El Gobierno anuncia el fin de algunos recortes educativos del PP, pero se muestra ambiguo con la concertada
El Gobierno ha iniciado la senda para revertir algunos de los recortes que el PP llevó a la educación bajo el argumento de la crisis económica. La ministra del ramo, Isabel Celaá, ha tratado de detallar este martes en el Congreso el Anteproyecto de ley por el que pretende acabar con algunas medidas que introdujo el ínclito Real Decreto 14/2012 y que, a decir de los profesionales de la educación, impactaron con dureza en el sector educativo.
El Ejecutivo acabará con el aumento del 20% en las ratios alumno-profesor en clase, con la obligatoriedad (salvo alguna excepción) de que las bajas laborales de los docentes no se puedan cubrir hasta pasadas dos semanas desde que se producen y con la subida de horas lectivas a los maestros y profesores, según ha explicado Celaá esta mañana. Actualmente, los docentes tienen un mínimo de 25 horas lectivas (que no laborales) en educación Infantil y Primaria y 20 en el resto de etapas. La intención del Gobierno es dejar esta cuestión en manos de las Comunidades Autónomas.
La noticia menos buena para el sector: excepto la de las bajas, que es inmediata, las otras medidas entrarán en vigor ya de cara al curso que viene, 2019-20.
Menos clara fue la ministra respecto al otro gran tema de su comparecencia en la Comisión de Educación, la situación y el futuro de la escuela concertada. En su anterior comparecencia antes del verano, Celaá explicó que su intención era modificar el artículo 109.2 de la LOMCE por el que apelaba a la “demanda social” para garantizar las plazas en centros concertados.
Se esperaba de la ministra que aclarara cómo iba a articular este cambio y qué supondría. No consiguió explicarse la ministra, o al menos no consiguió que ningún partido de la oposición entendiera sus intenciones al respecto. Habló Celaá de “cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho de todos a la educación pública”, de que “los servicios públicos no pueden ofrecerse a la carta”, de que “las redes pública y privada han de trabajar de manera coordinada” y de “una planificación”. Y repitió varias veces: “No vamos a atacar a la escuela concertada”.
Tras la intervención inicial de la ministra, la comparecencia giró en torno a la escuela concertada, con un intercambio de opiniones basado más en las opiniones preconcebidas que las partes tienen sobre el tema que en lo que el Gobierno quiere hacer o no hacer.
Marta Martín, la portavoz naranja, apenas mencionó siquiera el tema en su primera intervención y centró sus palabras en defender “la neutralidad de las escuelas como espacios públicos” y de “defender la igualdad entre todos los españoles”. También tuvo tiempo Martín para exigir con ironía al Gobierno que eleve la inversión en Educación hasta el 5% del PIB “que tanto reivindicó su partido”.
Sandra Moneo, portavoz del PP, sí se refirió a la escuela concertada durante su intervención. De hecho, el tema prácticamente la monopolizó aunque, más que replicar a las ambiguas palabras de la ministra, la popular realizó una defensa general de la escuela concertada. Recordó Moneo a la ministra el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza y de elección de los padres, derechos que equiparó, y aseveró que su partido se opone a “cualquier decisión de coartar la libertad de elección de las familias” porque la escuela pública “no es la única que garantiza el derecho a la educación”. Finalizó la popular su intervención advirtiendo al Gobierno que van a pedirle una norma que regule la carrera docente, una auténtica necesidad de los profesores, según Moneo.
A Celaá no le sentaron bien las palabras de Moneo. Cuando hubo de replicar a la popular, la ministra endureció el tono. Empezó reprochando a la portavoz del PP que “tocaron lo que nunca se debe tocar, la educación”, y le matizó su apreciación sobre los derechos y la educación: en un plano están el derecho a la educación y el de la iniciativa privada a construir centros. Pero en otro distinto (menos relevante, insinuó) el derecho de las familias a elegir centro. “El Gobierno no va en contra de la educación concertada”, zanjó, y recordó su pasado profesional en el País Vasco y su trato con la escuela concertada, que nunca se vio perjudicada en Euskadi, según ella.
La ministra también ha anunciado que el Gobierno tiene intención de aumentar las cuantías de las becas y ayudas al estudio y que reactivará el Observatorio de becas, “que lleva demasiado tiempo sin reunirse”.
