Colegios, atención a víctimas de violencia sexual y vacunas: el dinero de Europa apuntala la política social del Gobierno

Digitalización de colegios e institutos, desprivatización de las costas, recuperación de acuíferos, atención a mujeres víctimas de violaciones, refuerzo de la Atención Primaria, un gran fondo para comprar vacunas contra la COVID, impulso a la I+D+i... El Gobierno va a destinar buena parte de los fondos europeos a impulsar su agenda social, en concreto uno de cada tres euros. A nivel global, la inversión en políticas sociales de los Presupuestos Generales del Estado asciende al 59,9%, seis de cada diez euros, según aclara el Gobierno. Es un 10,3% más que en las últimas cuentas.

En la introducción del proyecto de los PGE, el propio Ejecutivo desgrana a qué va a dedicar “los numerosos recursos provenientes del Fondo de Recuperación de la Unión Europea: ”Al refuerzo del sistema y de la industria sanitaria, a la protección de los colectivos más vulnerables y la garantía de los derechos sociales, a la apuesta por la ciencia, la I+D+i y las nuevas tecnologías, a la reindustrialización, la potenciación del conocimiento intensivo en áreas emergentes y la transformación digital de la sociedad, al refuerzo de las políticas de empleo y de formación profesional, al apoyo a las PYMES y a los autónomos, al turismo, la automoción, la hostelería, la transición hacia una economía sostenible y preservación del medio ambiente, con especial atención a los problemas del reto demográfico y al impulso del medio rural“.

Afinando un poco, los PGE incluyen un total de 27.436 millones de euros del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (de un total de 72.000 millones en tres años), de los que –sin prejuicio del gasto ordinario– el 33% (8.988 millones de euros, según los PGE) se destinará al considerado gasto social, según explicita el Gobierno en la introducción a las cuentas públicas. Estos fondos se invertirán en Sanidad (para reforzar el Sistema Nacional de Salud con especial atención a la Atención Primaria y la compra de vacunas), Educación (digitalización de colegios e impulso de la FP), Medio Ambiente (recuperación de costas y cuidado de acuíferos), Ciencia (impulso de la I+D+i y recuperación de talento), Igualdad (atención a víctimas de violaciones y creación de los llamados Centros de crisis para la atención a mujeres) o Dependencia, entre otras cuestiones.

Europa paga las vacunas contra la COVID

Gracias a los fondos europeos se podrán pagar también los gastos derivados de las vacunas contra la COVID-19. Las políticas sanitarias han obtenido un incremento muy notable respecto al ejercicio interior, 3.148 millones de euros más, un 75,3% de aumento, pero casi todo proviene de Europa: sin ellos, ese aumento se quedaría en 203 millones. 1.011 millones de los 2.423 millones para sanidad que llegan del programa de Ayudas a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) 2.423 millones de euros) van para la compra, distribución y difusión de futuras vacunas contra la enfermedad que ha provocado la pandemia. El proyecto de PGE sitúa esta operación, citando las previsiones de la OMS, “a partir de 2021”. Y, si no se retrasa más, fechan en el segundo semestre de 2021 el momento en el que “gran parte de la población pueda estar vacunada” y se permita “una vuelta a la normalidad”.

Refuerzo de la Atención Primaria

De los fondos europeos también sale todo el presupuesto de la otra principal partida sanitaria, la destinada a la “actualización de la Atención Primaria” poniendo en marcha el Marco Estratégico que el Ministerio de Sanidad aprobó con las comunidades en abril de 2019. Son 1.089 millones de euros. El objetivo es proporcionar “una atención de salud de manera integrada, equitativa y eficiente a la población, mediante el refuerzo de uno de los ámbitos de servicio que se ha demostrado imprescindible para la mejor atención a la población en todo tiempo”, describe el texto.

