El Ararteko reprocha a Lanbide por suspender la RGI a una madre maltratada con cuatro hijos, tres con discapacidad
El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide suspendió la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a una madre víctima de maltrato y con cuatro hijos a su cargo, tres de los cuales sufren discapacidad en diferentes grados. ¿La razón? Según Lanbide, que no comunicó los ingresos esporádicos que le hizo su exmarido de la pensión de alimentos a la que le obliga la ley y, además, no hizo valer ante la ley el derecho a esa pensión de alimentos que correspondería a sus cuatro hijos. La suspensión de la ayuda dejó en una grave situación a la familia, ya que la RGI es su único ingreso. Ante esta actuación de Lanbide, el Defensor del Pueblo Vasco ha levantado la voz y ha reprochado la forma de actuar de Lanbide: “en lugar de suspender el derecho a la RGI, lo que tenía que haber hecho Lanbide es darle amparo”.
El Ararteko ha analizado todo el expediente, las razones esgrimidas por la perceptora y las de Lanbide, y ha detectado importantes fallos de descoordinación entre las instituciones que deben velar por familias en una situación de tanta vulnerabilidad como la de este caso. “Se constata la ausencia de coordinación entre diversos servicios públicos que atienden a una persona vulnerable, como es una mujer víctima de violencia de género, lo que exige una evaluación crítica de las medidas de coordinación existentes”.
Así, las medidas puestas en marcha desde el Ayuntamiento de Santurtzi (donde reside la afectada) para proteger a una mujer víctima de violencia de género pueden ser ineficaces “si otra administración interrumpe el abono de la RGI”, advierte el Ararteko. Máxime teniendo en cuenta que la afectada tiene cuatro hijos menores a su cargo, tres de ellos en situación de discapacidad y dependencia.
Servicios sociales
“Hubiera sido deseable”, añade el Ararteko, “que Lanbide antes de suspender la prestación de la RGI se hubiera puesto en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Santurtzi [donde reside la afectada] para colaborar en el proceso de inclusión, en el que la reclamante está tomando parte”. Al no haber sido así, “la actuación de una administración se ve seriamente afectada por la intervención de otra”.
Además de esa grave desconexión, el Ararteko recrimina a Lanbide su celo en exigir a la afectada la pensión de alimentos y no comunicar cuando recibió algún ingreso ocasional. “La afectada no tenía ninguna voluntad de fraude o de ocultamiento de datos respecto a sus ingresos. Los meses de ingresos de la pensión alimenticia por parte de su expareja coinciden en gran parte con los periodos en los cuales tanto ella como su hija interpusieron denuncias en comisaría porque el acoso, las amenazas y las agresiones de su exmarido y padre de sus hijos se habían agudizado, dentro del contexto de violencia que llevaba sufriendo durante años”. También coincide con el periodo en el que huyó de Madrid hacia Euskadi con sus cuatro hijos y acababa de serle reconocido su derecho a la prestación.
La afectada y sus hijos no tienen otro medio para cubrir sus necesidades que la RGI. Además, no puede incorporarse al mercado laboral debido a la exigente demanda de cuidados que necesitan la mayoría de sus hijos. “En sus condiciones y con sus necesidades, suspender un mes la prestación y solicitarle la devolución de 1.000 euros solo puede aumentar su gran indefensión y vulnerabilidad”, destaca el Ararteko en su resolución.
