El PP cerrará esta semana el año en el Congreso con el foco puesto en el calendario judicial y en los ataques a jueces

Llevarán a votación una iniciativa sobre el apoyo de Moncloa a Begoña Gómez y el origen de la filtración a Lobato

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El PP quiere cerrar el año en el Congreso con el foco puesto en el calendario judicial que implica al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en los ataques a los jueces, que a su juicio, lanzan desde el Ejecutivo.

Usarán para ello la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, que será la última de este año y en concreto será el portavoz parlamentario 'popular', Miguel Tellado, quien intentará dirigirse al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para pedirle una “valoración del calendario judicial del Gobierno”.

Y es que entre el lunes 16 y el viernes 20 de diciembre pasarán por el los juzgados a dar declaración el presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama; el exasesor socialista y epicentro de la trama, Koldo García, o la esposa del presidente, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.

¿ESO ES DIGNO DE UN PRESIDENTE?

Sobre justicia también le quiere preguntar a Bolaños la diputada del PP Ester Muñoz, aunque en su caso por lo que en su partido consideran que son “ataques” por parte del Gobierno a los jueces. “¿Cree que los jueces españoles acosan al Gobierno de España?”, es la pregunta registrada, recogida por Europa Press.

De su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará su cara a cara semanal con Sánchez para pedirle que explique si “cree que atacar a las instituciones del Estado es un comportamiento digno de un Presidente”.

Aunque los 'populares' han querido ir más allá, para el mismo miércoles, el PP tiene registrada una interpelación que quieren dirigir al ministro Bolaños para pedirle que haga un “balance de las actuaciones del Gobierno que han provocado el deterioro democrático actual”.

Y a parte, esa misma semana, los de Feijóo forzarán una votación en la Cámara Baja sobre el apoyo de Moncloa a las actividades profesionales de Begoña Gómez y la supuesta participación de la esposa del presidente en adjudicaciones públicas, así como sobre el origen de la filtración al socialista Juan Lobato del documento con datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Se trata de una moción consecuencia de la interpelación urgente que los 'populares' dirigieron este miércoles al ministro de Transformación Digital, Óscar López, al cual vinculan directamente con la causa judicial que afecta a la mujer de Pedro Sánchez y con el caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, por presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

EL TS RECHAZA ATRIBUIR “SESGOS POLÍTICOS” A LOS JUECES

Precisamente, el viernes pasado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, emitió un comunicado en el que rechazaba que se atribuyan “sesgos políticos” a los jueces tras las palabras del presidente del Gobierno en una conversación informal con periodistas asegurando que el PP juega con las cartas marcadas porque cuenta con la ayuda de algunos jueces.

Con ocasión del premio Fórum Europa 2024 a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que le ha sido concedido por su compromiso con el fortalecimiento de la Unión Europea y de sus valores, Perelló recordó que “entre esos valores se encuentra el de la independencia judicial, que constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho”.

En concreto, ha destacado que “es precisamente esa independencia lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados”. “El Estado de Derecho requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado”, dijo.

En ese sentido, señalaba que, si bien “la crítica de las actuaciones de los poderes públicos es inherente a la democracia y es, además, un modo en que las instituciones pueden mejorar su funcionamiento”, por lo que “la labor de los jueces y magistrados puede, y en su caso debe, ser criticada”, “lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos, pues tal forma de proceder menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional”.