Mil millones para digitalizar colegios

La segunda mayor partida del Ministerio de Educación, tras las becas y ayudas al estudio, debe su existencia básicamente al fondo europeo. El departamento que dirige Isabel Celaá dispondrá de mil millones de euros, que tendrá que repartir con las comunidades autónomas, para invertir en digitalización, uno de los grandes debes del sistema, agrandado aún más en este curso de educación semipresencial. El Plan Educa en Digital se reparte en 150 millones de euros para reducir la brecha digital con la adquisición de material informático, 827 millones para digitalizar las aulas y otros 19 millones para los llamados Sistemas Digitales Interactivos (pizarras digitales, etc.).

El enésimo intento de impulso a la FP y un refuerzo a centros de “complejidad educativa”

Como prácticamente todos los Ejecutivos anteriores, este Gobierno también quiere impulsar la Formación Profesional. Para ello, va a destinar 556 millones de euros del fondo europeo a su plan de impulso de la FP, programado para tres años, además de los fondos propios del ministerio, que caen de 740 millones a 420. En conjunto, el objetivo del ministerio es actualizar el catálogo de títulos y crear 200.000 nuevas plazas. Dentro de esta partida se incluyen 78 millones de euros para el Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA), destinado a centros “de especialidad complejidad educativa” para prevenir el abandono escolar temprano, una de las grandes lacras de la educación en España.

Más plazas para el primer ciclo de infantil

Impulsar la oferta de plazas públicas de Educación Infantil, una etapa no obligatoria, es uno de los objetivos declarados del Gobierno de coalición declarado desde el acuerdo de Gobierno. Educación aprovecha ahora parte de los fondos europeos para darle un empujón: destinará 201 millones de euros, en colaboración con las comunidades autónomas, para crear plazas públicas en el primer ciclo (de 0 a 3 años), con especial énfasis a las niñas y niños de 1 y 2 años. Es la tercera partida más grande de los fondos europeos dedicada a Educación.

Desprivatizar las costas, proteger ecosistemas y lanzar la economía circular

La inyección económica europea que reciben los presupuestos de 2021 le ha sentado bien a las políticas verdes. Los programas alimentados con los fondos de recuperación suman más de 1.500 millones de euros. ¿El destino? Desde la recuperación de la costa a base de impedir su “destrucción física” y desprivatizar el litoral al impulso de la economía circular, la del reciclaje y la reutilización, que recibe 500 millones de euros directos. Además, la financiación comunitaria ha permitido sumar 600 millones para conservar ecosistemas, ya sean marítimos o terrestres.

150 millones para frenar el expolio de acuíferos y 20 para “prevención meteorológica”

La aportación extra que llega por el plan europeo para salir de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 debe servir para aliviar los problemas de gestión de agua que se le acumulan a España: hay 149 millones para detener el expolio de los acuíferos para el regadío intensivo, conseguir depurar correctamente las aguas residuales y aplacar el riesgo de inundación por el desbordamiento de ríos cuando se producen tormentas torrenciales. Y una propina relacionada: aparece una partida de 20 millones para “prevención meteorológica”. La nueva situación que provoca el cambio climático ha revelado como es cada vez más útil poder anticiparse a episodios violentos, ya sean olas de calor, picos de contaminación o borrascas destructivas. Los avisos a la población se han convertido en materia de salud pública.

Hacia el (deseado) 2% del PIB en inversión pública y privada en I+D+i

Los fondos europeos van a permitir una subida de la inversión civil en I+D+i del 80%, hasta los 11.483 millones de euros. De ellos, 4.752 millones son fondos europeos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Hay además otros 861 millones para Investigación, Desarrollo e Innovación Militar. En total se trata de 12.344 millones de euros, con los que España trata de ponerse al día. El país lleva años con una inversión en I+D que supone la mitad de lo que se destina en Europa. Los informes anuales de Cotec, que muestran el conjunto de esta inversión, tanto la parte pública como la privada, señalan que sigue estancada en el 1,20% del PIB, lejos del objetivo para 2020 del 2% de este indicador. Este porcentaje es la media europea de este tipo de inversión. Se desconoce qué porcentaje del PIB de 2021 supondrá la importante subida incluida en el proyecto de presupuestos, aunque con la caída prevista del PIB solo con no bajar la inversión el gasto relativo subirá notablemente, a falta también de conocer cuál será la inversión privada.

