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Victoria Rosell y el euríbor

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell
29 de octubre de 2022 22:12 h

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El poder pasa por el euríbor. La inflación y las subidas de los tipos de interés son el mayor torpedo a la línea de flotación para la estabilidad del Gobierno. Estar pendiente de disminuir esa carga para los bolsillos de la ciudadanía sería una manera efectiva de mirar por su propio poder. El Gobierno parece que lo ha entendido, no así la izquierda que pretende dominarlo, que está más pendiente de las luchas por el poder que del poder en sí mismo. Las personas vulnerables, las pobres, las marginales, no votan. Por eso sigue más de dos años después sin haber luz en la Cañada Real. Quienes sí votan son los que pagan una hipoteca, esos son los que deciden elecciones. La subida de tipos de interés es de tal calibre que puede convertir a una familia acomodada en una familia en riesgo de exclusión. Los pagos de las hipotecas pueden encarecerse entre 200 y 300 euros al mes porque los tipos van a seguir subiendo. El empobrecimiento de miles de ciudadanos es un hecho de dimensiones difícilmente evaluable en términos políticos. Lo que es seguro es que será la carestía de la vida que afecta a esa entelequia llamada clases medias la que acabe con cualquier gobierno. A los que no votan y a los que sí les da igual el Consejo General del Poder Judicial por muy importante que sea. Pues es eso lo que ha ocupado a toda la izquierda política esta semana.

Victoria Rosell sería la mejor candidata posible para el Consejo General del Poder Judicial porque, además de ser una jurista excelente, conoce de primera mano la podredumbre que habita en el seno de la judicatura. No sabemos qué piensa Victoria Rosell de que su nombre haya sido utilizado como arma arrojadiza para dirimir cuestiones internas porque no la hemos podido escuchar. No sería la primera vez que se propone a alguien en contra de su voluntad por intereses masculinos. La discusión sobre su conveniencia es metafísica, porque nunca lo va a ser con este sistema de nombramiento. No lo va a ser porque es la propuesta de Podemos y la correlación de fuerzas implica que es necesario el acuerdo con el PP y este jamás aceptará en el Consejo a una exdiputada de Podemos y actual alto cargo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Sería una gran candidata, pero eso no va a ocurrir. Podemos discutir mucho, gritar a las nubes o enfadarnos fuerte, pero eso nunca va a suceder si la correlación de fuerzas no cambia.

Una vez puestas sobre la mesa las condiciones de posibilidad para que la jueza sea elegida, hacer de su presencia una disputa interna tiene poco que ver con la valía de Rosell como candidata y mucho con la instrumentalización de su figura entre el electorado para erosionar la figura de a quien se pretende culpar por su rechazo. O de no hacer suficiente fuerza y aceptar su veto. La apuesta sincera de democratización del CGPJ tiene que pasar por cambiar el modo de selección de los miembros del CGPJ y que sea el Congreso el que elija a los jueces por mayoría absoluta y no cualificada de 3/5 como establece la ley actual. Eso sí que cambiaría la dinámica judicial conservadora en la judicatura acorde a las mayorías que emanan de las urnas.

La izquierda ha vuelto a hacer de una cuestión interna, de una cuestión de poder, la agenda prioritaria de la semana. La perspectiva burguesa de sus liderazgos determina de manera escandalosa cuáles son los intereses prioritarios de quien tiene capacidad para marcar su agenda política e informativa. Los juegos de poder les resultan mucho más placenteros que dar la batalla de forma exclusiva en los temas relacionados con la mejora de las condiciones materiales de la gente a la que representan. El poder es un deseo burgués del que puede beneficiarse la clase trabajadora o no, pero cuando esos juegos de poder tienen como mero objetivo el juego en sí mismo y no como medio para un fin pasa de adquirir el tinte de interés colectivo a mero divertimento de élites. Y las élites no solo están en la derecha. 

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