Euskadi explora la fiscalidad verde con el hándicap del reparto competencial con las Diputaciones

El consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, ha presentado este martes después de la reunión semanal del Consejo de Gobierno dos proyectos de ley aprobados por el Ejecutivo (Ley de Conservación del Patrimonio Natural y Ley de Administración Ambiental) que se suman al anteproyecto de ley contra el cambio climático, cuya primera redacción ya ha sido presentada. Con el hándicap de que estas leyes llegan en el tramo final de la legislatura y tendrán dificultades para ser tramitadas a tiempo en el Parlamento antes de las elecciones autonómicas -aunque no haya adelanto-, Arriola ha dicho que “no peca de inmodestia” al definir estas propuestas como únicas en España y ambiciosas. Entre las propuestas anunciadas, se halla de  avanzar de manera genérica hacia una “fiscalidad ecológica” -las competencias son forales- y la de la posibilidad de cambiar las sanciones medioambientales por labores de conservación o limpieza del entorno natural.

Arriola ha indicado que el Gobierno vasco “apuesta” por una fiscalidad verde, que grava más al que más contamina y, al contrario, bonifica al que apuesta por la sostenibilidad. Sin embargo, la política de impuestos está en manos de las Diputaciones y el proyecto de Ley de Administración se limita a hacer una propuesta a las instituciones forales en su artículo 85 y a pedirles que coordinen sus nuevas políticas con Medio Ambiente. “Las administraciones públicas vascas competentes en materia tributaria promoverán, previa consulta al Departamento con competencias ambientales de la Administración general de la comunidad autónoma del País Vasco, el uso de la fiscalidad ecológica y de otros instrumentos de política económica ambiental para contribuir a los objetivos de la presente ley, pudiendo determinar que las recaudaciones obtenidas integren una partida en sus presupuestos anuales específicamente destinada a abordar actuaciones vinculadas a la protección del medio ambiente”, se puede leer en el texto aprobado. Hay que tener en cuenta igualmente que la recaudación de cualquier impuesto no llega en su integridad a la Administración autonómica.

La nueva ley plantea tres posibles cambios fiscales. El primero es la “creación de tasas por la emisión de las autorizaciones, licencias y la recepción de comunicaciones previas o declaraciones responsables”; el segundo son “tributos u otros instrumentos fiscales que graven el desarrollo de las actividades que provoquen afecciones al medio ambiente”; y el tercero y último es “el establecimiento de reducciones, bonificaciones o exenciones para las actividades que fomenten actuaciones que tengan por finalidad cumplir con los objetivos de esta ley y, en especial, aquellas que fomenten la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos”.

La norma de Administración Ambiental es la más “compleja” de las dos, con 118 artículos, 10 disposiciones y 12 anexos. Introduce el concepto de “compra pública verde” y prevé que en la adjudicación de obras públicas se exija “un 40% como mínimo” de materiales reciclados o procedentes de la valorización. Según el consejero, tan o más importante que las propuestas es el “marco de control y sanción”. En este sentido, se introduce la figura de la “prestación ambiental sustitutoria”, “que determinadas sanciones podrán consistir, en vez de multas, en acciones de restauración, conservación o mejora que redunden en beneficio del medio ambiente”.

En cuanto a la Ley de Conservación del Patrimonio Natural, “garantiza la conservación de la biodiversidad, protegiendo las especies silvestres de flora y fauna y sus hábitats”. Arriola ha indicado también que la futura Ley de Cambio Climático cerrará el círculo buscando que en 2050 Euskadi no emita más dióxido de carbono del que sea capaz de absorber de manera natural.