El delegado del Gobierno en Madrid dice a la jueza que el 8M no había elementos para “prohibir un derecho fundamental”

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado en su declaración como imputado en el marco del 'caso 8M' que la institución que preside actuó “en todo momento con arreglo a la ley y a la información que tenían los expertos sobre la evolución del coronavirus”. “No había ningún elemento en aquel momento que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir un derecho fundamental ni está acreditado que el incremento de casos del 9M tenga que ver con la manifestación”, ha asegurado a preguntas de los periodistas tras declarar durante más de una hora y media como imputado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel.

Franco, único imputado en esta causa, ha insistido en que no se siente “responsable” de la manifestación que tuvo lugar en Madrid el 8 de marzo y ha insistido en que no tiene competencias sanitarias y que estas corresponden a la Comunidad de Madrid. La acusación contra él por un presunto delito de prevaricación se fundamenta en no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista, supuestamente a sabiendas del riesgo que suponían para la población por la expansión del coronavirus. 

El delegado del Gobierno ha respondido a las preguntas de la jueza, la Fiscalía y también de las partes personadas como acusación popular, que ejercen la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales, asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil. 

Buena parte de las cuestiones han versado sobre el procedimiento de la Delegación para la celebración de manifestaciones, según fuentes conocedoras del interrogatorio. En concreto, una de las partes le ha inquirido sobre la cancelación de manifestaciones antes del estado de alarma, en concreto una convocada a las puertas de la casa del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Franco ha explicado que primó el derecho a la intimidad sobre el de manifestación y que probablemente si la cita hubiera sido en el ministerio no se habría prohibido. 

La jueza se ha interesado por si alguien le dijo que la movilización del 8M se tenía que celebrar y Franco ha contestado que no recibió ninguna instrucción al respecto. En la misma línea que los interrogatorios de la Guardia Civil a los testigos, se ha preguntado cuándo conoció la gravedad de la COVID-19. Franco también ha explicado que fue el 10 de marzo cuando recibió instrucciones del Secretario de Estado de Función Pública para los trabajadores de la Delegación y que fue el 11 de marzo cuando dio instrucciones para sugerir la cancelación de concentraciones. 

Fue el 9 de marzo cuando se produjo un crecimiento exponencial de los casos en la Comunidad de Madrid -se multiplicaron por ocho los nuevos detectados- y se declaró “transmisión comunitaria significativa” en esa región, la ciudad de Vitoria y la localidad de Labastida. Ese día el Consejo Interterritorial de Sanidad tomó las primeras medidas de distanciamiento social, para las áreas en esa fase, como la suspensión de la actividad docente, y recomendaciones generalizadas como la limitación de salidas a las personas vulnerables.

Franco también ha sido interrogado sobre los correos del departamento de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno que, a finales de febrero, recomendaban a los trabajadores mantener una distancia de seguridad de un metro, en línea con lo mantenido en ese momento por la OMS. Según las fuentes consultadas, el delegado ha asegurado que aunque esa circular se envió el 28 de febrero él no la recibió hasta el día 2 porque no estaba dado de alta en el sistema interno de recepción de comunicaciones. Además, ha insistido en que no es lo mismo tomar medidas para los funcionarios que “prohibir el derecho fundamental de manifestación”. 

Este miércoles también han comparecido ante la jueza el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete del delegado, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas. Todos ellos, en calidad de testigos y, por tanto, con la obligación de decir verdad. Fuentes conocedoras de estas declaraciones aseguran que los tres han mantenido la misma tesis que Franco: la Delegación del Gobierno no tiene competencias sanitarias y que estas corresponden a la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía pidió este lunes el archivo de la causa al considerar que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación de que se iba a celebrar, que tampoco tiene competencias en materia sanitaria. También la Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Franco, ha solicitado a la jueza que ponga fin a esta investigación. En varios de sus escritos, la abogada del Estado ha acusado a la jueza de estar impulsando una investigación sin indicios de delito y “con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria”.

El asunto ha levantado una tremenda polvareda política: la tesis de que el Gobierno mandó a la gente a contagiarse a las marchas feministas por puro sectarismo partidista es el centro de la argumentación del PP y Vox para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, los polémicos atestados realizados por la Guardia Civil a instancias de la jueza, plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y ha generado una crisis para el Ejecutivo , entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.