mercado laboral ordinario”, puesto que Santurban es una “herramienta municipal” creada para gestionar las políticas de empleo en la ciudad.

Además de este hecho, en el recurso presentado ante Trabajo, el Ayuntamiento y Santurban también hacen constar que las contrataciones de la Orden de Corporaciones Locales “no pueden ser asimilables a las de la plantilla municipal”. En este sentido, entre otras cosas señala las diferencias en los procesos de selección, “ya que los trabajadores de este programa son seleccionados por el Servicio Cántabro de Empleo precisamente por sus mayores dificultades de inserción, frente a los procesos selectivos del personal municipal, basados en principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Finalmente, Pescador recuerda que desde hace quince años la sociedad municipal viene gestionando este programa de empleo “superando siempre de manera favorable todos los controles e inspecciones del Servicio Cántabro de Empleo”.

“Si por el Gobierno regional fuese, no podríamos contratar, pero nosotros nos negamos a esa situación y haremos todo lo posible para dar una oportunidad a los parados santanderinos”, remacha la concejala defendiendo el sistema escogido por el Consistorio santanderino.