El Gobierno exige por carta a Fertiberia los 66 millones de aval para limpiar la marisma de Huelva que ordenó la justicia hace cinco años

El Ministerio de Transición Ecológica ha enviado este viernes una carta a la dirección de Fertiberia, con copia a la Audiencia Nacional, exigiendo a la empresa que ponga ya los 65,9 millones de euros que los jueces establecieron en 2015 como aval para garantizar la limpieza de la contaminación provocada por la fabricación de fertilizantes en la marisma de Huelva.

Fertiberia ha litigado durante años para presentar sus instalaciones en Puertollano (Ciudad Real) como garantía en lugar de bloquear ese cuantía millonaria. La Audiencia Nacional estableció el 30 de octubre de 2019 que la empresa debía constituir ese aval que hace las veces de seguro hasta que la compañía complete la descontaminación de 120 millones de toneladas de fosfoyesos acumulados tras 40 años de producción de fertilizantes en las marismas.

Los magistrados dieron un mes de plazo y advirtieron que solo podría admitirse una hipoteca si demostraban fehacientemente que Fertiberia era incapaz de completar el aval de 65,9 millones. La dirección volvió a enviar el mismo proyecto a la Audiencia que fue rechazado por las partes interesadas: el Ministerio, la ong WWF, el Ayuntamiento de Huelva y la Mesa de la Ría.

Ahora, el Transición Ecológica, concretamente la dirección general de la Costa y el Mar, le recuerda a la agroquímica que no ha cumplido y a la Audiencia Nacional que no se ha depositado el aval. 

Décadas de tribunales

Fertiberia hizo vertidos de fosfoyesos al dominio público marítimo terrestre durante cuatro décadas. En 2001 WWF inició una batalla judicial contra la empresa por incumplir la ley de costas que culminó con una sentencia en 2007. Los vertidos estaban sentenciados aunque los recursos se llevaron el proceso hasta 2009. La contaminación se detuvo, pero no se procedió a regenerar el daño ambiental causado por la actividad de la empresa: 1.200 hectáreas de balsas de basura tóxica.  

Fertiberia ideó un plan que consistía en aislar, enterrar y luego reforestar encima de las balsas de fosfoyesos. En ningún caso retirar el producto. Un plan polémico y rechazado por los grupos ambientalistas, pero que obtuvo el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Isabel García Tejerina en 2016 (Tejerina había sido directiva de Fertiberia antes de iniciar su periplo en los Gobierno del PP). Ahora el problema es que la empresa garantice que hará los trabajos y avale con esos 65,9 millones que cumplirá hasta el final.