La Junta de Andalucía deniega el teletrabajo a personal de la Agencia de Dependencia pese al acuerdo para facilitar la conciliación

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía no parece predicar con su tercer 'apellido' en algunos casos. La propia consejera, Rocío Ruiz, dijo el mes pasado que el teletrabajo es “una herramienta que se ha desvelado como una gran aliada para la conciliación, aunque con algunas limitaciones que hay que regular”. Esas “limitaciones” parece que les ha tocado, al menos, a casi todo el personal laboral de las delegaciones territoriales del Servicio de Valoración de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía con hijos menores de 14 años o dependientes a cargo, que han visto estos días cómo sus solicitudes para poder seguir trabajando desde casa de forma parcial para conciliar la vida laboral y familiar han sido denegadas, según denuncian empleados afectados y los sindicatos UGT, CCOO y CGT.

De igual modo les ha ocurrido a personas de riesgo ante el coronavirus. “Todas las personas pertenecientes a la Agencia que hubieran solicitado ser consideradas personal especialmente sensible por especial vulnerabilidad frente al COVID 19 (de riesgo), con independencia de que hayan recibido o no la resolución correspondiente, pueden realizar la actividad laboral presencial sin adaptaciones específicas ni cambio de puestos”, según ha hecho saber la propia Junta de Andalucía a la plantilla de la Agencia en un correo electrónico.

El pasado 19 de junio CSIF y UGT pactaron, con el rechazo de CCOO, la implantación de la modalidad del teletrabajo para determinados colectivos una vez que concluyera el estado de alarma. En dicho acuerdo constaba, entre otras cuestiones, que los trabajadores que tuvieran personas dependientes o menores de 14 años a su cargo podrían continuar desempeñando sus funciones en la modalidad de teletrabajo en el 80% de su jornada semanal, con lo que la modalidad presencial se limitará al 20%, lo que suponía a efectos prácticos una jornada laboral a la semana. Es más, en el plan de aplicación concreta para la incorporación progresiva de los trabajadores de la Agencia, suscrito entre la Consejería y UGT, CCOO, CGT y UITA, consta el “establecimiento de jornadas presenciales semanales parciales” y la “flexibilización” de la jornada laboral para personal con menores o dependientes a cargo.

Así las cosas, muchos empleados solicitaron poder seguir teletrabajando, justificando documentalmente su petición formal y personificada. El rechazo ha sido casi unánime en esos casos. “Prácticamente todas las resoluciones del personal de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia han venido denegadas, excepto alguna pequeña excepción”, apunta CCOO en un correo enviado a los trabajadores, donde explica que la agencia ha tenido a bien aplicar el acuerdo con CSIF y UGT, “ya malo de por sí, de la manera mas perniciosa” para las empleados, no así la Consejería, “que sí ha concedido los permisos de conciliación a personal funcionario e interino adscrito a nuestra agencia y que realizan las mismas funciones que nosotros y nosotras”. Dicho acuerdo “es en el que se han basado para elaborar las resoluciones de conciliación a quienes la habían pedido. Tristemente parece que no ha llegado el día aun en que la Agencia valore realmente el trabajo que hacen sus trabajadores y trabajadoras”, dice el sindicato.

“Se está evaluando caso por caso”

En ese sentido se pronuncia una trabajadora de uno de esos servicios que prefiere mantenerse en el anonimato: “En nuestro servicio se nos ha denegado a todos, alegando que con teletrabajo no se pueden atender bien los plazos de atención a personas dependientes. Hemos puesto el servicio al día a la espera de que los jefes digan cuándo se resuelven los casos, porque nosotros no podemos resolver sin que nos especifiquen cuántos podemos resolver cada mes. Distinto es aquellos que tienen que hacer informes en domicilios. Se achaca a la falta de recursos y presupuesto la denegación del teletrabajo, cosa que no es cierta”, lamenta.

En una de las resoluciones remitidas, según ha comprobado este periódico, se resuelve no autorizar la petición de conciliación por hijo a cargo porque “la modalidad de trabajo no presencial no garantiza la adecuada atención a las personas en situación de dependencia a través de los servicios y prestaciones que tienen reconocidos, así como cumplir con los plazos establecidos en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones de las personas solicitantes”.

