Andalucía se dota de una Ley de la Juventud “sin medidas concretas” nuevas
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de la Juventud, cuyo primer borrador se presentó hace cuatro años (en 2014). La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, ha defendido que la norma es pionera y que obligará al resto de consejerías (Empleo, Vivienda…) a regular medidas concretas para los jóvenes de entre 14 a 34 años, aunque eso ya lo vienen haciendo desde hace tiempo.
Los periodistas convocados han intentado saber qué medidas específicas introduce esta nueva ley, qué cambiará en las políticas públicas cuando entre en vigor y qué beneficio reportará a los destinatarios, es decir, a la población joven. Sánchez Rubio, sin embargo, ha explicado que la ley es “un marco general” y que el nivel de concreción tendrá que plasmarse en un posterior plan de desarrollo reglamentario. La tozudez de la prensa ha empujado finalmente a la consejera, visiblemente incómoda, a decir: “Las medidas con detalle no vienen recogidas en la ley, vienen en plan global”, ha sentenciado.
485 millones
La Ley de la Juventud, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, contará con un presupuesto de 485 millones en los primeros cuatro años de vigencia. Es una norma de rango superior que viene a ordenar todas las medidas diseminadas del Gobierno autonómico dirigidas a los 1,4 jóvenes andaluces (23% de la población), como las que facilitan el acceso al primer empleo o a un préstamo hipotecario o las que computan la edad para alquilar una vivienda.
El texto de la norma otorga prioridad a los jóvenes andaluces menores de 30 años en el acceso a políticas sociales “cuando la tasa de paro juvenil en Andalucía esté por encima de la media europea”, para lo cual propone articular “medidas extraordinarias”. Este escenario ya se está dando ahora. En el primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo juvenil en Europa es del 17%, en España es del 36% y en Andalucía ronda el 50% (con picos del 70% para menores de 20 años). Pero la Junta tampoco ha aclarado cuáles serían esas “medidas extraordinarias” aunque no estén desarrolladas reglamentariamente. La consejera ha asegurado que esto “se fijará más tarde en un plan de empleo juvenil”, aunque el Ejecutivo andaluz ya tiene planes de empleo juvenil en vigor.
Marco de “máximo rango”
Ante la insistencia de los periodistas, Sánchez Rubio, visiblemente incómoda, ha respondido que “la ley tiene 55 folios que les podemos leer aquí, pero no es lo más adecuado”. La consejera ha insistido en que “no es lo mismo un plan que una ley, lo concreto de la ley es que se hará un plan”. El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, hasalido al paso con otra explicación: “Esta ley obliga a que el resto de normas de la Junta, en Empleo, Vivienda, etc… tengan en cuenta el mandato de dar prioridad al colectivo de jóvenes. Digamos que lo que hasta ahora era un compromiso de las consejerías ahora será una obligación”. La conclusión del Gobierno andaluz es que, por encima de todo, era necesario regular las políticas para la población juvenil con “un marco normativo de máximo rango”. “No se puede seguir regulando las políticas juveniles con órdenes o decretos” dice la consejera.
El proyecto de Ley de la Juventud ya fue duramente criticado por el Consejo Económico y Social (CES), que lamentó en un informe que “no presentase elementos novedosos que faciliten el diseño y la adopción de las medidas y acciones que la realidad del colectivo requiere de manera imperiosa”. El CES valoró el texto legal “en consideraciones generales”, pero consideró que era “un compendio de instrumentos normativos ya existentes para conformar un solo marco normativo con rango de ley, y dotar así de unidad y homogeneidad a las distintas y diversas actuaciones que el Gobierno de Andalucía desarrolla en materia de juventud”.
