El Tribunal Constitucional suspende el euro por receta de Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido suspender la aplicación del euro por receta vigente en la Comunidad de Madrid desde el día 1 de enero. La suspensión ha sido adoptada por el tribunal al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el Gobierno.

Así, Madrid dejará de cobrar “inmediatamente” la tasa del euro por receta implantada en esta comunidad desde el pasado 1 de enero, según ha asegurado hoy el presidente madrideño, Ignacio González. El jefe del Ejecutivo regional lo ha anunciado minutos antes de que el Tribunal Constitucional hiciera pública su decisión de suspender la aplicación del euro por receta.

La suspensión ha sido adoptada por el tribunal al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el Gobierno. Además, el tribunal ha admitido también el recurso contra el euro por receta en Madrid presentado por un grupo de senadores del PSOE.

En la providencia notificada hoy, el pleno del Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno y da traslado de su decisión a la Comunidad de Madrid para que en el plazo de quince días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas.

Conforme a la legislación, ha dado traslado también de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y a la Asamblea de Madrid.

El pasado 15 de enero, el Tribunal Constitucional también suspendió el euro por receta en Cataluña al admitir otro recurso similar del Ejecutivo.

En aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la resolución indica que para las partes del proceso se suspende la aplicación del precepto impugnado desde la fecha en la que se interpuso el recurso del Gobierno (el 18 de enero de 2013).

La providencia añade que “para los terceros”, la suspensión será efectiva desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que comunicará a los presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Asamblea de Madrid.

El pasado 11 de enero el Gobierno acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional el cobro de un euro por receta médica en la Comunidad de Madrid.

El Gobierno ha considerado que el euro por receta grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma y así vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica.

El pasado día 15 de enero, el Constitucional admitió el recurso del Ejecutivo contra la decisión de la Generalitat catalana de cobrar un euro por receta, lo que notificó al día siguiente.

En su dictamen del 17 de enero, el Consejo de Estado determinó que la implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid es inconstitucional.

Dicho dictamen determina que la aplicación del euro por receta “es competencia exclusiva del Estado, en relación con las bases y coordinación general de la sanidad y con la legislación con los productos farmacéuticos” establecido en la Constitución.

Por todo ello, considera que la tasa implantada por la Comunidad de Madrid invade las competencias atribuidas al Estado.

El dictamen del Consejo de Estado, solicitado por el Ejecutivo, recogía los votos particulares de los consejeros Enrique Alonso, Fernando Ledesma y María Teresa Fernández de la Vega, quienes se han pronunciado en contra de la decisión mayoritaria.

“Vulnera competencias”

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría informó el pasado 11 de enero sobre la previsión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de recurrir esta tasa al entender que “vulnera el principio de igualdad” de los ciudadanos y se “grava un acto médico”.

Entre los motivos, “los mismos que en el recurso frente al euro por receta adoptado por la Generalitat”, el Gobierno “considera que se grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud (SNS), a través de la prestación farmacéutica”.

Por otra parte, la vicepresidenta destacó que el euro por receta “afecta a las condiciones de igualdad de los ciudadanos a la hora de obtener una prestación farmacéutica y se grava un acto médico y, además, se abordan condiciones de expedición y dispensación de medicamentos que es materia reservada al Estado”.

“Por tanto, hacemos un ejercicio de coherencia recurriendo por los mismos motivos y con el mismo instrumento que se recurrió en el caso de la comunidad autónoma de Cataluña. Consideramos que el euro por receta aprobado por las comunidades autónomas vulnera competencias que corresponden únicamente al Estado y vulnera el principio de igualdad”, añadió, al tiempo que ha recordado que “el Estado a optado por otros sistema equitativo y que permite diferenciar por rentas y situaciones en el pago de los medicamentos”, añadió Sáenz de Santamaría.

En el caso del euro por receta en Cataluña el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy alegó que la medida afectaba a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.