Fuentes de la Consejería de Igualdad consultadas por este periódico explican brevemente a este respecto que “los servicios de valoración de la dependencia en las diferentes provincias, considerados como servicios esenciales, están estudiando caso a caso la incorporación a la actividad presencial del personal administrativo con hijos menores de 14 o mayores dependientes, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del propio servicio y de la situación personal y familiar de cada trabajador/a”. “Cada provincia está estudiando y valorando las posibilidades de teletrabajo en cada caso siempre que sea posible y que se garantice la prestación de este servicio público esencial para la ciudadanía”, añaden fuentes oficiales de Igualdad.

El control del cumplimiento de los plazos no depende del servicio territorial

La trabajadora afectada explica que “cada mes, dependiendo de los presupuestos y los recursos disponibles, nos dicen un número concreto de expedientes que se pueden resolver para cada tipo de prestación de dependencia (ayuda a domicilio, prestaciones por cuidados en el entorno familiar, centros residenciales, ...). En la resolución denegatoria dice que no se podrían cumplir los plazos para resolver un expediente que indica la ley. Esto puede ser cierto si el cumplimiento de los plazos dependiera sólo de los servicios territoriales, pero los expedientes se inician y se gestionan en algunas fases en los servicios sociales comunitarios dependientes de las corporaciones locales, por lo que, en estas fases, el control del cumplimiento de los plazos no depende del servicio territorial”.

“Todas las solicitudes han sido desestimadas”

“Es cierto que hay un retraso importante en la valoración que hacen los valoradores, funcionarios adscritos a la Delegación Territorial, pero el departamento de Valoración se reforzó recientemente con más valoradores. Hay expedientes que se pasan muchos meses preparados para resolver y a la espera que de que les llegue su turno. Durante el confinamiento y teletrabajando, hemos dejado en esta antesala todos los expedientes de los que teníamos la documentación completa en la sede del Servicio Territorial y, de habernos autorizado, se podrían haber resuelto teletrabajando de manera parcial (80% teletrabajo - 20% presencial), como se contempla en en el acuerdo para la conciliación”, explica la trabajadora.

Según otro correo enviado a los trabajadores de valoración de la dependencia, en este caso de uno de los sindicatos firmantes del acuerdo, UGT, se informa igualmente de que la Secretaría General de la Agencia no ha autorizado las medidas de conciliación recogidas en el acuerdo del 19 de junio respecto al personal de las delegaciones territoriales del Servicio de Valoración de la Dependencia con menores de 14 años o dependientes a cargo. “Todas las solicitudes han sido desestimadas sin tener en cuenta las circunstancias personales y la posibilidad de desarrollar el trabajo de forma no presencial”, asegura el sindicato, que anuncia que denunciará “el incumplimiento del acuerdo” suscrito en la Mesa General de Negociación Común del personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. “Esperamos que la Agencia rectifique y cumpla el acuerdo firmado por la Junta de Andalucía y aquellas trabajadoras/es que cumplan los requisitos puedan teletrabajar un 80% de su jornada laboral”, concluyen.

Estos trabajadores se han incorporado este lunes, 6 de julio, y los empleados que habían pedido seguir teletrabajando por ser personal de riesgo se incorporaron presencialmente unos días antes, en concreto el pasado 1 de julio. Esa circunstancia también ha contado con una posición en contra por parte de CCOO, UGT y CGT, ya que los trabajadores no habrían sido evaluados médicamente, según denuncian.

El correo de RR.HH., avanzado al principio de esta información, fue dirigido a los trabajadores con el siguiente texto íntegro, advirtiendo igualmente de la denegación en ese sentido: “Según la valoración realizada por el Servicio Médico de Prevención de la Agencia, atendiendo a las instrucciones derivadas de la finalización del estado de alarma el pasado día 21 de junio, que afectan a las medidas que se han venido aplicando a la consideración como trabajadora o trabajador especialmente sensible en el periodo pandémico de alarma, así como a las medidas adoptadas en los centros de trabajo y el nivel de riesgo actual, se nos informa que todas las personas pertenecientes a la Agencia que hubieran solicitado ser consideradas personal especialmente sensible por especial vulnerabilidad frente al COVID 19 (de riesgo), con independencia de que hayan recibido o no la resolución correspondiente, pueden realizar la actividad laboral presencial sin adaptaciones específicas ni cambio de puestos. Por todo ello, este personal deberá incorporarse a la modalidad presencial de trabajo el día 1 de julio de 2020”.

