PP, Cs y Vox citan a Chaves, Griñán, Díaz y Montero en campaña a la comisión que investiga el uso de fondos públicos en prostíbulos
Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán estarán presentes en la campaña electoral del 10 de noviembre, aunque la sentencia del juicio por la trama política del caso ERE se haga pública después de los comicios. Los socios del Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, su aliado de extrema derecha (Vox) y la coalición de izquierdas Adelante Andalucía han registrado sendas listas con más de 60 comparecientes que citarán a declarar en la comisión parlamentaria que investiga el caso Faffe, el supuesto uso irregular de fondos públicos del Gobierno andaluz para fines no previstos, incluido gastos en prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz.
En esa lista están los últimos tres ex presidentes de la Junta, Chaves, Griñán, y la secretaria general del PSOE andaluz y actual líder de la oposición, Susana Díaz, además de siete ex consejeros socialistas de la Junta, incluida la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cabeza de cartel electoral por Sevilla. Montero fue nombrada consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía en 2013, dos años después de que se extinguiera la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), objeto de la investigación. Díaz ni siquiera formaba parte del Ejecutivo andaluz durante los años en los que se centra dicha investigación. Los socialistas acusan a PP, Cs y Vox de usar electoralmente la comisión parlamentaria para sacar rédito político.
La lista definitiva de comparecientes será aprobada en el Parlamento andaluz el próximo viernes, aunque las tres fuerzas conservadoras cuentan con mayoría para ratificar esos nombres. Adelante Andalucía ha registrado 52 comparecencias e incluye a los exconsejero José Antonio Viera, Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, procesados por el caso de los ERE. Hay un plazo legal de 15 días para hacer llegar la notificación a los citados a declarar, pero fuentes de la formación naranja estiman que las primeras comparecencias serán “a finales de octubre o principios de noviembre”, coincidiendo con la campaña electoral, que arranca el 1 de noviembre.
La Faffe era una empresa pública andaluza orientada a la formación de parados, que es objeto de otra investigación por presuntas irregularidades en los contratos de formación. Se trataba de un órgano dependiente de la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz que dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros entre 2004 y 2010, periodo en el que se detectaron los gastos irregulares en los prostíbulos.
La Faffe quedó extinguida en 2011 y su personal se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En 2016, Susana Díaz ordenó paralizar las políticas activas de empleo, cuando salieron a la luz las primeras irregularidades en la contratación a empresas de cursos de formación a parados. El tema concreto de los fondos públicos en varios clubes de alterne es una pieza separada de dicha investigación pilotada por la jueza María Núñez Bolaños, que también instruyó el caso del fraude de los ERE en su fase final.
Entre 2004 y 2010
El primer caso que salió a la luz tuvo lugar hace ocho años, en marzo de 2010, y luego han aflorado más gastos de un ex directivo de la Junta en otros cuatro prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz entre 2004 y 2010. Era un tema antiguo que recobró actualidad a principios de año, porque se está juzgando ahora en los tribunales, y porque el PP andaluz lo convirtió en su principal herramienta política para atizar a Díaz las puertas de las elecciones del 2 de diciembre. El actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, inició su campaña frente al edificio abandonado del prostíbulo donde, supuestamente, se usaron 32.000 euros de fondos para empleo (según un informe de la Guardia Civil). Ahora es su socio de Gobierno, Ciudadanos, quien impulsa la contraofensiva contra el PSOE de cara a las próximas elecciones generales.
El PP está personado en este asunto judicial desde el principio, tiene acceso al sumario y siempre ha ido políticamente por delante del ex Gobierno andaluz del PSOE y del resto de grupos de la oposición. Los populares fueron quienes solicitaron una comisión de investigación sobre la Faffe en el Parlamento, que fue respaldada por todos los grupos, incluido el PSOE. Díaz siempre se ha desligado del asunto, porque no formaba parte del Ejecutivo cuando los hechos ocurrieron, pero también ha dejado claro que el suceso le parece “repugnante, deleznable y asqueroso” y que su gabinete se personó como acusación en la causa judicial desde el principio.
Todo empezó un 22 de marzo
Los primeros hechos que se denuncian públicamente ocurrieron el 22 de marzo de 2010. Ese día, Fernando Villén, ex director de la Faffe, usó una tarjeta MasterCard asociada a dicha empresa pública en el prostíbulo Don Angelo, de Sevilla, el mismo en el que el PP andaluz citó a la prensa para arrancar su precampaña electoral. Desde esa tarjeta de crédito se realizaron 15 pagos sucesivos en menos de seis horas por valor de 14.737 euros.
En los extractos que se han hecho públicos aparecen facturas de 310 euros y de 1.470 euros. Sin embargo, los pagos de aquel día no constaban en la contabilidad de la tarjeta de Villén porque fueron anulados a la mañana siguiente de la fiesta en el club de alterne. Alguien -la Guardia Civil desconoce quién fue- se encargó de volver al prostíbulo y abonar la factura en efectivo, antes de que se cargase en la tarjeta. Pero los movimientos bancarios de esos casi 15.000 euros sí quedaron grabados. Posteriormente la Guardia Civil elevó los gastos a 32.000 euros.
Los populares fueron los primeros en airear los datos de la tarjeta de Villén. Luego la Consejería de Empleo inició una investigación interna sobre la MasterCard y, al no encontrar nada sospechoso en la contabilidad, solicitó los extractos de gasto de la tarjeta a la entidad bancaria responsable (Unicaja). Así se descubrió el desembolso de los casi 15.000 euros en un club de alterne entre las 20.57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del día siguiente. La documentación se puso en conocimiento del gabinete jurídico de la Junta que, el 1 de junio de 2018, la remitió a la magistrada.
Un mes después, la Junta encontró una segunda tarjeta de crédito asociada a la Faffe y en posesión de Villén, en este caso contratada con la Caja San Fernando (hoy día La Caixa). La Consejería de Empleo también ha solicitado reiteradamente los extractos bancarios a esta entidad -el mismo día que se lo requirió a Unicaja y una vez más el pasado 24 de julio- pero su titular, el ex consejero Javier Carnero, aseguró que el banco le niega dicha información. Carnero ha comparecido hasta en cinco ocasiones en el Parlamento para dar explicaciones sobre este caso, aunque se ha negado a aportar los datos que le reclama la oposición, argumentando que es información reservada del sumario.
El consejero sí explicó en la Cámara que, más allá de esos 15.000 euros, su departamento había detectado otro movimiento sospechoso en la contabilidad de esta segunda tarjeta: devoluciones por un importe de 23.000 euros entre los años 2004 y 2008, que la Junta entiende eran para “compensar” el gasto que hizo Villén en “temas personales” con cargo a la tarjeta de crédito que tenía a su disposición exclusivamente para gastos relacionados con su trabajo. El anterior Gobierno socialista sí admitió entonces que “desconocía” el uso que se hizo de esos 23.000 euros de fondos públicos, que luego fueron repuestos.
