Una tercera denuncia de irregularidades en la contrata de comedores escolares llega a los tribunales
En 2016, la Autoridad Vasca de la Competencia impuso una sanción histórica a siete empresas de catering por haber conformado un cártel para repartirse la contrata de comedores de los colegios públicos, la mayor del Departamento de Educación, con el ánimo de maximizar sus beneficios. El período analizado comprendía los años 2003-2015. Sin embargo, al poco tiempo se inició una segunda investigación del sistema de reparto de comedores escolares instaurado en 2015 y vigente hasta hoy. La empresa denunciante era la misma, Aibak, que entendía que las empresas sancionadas seguían repartiéndose el mercado. El nuevo equipo al frente de Competencia, dirigido por Alba Urresola, archivó este expediente en una de sus primeras decisiones tras ser propuesta para el cargo en sustitución de Pilar Canedo. Aibak, con todo, reiteró su denuncia ante la la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), institución para la que había sido nombrada Canedo. La CNMC, por carecer de competencias, derivó el expediente a Euskadi y la AVC, por segunda vez, archivó la causa. Urresola, sin embargo, ha explicado este viernes en el Parlamento Vasco -que ha creado una comisión de investigación en torno al fraude de los comedores escolares- que ese tercer expediente sigue vivo, porque Aibak ha mostrado su intención de recurrir el archivo administrativo ante la Justicia ordinaria.
Este periódico publicó que Competencia había archivado en 2017 la segunda denuncia de Aibak en torno al fraude en los comedores a pesar de un informe económico elaborado por el profesor de la Universidad de Chicago Juan Santaló que constataba irregularidades en la contrata. Concretamente, se centraba en probar cómo en el único área geográfica de Euskadi en la que aspiraba al servicio la empresa Aibak, la empresa competidora ofertaba un precio mucho más bajo que en el resto de comarcas. Es más, en esta contrata 'competían' entre sí para lograr la adjudicación dos marcas de la misma empresa, Auzo Lagun, el cátering del Grupo Mondragon y que opera en los comedores vascos con los nombres de Ausolan, Magui y Goñi.
La mayoría del pleno de Competencia, a pesar de las reticencias internas del equipo de Investigación, ordenó analizar esta segunda denuncia en profundidad, lo que motivó la contratación del asesoramiento externo de Santaló. Sin embargo, la salida de Canedo a la CNMC motivó un cambio de mayorías y la aprobación de un dictamen que, según ha indicado Urresola en la Cámara, estimaba que “punto por punto” las conclusiones del informe externo “no eran válidas”. Esta circunstancia motivó la dimisión de otra vocal de la AVC, Natividad Goñi. Todo estos hechos se concentraron en julio del pasado año.
En septiembre, Urresola ya había sido propuesta para el cargo y con ella se nombró a Enara Venturini como relevó de Goñi. En estas circunstancias, en octubre ya se procedió al archivo de la segunda causa sobre los comedores. “No existían indicios de infracción”, ha reiterado este viernes en al menos media docena de ocasiones Urresola. Se ha referido asimismo al informe de Santaló para garantizar que “no se ha obviado nada” porque ese trabajo “está estudiado” e incorporado al expediente, sólo que desechado, entre otras cosas porque el análisis de precios realizado se basa en “estimaciones” y porque no se corresponde con el objeto de la denuncia. Urresola ha dicho desconocer quién y por qué se contrató al experto externo, si bien es información pública del Portal de Transparencia que fue adelantada por eldiarionorte.es el pasado año.
La presidenta de la AVC ha revelado que Aibak -a la que en la comisión se ha calificado de “contumaz” por sus denuncias- no se detuvo ahí. Tras el portavoz en Euskadi, dirigió sus miras a Madrid, a la CNMC, en la que Canedo ejerce ahora de vocal. Pero este organismo estatal se inhibió por falta de competencias y la AVC recibió, por lo tanto, un tercer expediente sobre los comedores escolares en noviembre de 2017. Según Urresola, las denuncias eran tan similares que apenas se entró al fondo de la cuestión y se archivó por cuestiones de forma. “Son idénticas, no existen indicios”, ha remarcado Urresola, que ha detallado que ese carpetazo se produjo en 2018, concretamente en enero. Pero Aibak, según ha manifestado, mantiene viva la batalla jurídica. La empresa ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en busca de amparo. Como el asunto está 'sub iudice', Urresola ha preferido no dar más detalles.
Sin “connivencia” con la Administración
El objeto de la comisión de investigación del Parlamento es determinar si las irregularidades en los comedores escolares fueron sólo motivadas por el cártel empresarial o también hubo responsabilidades políticas. Precisamente, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que acreditaron la existencia de fraude en el período 2003-2015 rebajaron la multa económica a las empresas porque esas anomalías no se pudieron producir sin la participación de la Administración.
Según Urresola, no hay constancia de que hubiera “connivencia”. Es más, ha añadido que en el Departamento de Educación “ha desfilado mucha gente desde 2003”, dando a entender que sería muy difícil poner de acuerdo a tantas personas en el fraude. “No es muy objetivo determinar eso”, ha dicho para finalizar su larga comparecencia parlamentaria, de más de dos horas.
