La Línea: “Los narcos van en gran cilindrada y nosotros en Citröen antiguo”

Que una veintena de encapuchados entren en un hospital y se lleven a un narcotraficante detenido con la mayor impunidad ha sido el último ejemplo de lo que está sucediendo en La Línea. La ciudad gaditana es ahora el centro de las miradas a nivel nacional y se debate entre la indignación por la imagen que se proyecta de ciudad sin ley y la necesidad de levantarse para pedir a las administración un plan integral de actuaciones para atajar el problema.

La droga es el azote de una zona donde no hay trabajo y donde muchos toman el camino de formar parte del entramadO de las mafias. Los que no tienen reparos para convertirse en informadores reciben el sobrenombre de “aguadores”; los que desembarcan la droga a toda velocidad son los “paqueteros” y después hay conductores de lanchas o de potentes todoterrenos para que la mercancía llegue en el momento indicado, burlando la vigilancia de las fuerzas del orden, que normalmente pelean en inferioridad porque no cuentan ni con los medios con el personal necesarios. Por hacer esos trabajos cobrarán cantidades que les permitirán llevar un altísimo tren de vida y, en muchos casos, sin temor a que el peso de la ley caiga sobre ellos.

Porque otra de las aristas de este problema es el de las medidas judiciales. Abdellah El Haj, conocido como el Messi del hachís, el marroquí al frente de la considerada como la mayor organización criminal de tráfico de hachís que opera en España a través del Estrecho de Gibraltar, fue detenido por la Guardia Civil el pasado mes de diciembre y a los pocos días quedó en libertad tras pagar una fianza de unos 100.000 euros. Así de simple.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presume de que la eficacia policial ha permitido incrementar en un 300% las incautaciones de cocaína y en un 45% las de hachís en la comarca del Campo de Gibraltar. Los datos de 2016 dicen que la producción de Cádiz supone el 40% del total nacional incautado y eso habla de un movimiento que necesita, según los sindicatos policiales, una apuesta mucho mayor por parte del Gobierno central.

Paco Mena,  presidente de la Coordinadora Comarcal contra la Droga 'Alternativas', tiene claro que “lo que está pasando es fruto de la inoperancia de las administraciones. Desde el Ministerio del Interior se ha permitido que se pierda el principio de autoridad y por eso se impone la impunidad. Aquí se permite que se apedree un coche de la Guardia Civil y no pasa nada. Hay que retomar el orden para que no se deteriore más la imagen de La Línea y del Campo de Gibraltar ante toda Europa. Con todo esto, quién va a querer venir. Nadie querrá ocupar una plaza en el Hospital, ningún profesor querrá venir y lo mismo sucederá con los cuerpos policiales. Las administraciones tienen que estar todas a una”.

Se estima que son unas 30 las bandas que operan con droga en La Línea y eso se traduce en unas 3.000 personas que viven por y para regatear los controles policiales en su intento por introducir en España un cargamento que, en muchas ocasiones, tiene a Holanda como destino, que ya es considerado en el mundillo como un auténtico narcoestado.

“Esto no pasa ni en las películas de humor”

Los medios con los que cuentan tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil son muy limitados y así lo denuncia Antonio Olivencia, coordinador del Campo de Gibratar del Sindicato Unificado de Policía (SUP). “Medios tenemos muy pocos, tanto materiales como personales, estamos bajo mínimos. Hay un déficit de unos 300 policías. La Línea necesita entre 130 policías para paliar algo. Basta decir que los narcos van en todoterrenos de gran cilindrada y nosotros en un citröen antiguo. Esto no pasa ni en las películas de humor. Después de las demandas y denuncias que hicimos a la administración, con todo el desparpajo y la desfachatez, el señor ministro nos mandó un todoterreno que ya tenía 400.000 kilómetros. Parecía que se estaba cachondeando de nosotros”.

