Vivienda, España y libertad

Desde que la vivienda pasó a ser objeto de especulación y se convirtió en un activo financiero, donde los precios funcionan por expectativas a futuro, la dificultad para acceder a una no ha dejado de aumentar. En España esta realidad convive con un mercado laboral atorado por la precariedad, junto con una inversión social escasa y regresiva que nos coloca a la cabeza de la UE en desigualdad de rentas y a la cola en ayuda a las rentas más bajas. La falta de acceso a la vivienda es uno de los principales factores que explica la desigualdad en nuestro país, lo cual provoca desahucios, aumenta la morosidad y lastra el potencial productivo.

Si hay algo que hace indisociable lo material con lo simbólico, capaz de anudar lo cultural, lo aspiracional y el modelo productivo en un mismo plano, es la vivienda. Para entender cómo la vivienda logró ubicarse en el corazón cultural, económico y político de nuestro país, es necesario remontarse a la tradición inaugurada en el franquismo que, a diferencia de la mayoría de los países en nuestro entorno, impulsó la tenencia en propiedad desde las instituciones del Estado. José Luis Arrese, quien fuera ministro de vivienda en 1959, entendía que la misión de los agentes inmobiliarios era la de intervenir en la transacción de la propiedad inmobiliaria; pero para eso, para que haya transacción, es preciso que primero haya propiedad. Ahí es donde interviene el Estado y genera la propiedad necesaria para que los agentes inmobiliarios pudiesen operar.

El expresidente Zapatero, sincerándose en una entrevista, afirmaba que en España no tenemos una política pública de vivienda. Quizá porque ha habido un cúmulo de intereses y de desfalcos. Es cierto que estamos la cola de la UE en volumen de parque público de vivienda, pero esta disparidad con Europa no se debe tanto a la ausencia de una política pública de vivienda, como a una política pública diseñada desde y para ese cúmulo de intereses que denunciaba Zapatero y celebraba Arrese. Esta política de vivienda, tal y como apunta el informe Foessa, opera sobre dos ejes centrales; en la adquisición de vivienda pública en título de propiedad y por el establecimiento de un periodo limitado de calificación de la vivienda protegida. Casi 7 millones de viviendas, que fueron construidas entre el año 1951 y 2015 con dinero público, acabaron finalmente en patrimonios privados en lugar de aumentar el parque de vivienda pública.

Como consecuencia de esta política hoy somos un país mayoritariamente de propietarios, cierto, aunque ese porcentaje ha descendido a niveles por debajo de 1991. No lo somos por naturaleza, se reguló políticamente para hacer de la propiedad el sustituto de un sólido Estado del bienestar y para producir un sentimiento transversal de empatía propietaria, que hiciese pasar los intereses particulares del negocio inmobiliario por los intereses generales de cualquier familia que se compra una vivienda. En España la antropología neoliberal está vertebrada alrededor de la vivienda y es en torno a ella donde se tejen los miedos y los anhelos hegemónicos; ese miedo inoculado contra cualquier cambio de modelo no sea que te quiten tu vivienda y el anhelo por contar con una garantía de seguridad en la vejez, una herencia a los hijos y quizás una inversión a futuro.

Una dinámica que se refuerza cuanto más se ataca a los servicios públicos y cuanto más distante parece una salida colectiva; en este caso cuanto peor, mejor. El ataque a las solidaridades compartidas y a los derechos sociales genera un sustrato cultural que, en lugar de fomentar el rechazo a esta dinámica, incide en intensificar la espiral destructiva. Este modelo inmobiliario que bombea a la economía española en alianza con la industria turística (somos el segundo país del mundo en llegada de turistas) y las infraestructuras (somos el tercer país del mundo en kilómetros de autovía) se ha demostrado social, productiva y ecológicamente fallido: no ha reducido la desigualdad, dificulta el acceso a la vivienda y nos especializa en sectores insostenibles de bajo valor añadido.

Sin embargo, cada vez resulta más complicado reproducir ese esquema cuando aumenta la población que vive de alquiler y se complica el acceso al crédito. Lo que se está rompiendo es todo un ciclo centrado en ahorrar, hipotecarse, acceder a la propiedad y cederla como legado a los hijos, para dar paso a uno nuevo donde las inversiones extractivas de rentas se centran en el alquiler. En España ya existe una creciente minoría que vive atrapada en un cepo, entre la imposibilidad de emanciparse –solo un 18% de los menores de 30 años lo consigue- y pagar unos precios del alquiler desorbitados. Una generación olvidada y condenada a tener que elegir entre susto o muerte, entre quedarse en casa de sus padres, compartir piso de forma involuntaria o dejarse medio sueldo en el alquiler.

En una sociedad mediada por el dinero como es la nuestra, no ingresar el suficiente dinero que permita acceder con seguridad a lugar donde poder dormir, lamina las expectativas de vida y segrega a la población atacando a la libertad. Asistimos a una economía del sacrificio cuyo principio rector es premiar a los ricos por ser ricos y castigar a los empobrecidos. Cuando hipotecarse con un banco se convierte en un privilegio y no existe el acceso a un alquiler asequible, lo que desaparece es la libertad de acción y la libertad de elección para vivir la vida con un margen de autonomía y decisión. La libertad solo está garantizada cuando cualquiera puede ser libre, de ahí que en democracia se impida a los intereses privados expropiar la libertad común en beneficio propio.

Cambiar España, su modelo político, económico, laboral, el modelo de bienestar, lo aspiracional, etc... pasa necesariamente por cambiar esa centralidad que ocupa lo inmobiliario. Nadie pone en duda la necesidad de aumentar la oferta de vivienda disponible, lo que se cuestiona es el tipo de oferta, en qué términos se plantea, de qué manera se aumenta y a qué objetivos responde. El enfoque que se adopta condiciona el sentido de las políticas: se decide entre si la vivienda se utiliza como un activo financiero o como el derecho de las personas a vivir en un hogar. Ya sabemos que cuando el Estado interviene como abogado del mercado, los precios se disparan aunque aumente la oferta: entre el año 2002 y 2008 el precio de la vivienda se duplicó al mismo tiempo que se construían viviendas como para alojar a toda Alemania.

En cambio, si el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda, la actuación a seguir pasa por equilibrar la balanza incorporando la figura del alquiler asequible y social con garantías. Son muchas las medidas a implementar en el corto, medio y largo plazo para alcanzar este objetivo, que van desde regular el precio de los alquileres, movilizar vivienda vacía, aplicar una fiscalidad variable para alquileres asequibles, regular el alquiler turístico, introducir la vivienda modular, reorientar la inversión privada hacia operaciones no especulativas o invertir en aumentar el parque de vivienda pública en alquiler por diferentes vías. Desarrollar el derecho a la vivienda permite desarrollar el potencial de nuestro país, pues reduce la desigualdad, aumenta la renta disponible, mejora la salud, cohesiona la ciudad y reduce las emisiones de Co2. Solo falta la voluntad política.