El juez del caso Villarejo imputa al jefe del servicio informático del Poder Judicial
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado como imputado a Juan Carlos Garcés Pérez, jefe del servicio informático del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los últimos 15 años. En el auto, el magistrado señala que hay evidencias de que el excomisario encargó a uno de sus colaboradores que obtuviese datos personales directamente de “los encargados del tratamiento de las bases de datos donde aquellos habrían de ser obtenidos”.
En una resolución que ha adelantado El Español y a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que no se fija la fecha para la declaración, el juez de la Audiencia Nacional imputa al informático en la pieza Land, la que investiga a los miembros de la familia Cereceda -promotores de la lujosa urbanización de La Finca- que contrataron los servicios de Villarejo en un contencioso por una herencia.
El en auto, el mismo por el que se imputa al policía Enrique García Castaño, colaborador de Villarejo, como partícipe de en un delito de cohecho y otro de revelación de secretos, se cita como investigado a Garcés para el próximo
Según El Español, Garcés dirige la sección de informática del CGPJ desde hace quince años y por ello tiene acceso a los datos personales de jueces de todos los jueces. Según el auto, se la investigación ha localizado “hojas de encargo para la obtención de datos de carácter personal que fueron remitidos a los encargados del tratamiento de las bases de datos donde aquellos habrían de ser obtenidos”.
La pieza en la que ahora ha sido imputado este informático fue cerrada en julio por el anterior juez del caso, Diego de Egea. La Fiscalía recurrió al considerar que el magistrado había obviado “palmariamente” evidencias de que se cometieron delitos en los encargos hechos a Villarejo por Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda, dueños de la urbanización La Finca.
De hecho, la Fiscalía acusó al juez de no esperar el resultado de varias diligencias de investigación para cerrar el caso, aún cuando existían, a su juicio, “sólidos indicios” de la comisión de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Archivó la causa “precipitadamente” y de forma “sorprendente”, añadieron los fiscales.
