El colectivo de personas con discapacidad pide poner fin al Sistema de Dependencia low cost

A lo largo de 2019, 31.000 personas fallecieron en España sin recibir la prestación o el servicio que les reconocía la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 85 personas al día. Es el dato más dramático de cuantos indican que el Sistema de la Dependencia en España falla. Pero hay más. El tiempo medio de espera desde que un ciudadano o ciudadana solicita la atención prevista por la ley hasta que termina la tramitación completa del expediente es de 426 días. 621 en Andalucía. Son cifras de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales que señalan una realidad insoportable.

Sí, definitivamente el Sistema de la Dependencia está gripado o, al menos, funciona al ralentí. Y lo está porque en todo este tiempo ha faltado voluntad política de los sucesivos gobiernos y fuerzas parlamentarias para crear un marco financiero que permita su adecuado desarrollo. En 2006 se aprobó una ley que reconocía derechos esenciales para promover la autonomía de las personas con dependencia. Sin embargo, se aprobó dotarla de una financiación suficiente para que fuera efectiva. Y en ese mismo punto seguimos: es una ley low cost por la que la gente tiene que esperar lo indecible para que la Administración preste el servicio al que está obligada. Y tanta es la espera que la gente se muere. Hay figuras que prevé la Ley de la Dependencia, como la del asistente personal, que aún no se han implantado desde su aprobación. Existe una profunda desigualdad en su aplicación entre las Comunidades Autónomas. Y, mientras tanto, pasa la vida para las 270.000 personas que tienen reconocido algún grado de dependencia y que siguen en lista de espera.

No había dinero, se decía, para justificar los recortes del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas de todo color en época de recesión. No hubo dinero luego tampoco para nutrir los fondos destinados a la Dependencia superada la crisis financiera. Y ahora que llegan indicios de malos tiempos en lo económico de nuevo, ¿qué pasará…? La respuesta parece obvia.

Lo cierto es que España dedica actualmente el 0,7% de su PIB a la Dependencia. Se ha pasado en los últimos 15 años del 0,39 al 0,7. La inversión crece, pero demasiado poco. Ángel Rodríguez Castedo, exdirector general del Imserso y uno de los mayores expertos del país en protección social y servicios sociales, sostiene que se tendría que llegar al 1,5% del PIB a lo largo de la legislatura recién inaugurada. Ese incremento supondría dedicar 11.000 millones de euros más al Sistema de Dependencia para que deje de estar gripado. 11.000 millones de euros para salvaguardar los derechos de la ciudadanía en esta materia. Es una cuestión de justicia social. Y de prioridades.

La inversión pública justa, el 1,5% del PIB

España es la quinta economía europea. El decimotercer país del mundo en Producto Interior Bruto. La Atención a la Dependencia constituye el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Pero ha de ser tratado financieramente como tal, como le corresponde a un país potente como este. Los casi cuatro millones de personas que viven en España con algún tipo de discapacidad, 700.000 de ellas en Andalucía, y las personas mayores (en un momento histórico de crecimiento de la esperanza de vida) lo requieren,

Si se llegase a esa inversión pública equivalente al 1,5% del PIB, podría contratarse a un millón de personas en actividades relacionadas con el Sistema de Dependencia, asegura Rodríguez Castedo. Esas contrataciones paliarían el déficit de empleo en este sector. 8,5 de cada 100 puestos de trabajo a nivel nacional pertenecen al área sanitaria y de servicios sociales. La media en la UE está en 12,5. Hay países avanzados, como Finlandia (18), que duplican de largo este índice respecto a España.

Esas contrataciones conllevarían un fuerte gasto. Cierto. Sin embargo, buena parte de ese montante retornaría a las arcas del Estado. Estudios del Imserso sitúan ese retorno en el 60% en forma de impuestos y cuotas a la Seguridad Social, a lo que habría que sumar el ahorro que supondría para otras instancias de la Administración, especialmente para el sistema sanitario, la adecuada atención de las personas dependientes. Pero el valor social de un Sistema de Dependencia bien financiado es incalculable: le cambiaría la vida a miles de personas con discapacidad y a sus familias.

Se trata de un asunto fundamental para el presente y el futuro del país. Una cuestión con impacto directo en la vida del conjunto de la ciudadanía. De todos y de todas, no sólo de quienes vivimos hoy con una discapacidad. Porque… ¿quién no tiene o tendrá una persona con dependencia en su entorno más directo? ¿Alguien piensa que está libre de llegar a ser dependiente en algún momento de su vida? Sin embargo, las tertulias en los medios de comunicación no le dedican un minuto, no está en la agenda de los grandes medios, los hombres y mujeres de Estado de distintos colores no lo han tenido hasta ahora como prioridad. Es el momento de abrir el debate. CERMI Andalucía apuesta por ponerlo encima de la mesa de una vez por todas. Hay que financiar el Sistema de Dependencia para que funcione. Es sólo cuestión de voluntad política.