Gobierno y Unidos Podemos afrontan una amplia negociación económica más allá de la senda de déficit
El previsible fracaso del Gobierno en la segunda y última intentona sacar adelante el objetivo de déficit y de deuda pública para los próximos tres ejercicios negociado con Bruselas dará paso a una nueva negociación entre el Ejecutivo del PSOE y Unidos Podemos más amplia, de cariz económico pero que pretende superar el marco de los Presupuestos Generales del Estado para abordar el final de la política de austeridad que se impusieron desde 2010. Un acuerdo que, de alcanzarse, daría cierta estabilidad a Pedro Sánchez en lo que queda de legislatura al asegurarse un bloque de 151 diputados en el Congreso frente a los 84 que tiene ahora.
La primera reunión entre el Gobierno y representantes del grupo confederal se producirá este mismo miércoles por la tarde, según ha confirmado eldiario.es de diferentes fuentes. El Gobierno sigue negociando a varias bandas, incluida la Generalitat catalana, y aún mantiene la esperanza de sacar adelante la senda de déficit que garantizaría 6.000 millones más de gasto público ya el próximo año. En Unidos Podemos son más escépticos ante la posibilidad de sellar un acuerdo ahora pero admiten que se busca un pacto de mínimos a medio plazo. “En el horizonte tiene que atisbarse un acuerdo de legislatura, pero eso no se cierra en estos días, ni en unas semanas”, apuntan. “Vamos a ver qué plantea el Gobierno. Hay que ser prudentes, ahora toca que se pronuncien”, señalan las fuentes consultadas.
El diputado de Podemos Txema Guijarro ya avanzó este lunes que se produciría el encuentro, aunque sin desvelar la fecha concreta. Guijarro compareció ante los medios para informar de que el Ministerio de Hacienda había respondido al documento programático que el grupo confederal había enviado previamente y que recoge, resumidas, las propuestas económicas y sociales mínimas que Unidos Podemos plantea como fórmula para acabar con la austeridad.
La respuesta del Gobierno, en un documento que no se ha hecho público, defraudó a Unidos Podemos. Así lo explicó Guijarro, en representación de Podemos. También IU dijo sentir una “tremenda decepción” ante los papeles remitidos por Hacienda. El apoyo del grupo confederal a la llamada senda de estabilidad presupuestaria no garantiza su aprobación en las Cortes Generales. La Generalitat de Catalunya volverá a dar plantón al Ejecutivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque fuentes socialistas aseguran que la negociación con el Govern sigue abierta. Y el PP tiene capacidad de veto en el Senado. Pero sin los 67 diputados del grupo que lidera Pablo Iglesias, es imposible que salga adelante.
El Gobierno, consciente de que necesita a Unidos Podemos, admite los contactos con el grupo confederal. Aunque no confirma de forma oficial siquiera del documento de respuesta de Hacienda que enviaron este lunes, fuentes conocedoras de las conversaciones reconocen que Hacienda y Unidos Podemos han intercambiado propuestas. Fuentes cercanas al Gobierno confían en que hay margen para aprobar el objetivo de déficit e insisten en que el Ejecutivo de Sánchez no se va a saltar lo pactado con Bruselas.
El grupo confederal, por su parte, da por superado el desencuentro por el objetivo de déficit y se apresta a influir en las líneas fundamentales presupuestarias del Gobierno. Y un poco más.
“Si quieren, se puede”, aseguran desde IU a eldiario.es. El coordinador federal de la coalición, Alberto Garzón, defendía este fin de semana en una entrevista en La Opinión de Málaga que “tiene que haber un contexto de negociación integral”. “El PSOE tiene a 84 diputados. El resto de partido que le apoyamos, somos más. Negociar significa ceder en algunas cosas e incluir otras. Y eso también lo aplico a nosotros. Yo lo veo como una oportunidad”, apuntaba.
“Es muy deseable que se agote la legislatura”, concluía el portavoz adjunto de Unidos Podemos. Para eso, el Gobierno debe poder aprobar algunas leyes. Y los Presupuestos Generales del Estado son clave.
Presupuestos expansivos... y más
Desde Unidos Podemos se abren a apoyar unas Cuentas públicas para 2019 si se traduce en políticas expansivas. Unas medidas que debe recoger el anteproyecto de presupuestos. Pero no solo.
El paquete incluye la derogación o, al menos, la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a lo que el Gobierno de momento se ha negado siempre. Unidos Podemos también plantea la necesidad de terminar con la regla de gasto que, aseguran, atenaza a los ayuntamientos que quieren hacer política social; aumentar la tasa de reposición del personal municipal y compensar las pérdidas en ingresos que ha supuesto el recorte del impuesto de plusvalía.
Además, se plantea la necesidad de derogar los reales decretos 14, 16 y 20 de 2012, aprobados por el PP y que supusieron la cercenación de derechos en materia de sanidad, educación y dependencia. El Gobierno ya ha eliminado, mediante otro real decreto, algunas de las partes del referido a la sanidad universal. La medida deberá ser refrendada por el Congreso.
Por último, Unidos Podemos apuesta por una remodelación de la política impositiva para aumentar la recaudación del Estado con impuestos a la banca y a las grandes fortunas, eliminando deducciones fiscales a los planes de pensiones privados o tocando el IRPF a quienes ganen más de 60.000 euros. El Gobierno ha ofrecido tocar parte los impuestos y crear algunos específicos para la banca y las transnacionales de Internet.
El grupo confederal pide, además, establecer un suelo en el Impuesto de Sociedades para que las grandes empresas paguen como mínimo un 15%. Un punto en el que, según las fuentes consultadas por eldiario.es, el Gobierno parece estar de acuerdo. Sin concretar mucho, el Ejecutivo admite que este impuesto es “un pozo negro”. “La negociación sirve. Es insuficiente, pero revela que se puede mover”, apuntan desde Unidos Podemos. En el lado socialista esperan una negociación sobre los distintos puntos que Hacienda ha remitido al grupo confederal y mantienen todavía la esperanza de sacar adelante la senda de déficit crucial para disponer de 6.000 millones más de gasto público.
