Andalucía es la única comunidad que aún no ha desarrollado el Bono Alquiler Joven según el Defensor del Pueblo Andaluz

Este pasado enero el Ejecutivo central aprobó el Real Decreto que regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda. A partir de ese momento, correspondía a las gobiernos autonómicos desarrollar las respectivas normativas en el marco de su territorio, previo consenso con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Pues bien, “iniciado el otoño, aún nos encontramos con que dos programas esenciales de ayudas económicas”, como apunta el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, “aún se encuentran sin desarrollar en Andalucía”. De ahí que el defensor de los andaluces haya decidido iniciar una queja de oficio para interesarse por la falta de convocatorias del Bono Joven al Alquiler y otros programas de ayuda a la vivienda para personas vulnerables en Andalucía.

De acuerdo con Maeztu, corresponde a las Comunidades Autónomas gestionar y regular los términos de la convocatoria de ayudas al alquiler, previo acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, a diferencia del resto de regiones, “Andalucía es la única comunidad autónoma en la que aún no se han aprobado las bases reguladoras ni publicado la convocatoria del Bono Alquiler Joven”, como señala el Defensor en nota de prensa.

Ayudas para las personas vulnerables

Asimismo, Maeztu recuerda que el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 contempla diversos programas de ayudas económicas que pretenden facilitar el derecho a la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad (víctimas de violencia de género, personas sin hogar, entre otras), en un momento marcado por la crisis económica originada por la pandemia del Covid-19 y agravado por la inflación causada por la guerra en Ucrania.

Respecto al ejecución del citado Plan Estatal, este comisionado parlamentario ha recordado que se necesita la firma del preceptivo convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Andalucía. Firma que se llevó a cabo el 16 de agosto, pero aún no se ha publicado en el BOE, con un compromiso financiero por parte del Ministerio de 246,7 millones de euros para los programas a los cuales se haya acogido nuestra comunidad.

En este punto, el Defensor expone que la Consejería andaluza de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sí aprobó el pasado junio una orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas de alquiler, en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

Solicitud de informes a la Consejería

Sin embargo, “aún no se ha procedido a la convocatoria de dichas ayudas, dándose la circunstancia de que han transcurrido dos años desde la última convocatoria de ayudas al alquiler a colectivos vulnerables”, recrimina Maeztu, para quien “es responsabilidad de los poderes públicos cumplir con el mandato constitucional y estatutario de promover las condiciones y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, adoptando todas las medidas que contempla nuestro ordenamiento para ello”.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz ha iniciado queja de oficio y ha solicitado a la Viceconsejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que remita los informes pertinentes sobre las actuaciones que se estén realizando para la convocatoria de estas ayudas, “de las que la ciudadanía andaluza con mayores necesidades se encuentra a la espera”, así como sobre la fecha aproximada en la que las mismas puedan estar vigentes.