La investigación interna de Gaztelueta contradice la denuncia de abusos sexuales

El director del colegio masculino Gaztelueta, vinculado al Opus Dei y ubicado en Leioa, ha explicado en vísperas de que arranque este jueves en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra el exprofesor del centro José María Martínez Sanz, acusado por un antiguo alumno de abusos sexuales cuando cursaba el primer ciclo de Secundaria entre 2008 y 2010, que la investigación interna llevada a cabo después de que surgieron las primeras sospechas solamente recogió testimonios que “contradicen” la versión del denunciante, que llevó el caso ante la Justicia ordinaria una vez cumplidos los 18 años. En Radio Euskadi, Imanol Goyarrola ha dicho no saber si el joven “miente” pero sí ha repetido en varias ocasiones que no han hallado “una prueba evidente de que las acusaciones fueran ciertas”.

“Si hubiera tenido pruebas, habría sido el primero en denunciar”, ha enfatizado Goyarrola, que ha reconocido que el centro ha promovido una página 'web' para dar su versión de los hechos de cara al juicio y frente a las interpretaciones de los medios de comunicación. Ese portal de Internet se apoya precisamente en ese “medio centenar” de testimonios que “contradicen” la denuncia, reiterada en varios foros y contrastada por psicólogos y psiquiatras. También reseña que las acusaciones de la víctima han ido 'in crescendo' con el paso de los años, ya que al inicio no refirió la existencia de esos abusos. 

No obstante, Goyarrola ha reconocido que los testigos de su trabajo interno sólo conocen los contactos “públicos” entre denunciante y denunciado y no lo que pudo ocurrir en “privado”. Además, hay otro excompañero que apoyó la versión del joven y que explicó que Martínez Sanz, que era preceptor o tutor además de profesor, sacaba con asiduidad a la víctima de clase y que las tutorías con él duraban más de lo habitual. Este joven también comparecerá en el juicio.

Gaztelueta, que a pesar de las críticas de la familia del denunciante asegura haber actuado con rigor y “transparencia” en estos años, encara el juicio, según Goyarrola, con interés en conocer “la verdad” pero sin posicionarse entre el denunciante y el acusado, que se expone a una pena máxima de 10 años de prisión en caso de que se atienda la solicitud de la acusación particular (la Fiscalía rebaja a 3 años su petición). “No defendemos ni a uno ni a otro”, ha indicado Goyarrola, que comparecerá como testigo el viernes en la segunda jornada del juicio.