El Poder Judicial refuerza con dos juezas la Audiencia de Álava por la carga de trabajo del 'caso De Miguel'
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha atendido finalmente las demandas de la Audiencia Provincial de Álava -respaldadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra- y comisionará a dos magistradas, ambas con plaza en Vitoria, para que descarguen de trabajo a los magistrados de lo penal que se dedicarán, durante todo 2017, a enjuiciar el denominado 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción de Euskadi y en el que se sientan en el banquillo desde el pasado 8 de enero 26 acusados. El CGPJ ha informado de que “la medida se acuerda por un período de seis meses”.
El tribunal del 'caso De Miguel' está presidido por Jaime Tapia y a su lado se sientan Elena Cabero y Raúl Aztiria. Las sesiones se iniciaron el 8 de enero y una vez este jueves 18 se cierre la fase de cuestiones previas, el juicio como tal arrancará en febrero y ya sin interrupciones -salvo en agosto- hasta finales de octubre. La presidenta de la Audiencia alavesa, Mercedes Guerrero, ya había alertado de que esa dedicación plena a este asunto lastraría el trabajo ordinario de la Sección Segunda del órgano provincial, que no tiene el músculo de ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao para asumir estos macroprocesos. Sólo Jesús Poncela había quedado como magistrado para el resto de asuntos, entre los que se incluyen casos de tanta relevancia como el de la niña Alicia, que fue defenestrada hace dos años en Vitoria.
El CGPJ ha comisionado para reforzar durante medio año la Audiencia de Álava a la magistrada Ana Jesús Zulueta, titular de Instrucción 2, y a la responsable del Juzgado de Menores, Sara Mallén Basterra. Según la información facilitada, la primera dejará su sala temporalmente y contará con una sustituta mientras que en el caso de Mallén basterra “compatibilizará su trabajo en el juzgado con el refuerzo”.
Estos cambios tienen “informe favorable” del Servicio de Inspección y también con presupuesto habilitado por el Ministerio de Justicia. Guerrero justificó este refuerzo por el “volumen” del 'caso De Miguel', con 26 imputados, más de 100 sesiones de juicio y casi 150 testigos y peritos. “Con esta medida será posible que los miembros del tribunal enjuicien la causa compleja puedan quedar exentos, al menos parcialmente, del conocimiento y enjuiciamiento del resto de los asuntos que habitualmente recibe la sección”, valora Guerrero.
Se da la circunstancia de que el CGPJ nunca reforzó el juzgado de Instrucción que durante más de cinco años investigó la trama con escasa dotación de personal. Sólo cuando la causa estaba a punto de quedar cerrada, en 2015, se acordó un pequeño refuerzo de unos meses para descargar de trabajo a Roberto Ramos. Este juez abandonó 'motu proprio' la sala tras completar esta instrucción, que suma 96 tomos o 25.602 folios de pruebas.