El presupuesto del Ministerio de Duque también crece un 60%

Por su parte, el propio presupuesto del Ministerio de Ciencia que dirige Pedro Duque crece casi un 60%, hasta los 3.232 millones de euros, frente a 2020 (1.100 de ellos de fondos europeos). La subida en concreto es de 1.200 millones de euros. Pasa de ser el 1,2% del total al 1,4%. Habrá que ver más adelante cómo se concreta la ejecución de todo este presupuesto. Según el informe de la Intervención General del Estado de 2019, el año anterior España no gastó ni la mitad del presupuesto de ciencia. Más del 90% del presupuesto no ejecutado corresponde a préstamos que casi nunca se ejecutan, pero que sirven para maquillar las cifras de inversión.

Según el Gobierno, además de avanzar en el porcentaje de PIB se pretende atraer y retener el talento investigador, además de favorecer el retorno de personal investigador, equiparar los derechos del personal investigador predoctoral, y estabilizar y rejuvenecer la plantilla de personal en los centros de investigación públicos, con una mejora de las condiciones laborales, entre otras cuestiones.

Inyección extra para la dependencia a medio plazo

Los servicios sociales y la dependencia van a recibir una inyección extra gracias a los fondos europeos. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 prevé destinar los 603 millones que prometió como ‘plan de choque’ para recortar las listas de espera y aumentar las cuantías del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), provenientes de fondos ordinarios. De Europa, concretamente del programa para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, irán otros 1.154 millones repartidos entre distintas áreas sociales. 708 millones de ellos, han explicado fuentes del Ministerio, son para dependencia, aunque no directamente para el SAAD sino para programas que podrán desarrollar las comunidades –infraestructuras, renovaciones de equipos, licitaciones– más a medio plazo.

Asistencia integral y 24 horas para las víctimas de violaciones

El Ministerio de Igualdad también gestionará parte del dinero procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de Europa. En concreto, 49 millones de euros que utilizará, entre otras cosas, para la puesta en marcha de los llamados “centros de crisis” para víctimas de agresiones sexuales y cuya creación contempla la futura Ley de Libertad Sexual, que aún está en fase de trámite. Este tipo de servicios tienen un carácter integral y el objetivo es que haya al menos uno en cada provincia. Se trata de recursos de emergencia 24 horas que brindan a las víctimas información, asesoramiento y acompañamiento psicológico y legal tras una violación.

Este tipo de servicios apenas están implantados en nuestro país –recientemente se abrió el primero en Madrid–, pero cuentan con mucha presencia en varios países de Europa y Estados Unidos. Varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, llevan tiempo reclamándolo hasta alcanzar la ratio de uno por cada 200.000 mujeres que recomienda el Consejo de Europa.

El Gobierno no especifica en el proyecto de Presupuestos qué montante de los casi 50 millones de euros del fondo europeo irán destinados a esta política, pero prevé también utilizar parte para otras cuestiones relacionadas con la violencia de género. En concreto, la “modernización” y la ampliación de los servicios de atención a las víctimas a todos los tipos de violencia sobre la mujer: el teléfono 016, la teleasistencia y las pulseras de control utilizadas para vigilar telemáticamente a hombres investigados por maltrato. Se trata de una intención que ya ha deslizado en muchas ocasiones el Ministerio de Igualdad y que implica que estos recursos no solo estarán disponibles para mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas o exparejas, como ocurre ahora, sino que podrán acceder otras víctimas, como las de violencia sexual, trata o mutilación genital.

Con información de Belén Remacha, Raúl Rejón, Marta Borraz, Marina Estévez Torreblanca y Daniel Sánchez Caballero.