De los delfines enredados a las aguas contaminadas: España sigue segunda en la lista de infractores ambientales de la UE

Delfín atrapado en una red de pesca Greenpeace

14 de enero de 2023 21:47 h

Actualizado el 15/01/2023 05:30 h

España siempre ha sido uno de los países con más infracciones ambientales de la Unión Europea. Y a pesar de que lleva dos años seguidos rebajando los casos abiertos, los 22 expedientes vivos al cerrar el año pasado dejan al país aún en el segundo puesto del ránking europeo.

España tiene problemas, sobre todo, con la calidad del agua, la protección de la naturaleza y la gestión de residuos, tres asuntos que copan los expedientes. Y está entre los principales infractores –la lista la encabeza este año Bélgica, con 24–. Le acompañan Grecia, Polonia, Eslovaquia y Francia. Los menos infractores son Países Bajos, Estonia y Dinamarca.

Además de certificarse la sentencia contra España por la contaminación del aire de Madrid y Barcelona, los casos más relevantes que se han movido en 2022 incumben a la falta de protección de Doñana, la contaminación química del agua o las muertes de mamíferos, tortugas y aves marinas en las redes de pesca.

A vueltas con Doñana

La Comisión Europea conminó a España en julio de 2022 a “implementar rápida y efectivamente el fallo del Tribunal de Justicia de junio de 2021” que confirmó que había “fallado a la hora de asegurar una gestión sostenible de las aguas subterráneas que alimentan el humedal”.

Bruselas advirtió a España de que “las medidas puestas en marcha son insuficiente para acabar con la infracción” que también incluía la incapacidad de “detener la degradación de hábitats naturales protegidos designados alrededor y dentro del parque nacional”.

La cuestión es que, entre la sentencia contra España y esta advertencia por escrito, la Comisión Europea vio cómo el Parlamento andaluz comenzaba a tramitar una ley (a propuesta de PP, Vox y Ciudadanos) para amnistiar 1.900 hectáreas de fincas de regadío que usan agua subterránea del entorno de Doñana sin permiso. El proyecto decayó por las elecciones autonómicas, pero no ha sido enterrado del todo por el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla.

El aviso europeo especificaba que si la respuesta española seguía siendo insatisfactoria, la Comisión tiene capacidad para remitir de nuevo el caso ante los magistrados y “pedir multas económicas”. A finales de 2022, el Ministerio de Transición Ecológica presentó un plan de rescate para Doñana que contempla la compra de fincas para reducir la presión sobre el acuífero.

Delfines y marsopas

La Comisión Europea abrió expediente a España en julio de 2020 por no hacer lo suficiente para evitar que, por ejemplo, los delfines y las marsopas –ambas especies “estrictamente protegidas”– acaben muertos por enredarse en las redes de pesca industrial. Tampoco había dado “los pasos necesarios para evitar la perturbación de las especies en las áreas marinas protegidas designadas”.

Dos años después y a pesar de que en marzo pasado el Gobierno publicó un Plan nacional para reducir estas capturas, Bruselas ha debido remitir un ultimátum por no haberse subsanado estas deficiencias. La siguiente parada es el Tribunal de Justicia. España no ha vigilado bien el estatus de conservación de varias especies víctimas de la pesca accidental además de tampoco controlar adecuadamente las capturas accidentales que se producen en sus aguas o por su flota.

Los estados miembros tienen la obligación de proteger y evitar las muertes de especies como la marsopa, los delfines mulares y comunes, la tortuga boba, la foca gris o varias aves marinas. Y la evidencia muestra que todas ellas son capturadas por las artes de pesca de manera indeseada por los sedales perdidos en el mar. La dimensión es abrumadora: cuatro millones de embarcaciones pescando por el mundo dejan cada año en el agua tanto sedal pesquero como para dar 400 veces la vuelta a la Tierra: más de 16 millones de kilómetros de líneas.

Pendiente de juicio por los nitratos en el agua

España está pendiente de juicio. Los magistrados europeos deben examinar la denuncia de la Comisión Europea que considera que España no cumple la ley sobre la contaminación con nitratos del agua. Un peligro para “la salud pública y el medio ambiente”.

Cada año se vierten en el país un promedio de 800.000 toneladas nitrógeno al medio ambiente. Proviene de lo utilizado para favorecer la producción agrícola y ganadera y acaban en el agua. La misma Comisión Europea, antes de llevar a España al Tribunal, expresó en un informe que el país tiene “mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura”.

El Gobierno es consciente de la dimensión del problema ya que, en un informe de la Dirección general del Agua de diciembre de 2020, admitía que para solventar la situación son necesarias “reducciones más ambiciosas que las inicialmente consideradas, estimadas en un 25%”. Y que, de los 1.235 puntos con exceso de nitratos filtrados que tienen controlados, solo 693 alcanzarán un buen estado para la fecha límite de 2027.

Estos son solo casos que han tenido novedades a lo largo de 2022. Además, España arrastra otros 19 expedientes que están pendientes. Entre ellos sigue vivo el caso por el tratamiento defectuoso de aguas residuales urbanas o la deficiente protección del delta del río Llobregat.

Además, otro grupo de expedientes están bajo revisión de la Comisión una vez emitido el último aviso antes de pasar a los tribunales de justicia. Entre estos sigue la caza de pájaros silvestres por su canto o el incumplimiento de la sentencia sobre las medidas de compensación ambiental por los daños de la –nunca culminada– obra de AVE transversal en Andalucía.

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