Una testigo alienta la hipótesis de que Sánchez Robles entregó pruebas falsas para justificar los pagos a la trama de De Miguel
La presunta falsificación de pruebas adelantada por eldiarionorte.es por parte del exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, para justificar que no hubo irregularidades en las contrataciones ‘a dedo’ que formalizó con tres empresas controladas por el ex ‘número dos’ del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, comienza a centrar esta parte del juicio del ‘caso De Miguel’, dedicada exclusivamente a las adjudicaciones a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. Se trata de trabajos que en su mayoría no consta que realizaran esas mercantiles, dos de las cuales no tenían ni medios ni objeto social relacionado con el ámbito de la contratación, según certificó en varias ocasiones el propio Ejecutivo.
Pero Sánchez Robles, en su escrito de defensa, ha incorporado las carátulas de los informes justificativos de esos contratos con sellos oficiales. Se da la circunstancia de que en 2012 el exalto cargo aportó esos mismos documentos pero sin sellos. También De Miguel entregó documentos supuestamente justificativos que, aunque similares, son diferentes a los de Sánchez Robles.
La Fiscalía ha interrogado a otra exdirectora del Departamento de Cultura en los Gobiernos del PNV, Miren Aranzazu Arzamendi, sobre la documentación sellada recientemente aportada. Preguntada abiertamente por los sellos que allí aparecen, ha constatado que hay algo anómalo en ellos. “No tienen número de registro”, ha enfatizado en dos ocasiones la testigo. Asimismo, ha constatado que las facturas de las empresas para cobrar esos trabajos, selladas igualmente en el Gobierno, sí tenían esa numeración. El abogado de Sánchez Robles, Javier Beramendi, ha formulado una protesta al entender que el fiscal, Josu Izaguirre, estaba haciendo “comentarios” valorativos en torno a estas respuestas de Arzamendi.
Beramendi, que no renuncia a utilizar esas pruebas en el juicio, ha intentado desmontar estas afirmaciones al tratar de establecer que Arzamendi desconocía los procedimientos de registro. “¿Controlaba usted las normas dadas por la dirección de servicios en relación con los procesos para registrar? ¿Tenía alguna función de control directo del registro de entrada?”, ha cuestionado subrayando que la testigo formaba parte de otra área del Departamento de Cultura.
El responsable era Sánchez Robles
La testigo, asimismo, ha analizado los expedientes entregados por el Gobierno en torno a estas contrataciones. Ha reconocido que hay anomalías en ellos y que difieren de los que se realizaban en su dirección. Ha aludido a la inexistencia de algunos documentos justificativos, si bien Beramendi ha subrayado que la ley de contratos vigente desde 2000 sólo exigía almacenar la factura y la aprobación del gasto. También ha asegurado Arzamendi que no es habitual que existan “versiones” de los mismos trabajos, lo que compromete nuevamente a Sánchez Robles y De Miguel. En un breve interrogatorio, el abogado del Gobierno vasco, Javier Otaola, también ha aludido a la supuesta inejecución de estos contratos.
Además de Sánchez Robles, que se expone a 18 años cárcel, está procesado en el juicio su superior, el exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga. Larrañaga era quien firmaba las adjudicaciones de todas las direcciones bajo su cargo. Tanto a preguntas del ministerio fiscal como de su letrado defensor, Miguel Alonso, Arzamendi ha limitado el papel del viceconsejero a la firma del contrato ya que eran sus subordinados quienes preparaban la contratación, elegían a las empresas y, posteriormente, controlaban con su equipo técnico la ejecución y justificación de los trabajos encargados. “Era una competencia clara de la dirección”, ha reiterado la compareciente.