Y tres cuartos de lo mismo sucede con la vigilancia aduanera. Así lo explica Luis Baltar, responsable y portavoz del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT). “La problemática viene a ser la misma que la de los policías. Tenemos un helicóptero al que le tiran piedras, que está continuamente sujeto a agresiones en el barrio de La Atunara. No tenemos personal porque la administración no saca las plazas disponibles. Hay que modificar muchas cosas en la legislación y en la forma de actuar. Además, hay que adaptar los medios a los tiempos que corren, contar con nuevas embarcaciones, nuestros vehículos están anticuados y con muchos kilómetros”.

Víctor Sánchez, agente de la Policía Local, falleció el pasado mes de junio en una persecución, en aquel caso en un asunto relacionado con el contrabando de tabaco. El caso llamó la atención y el Ministerio del Interior mandó unidades de intervención temporales, pero esto resulta insuficiente en una zona con tanta actividad criminal. Antonio Olivencia hace hincapié en que “los narcos saben que ese incremento policial sólo durará un tiempo y en vez de irse a La Línea se van a Barbate o a Sanlúcar de Barrameda. Aquí se necesita un personal definitivo, crear una unidad UPR (Unidad de Prevención y Reacción) de manera permanente. Los narcos cuentan con mucha más tecnología que nosotros: radares, cámaras técnicas... Hay que tener muy claro que tenemos la fábrica más grande del mundo de droga a 14 kilómetros”.

Más allá de medidas policiales

Pero, en cualquier caso, la solución no pasa únicamente por medidas policiales. Obviamente, son muchos los linenses que optan por dedicarse al narcotráfico porque el empleo escasea en esta zona. En barrios como La Atunara el índice de paro es del 80% y la droga es un modo de vida.

“Se han perdido cuatro generaciones desde los años 80. Ahora hay una generación que normaliza como forma de vida el narcotráfico y que no quiere estudiar. El más tonto gana 1.000 euros en un día. A ese gente, una vez que entra, qué se le puede ofrecer. Hay que hacer política educativa, de prevención, de hábitos saludables, crear un tejido industrial y que el que quiera tener una oportunidad pueda probar algo honrado”, expone Paco Mena.

“Espero que las administraciones tomen conciencia del abandono. Ahora entre 8.000 y 10.000 linenses tienen trabajo en Gibraltar cada día. Si cierran la frontera con el Brexit, apaga y vámonos, esto se convertiría en territorio comanche”, añade Mena.

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado al respecto que es el momento de “afrontar una política integral, con miras largas y no ser cicateros. O abordamos con carácter integral y no sólo con medidas policiales el desarrollo de políticas de intervención del Estado o no estaremos resolviendo nada, lo cual sería un error histórico que no perdonaría la gente del Campo de Gibraltar”.

El Subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, ha afirmado que espera que, “de una vez por todas”, la Junta de Andalucía “demuestre su implicación” con La Línea “aportando sus iniciativas en la mesa de trabajo que el Ayuntamiento va a convocar próximamente para las tres administraciones, a iniciativa del delegado del Gobierno en Andalucía”. 

El senador del PSOE por la provincia de Cádiz, Francisco González Cabaña, ha reprochado a Juan Ignacio Zoido, que la provincia de Cádiz “lleva camino de convertirse en el imperio del crimen organizado” y dice del Partido Popular que “es un Gobierno especialista en dejar pudrir los problemas y que ha hecho de la desidia el modus operandi ante las dificultades”.

La plataforma Por tu seguridad, por la de todos aglutina a buena parte de las fuerzas vivas de la ciudadanía linense y ha convocado una concentración el día 27 de febrero para decir basta a la indefensión que vive una ciudad que se siente abandonada, algo que puede hacerse extensivo a toda la comarca del Campo de Gibraltar.

Es la paradoja de una zona en la que una tela metálica diferencia a un lado el 3% de paro y al otro el 40%. Los alcaldes de la comarca llevan años pidiendo beneficios fiscales para que las empresas de Gibraltar se puedan establecer en La Línea y buscar sinergias donde todos salgan beneficiados. Por el momento la pasividad de las administraciones va en paralelo al movimiento de las mafias del narcotráfico.