Anticorrupción pone el foco del caso ERE en la ayuda de 22 millones de la Junta a Altadis

El caso de los ERE parece no tener fin. En esta ocasión, la Fiscalía Anticorrupción retoma la parte de la causa de los expedientes relativos a las ayudas sociolaborales para prejubilaciones, en concreto uno de los 126 expedientes que se investigan (con una dotación total de 582 millones). Se trata del ERE de Altadis, que contó con una ayuda de más de 22 millones de euros otorgada por la Junta a la multinacional tabaquera de Sevilla, según detalla la Fiscalía. Las ayudas a empresas, por otro lado, suman un total de 275 expedientes, habiéndose pagado más de 127 millones de euros.

Anticorrupción pide a la jueza Alaya que se cite de nuevo como imputados a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, a los exdirectores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Antonio Valverde, y a la exasesora de la Consejería de Empleo María José Rofa. Además, pide que se dicte resolución contra el que fuera secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, la también sindicalista de UGT Blanca Uruñuela, y los representantes de CCOO Antonio Perianes Pedrero y Francisco Figueroa, así como José Luis Relea por parte de Altadis, por su presunta participación en los hechos del ERE de Altadis.

UGT, CCOO y la propia Altadis deberán ser responsables civiles subsidiarios, según la Fiscalía, de las consecuencias judiciales de unos hechos que pudiesen ser constitutivos de delitos de prevariación, falsedad y malversación de caudales públicos. Aclara la Fiscalía que aún no consta la confección e incorporación a la causa de gran parte de los informes de la Dirección General de Seguros y de la UCO de la Guardia Civil relativos a los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta de Andalucía con cargo a los programas 22E y 31L, si bien atiende al informe pericial de la Intervención General del Estado.

“Los pagos realizados hasta el año 2010 por la Agencia IDEA suman 20.477.820,45 euros conforme al desglose que se recoge en la página 449 del informe pericial, a los que habría que añadir la cantidad 1.848.125,55 mediante los denominados 'pagos cruzados' ordenados por Francisco J. Guerrero Benítez, cantidades que abonaba la agencia IDEA para el pago de primas de determinadas pólizas que, por su orden, se aplicaban a otras pólizas o compromisos”, resume la Fiscalía, rememorando las firmas precedentes de los convenios establecidos al efecto en los que participaron supuestamente los exdirectores comentados.

“Sin procedimiento legal establecido”

Dentro del apartado de evidencias y conclusiones del citado informe pericial, la Fiscalía cita por ejemplo que “no consta en el expediente examinado la existencia de ningún análisis económico realizado por la Junta de Andalucía que ponga de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario,

especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones asumidas por la Junta“.

Argumenta el Ministerio Público que “en la concesión de esta subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” o que “no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo” ni “la existencia de ninguna norma dictada por la Junta de Andalucía en la que se publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios, así como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a conceder para la financiación del coste de los ERE, por lo que los sistemas elegidos por la Consejería para determinar tanto a la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales”.

Asmismo, pide a la jueza que se oficie a la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía para que acompañe todas los escritos remitidos por la Junta en relación al conflicto sociolaboral de los trabajadores de Altadis y que se oficie a la Dirección General de Seguros y a la UCO de la Guardia Civil para que acompañen los informes relativos a esta pieza de investigación. Por úlitmo, requiere a la Junta que aporte todas las agendas de las personas imputadas en la presente causa que desempeñen o hayan desempeñado cargo o puesto en la misma en el periodo objeto de investigación.

La Fiscalía entiende, por otra parte, “lo limitado de los recursos humanos y materiales del juzgado y el innegable y prolongado esfuerzo que se realiza por todo el personal del mismo”, por lo que, de ser acordadas las diligencias que se proponen, “deberá procederse a un importante refuerzo de éste”.