Personal de riesgo “sin evaluar”

Para CCOO, “la evaluación de las personas trabajadoras que han informado tener patologías previas debe hacerse de manera individual, en base a sus informes médicos y características particulares” en un proceso que “debe hacer el médico del servicio de prevención”. “Nadie ha recibido ese informe donde se indique que puede incorporarse a su puesto de trabajo sin ninguna adaptación, y abandonar por tanto el teletrabajo”, denunciando al tiempo que “el cumplimiento de las distancias sociales hace casi inviable hoy por hoy, la incorporación del total de la plantilla sin que suponga un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores/as de la agencia”.

Así lo corroboran los otros sindicatos citados (CCOO y CGT) en varios correos informativos remitidos a los empleados, según ha comprobado este medio, y la propia trabajadora informante: “No nos ha revisado nadie, solo con un cuestionario de la empresa de prevención que quedó a expensas de una evaluación médica que nunca se produjo”. La empleada señala que durante el confinamiento han hecho un “trabajo duro, incluso en fines de semana, para que se atienda antes a las personas dependientes. La gente se está yendo por esta situación y por otras anteriores, en una fuga sorprendente, aceptando contratos de seis meses en otros organismos. La dependencia se puede quedar muy mal de personal si esto sigue así, al menos en mi provincia, y eso se está reflejando ya en la atención a los dependientes”. La trabajadora señala que vuelven a su puesto de trabajo “solamente con mascarillas, porque el espacio es muy pequeño, y en muchos sitios lo que han hecho ha sido darle un empujón a las mesas”.

“No conozco a nadie que haya sido citado o pasado por una evaluación médica”, insiste la trabajadora. “Algunos de nosotros ni siquiera tenemos la revisión médica de empresa, unos porque han renunciado y otros porque se les anuló el pasado año y no han vuelto a ser citados. Así que la norma general para los laborales y funcionarios de los servicios territoriales es la incorporación de la totalidad del personal a partir del día 6 de julio”, añade.

Desde UITA (Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía) también se han trasladado quejas por la denegación de teletrabajo al personal especialmente sensible: “El procedimiento habitual, legal y transparente, no ha sido respetado con esta decisión, ya que no se ha realizado un informe individual, indicando uno de los cuatro niveles de adaptación y protección establecidos. Tampoco se ha enviado copia del informe emitido por el personal médico del servicio de vigilancia de la salud, al servicio de prevención, quien debe enviar copia a su vez, a la persona interesada”, señala la sección sindical.

“Vergüenza”

CGT, por su parte, según ha comprobado este medio en varios correos, tacha de “vergüenza” la situación de denegación de solicitud en ambos sentidos (personas a cargo o enfermedad). “Les hacen presentar tres veces la misma documentación para pedir conciliar por razón de menores o mayores a cargo, en un entorno de pandemia sanitaria mundial, sin colegios, sin campamentos, y la mayoría de ellos solo tienen como apoyo familiar a mayores considerados personal de riesgo. Tras la última vez que han pedido la solicitud, les dicen a una mitad que tienen que presentarla, a la otra mitad, que no, y luego deniegan todas o casi todas”.

Según CGT, “hay gente a la que se le ha dicho 'la modalidad semiprensencial no garantiza la atención de los dependientes'. Eso después de cuatro meses a piñón, teletrabajando y pese a que es la propia Junta la que se pasa los plazos de la Ley de Dependencia por la piedra. Vergüenza es evaluar el estado de salud de la gente sin verla y sin pedirle informes médicos. Vergüenza es incorporar a todo el mundo sin cumplir distancia de seguridad y ponernos en riesgo a tod@s”, denuncia la organización, cuya sección sindical ha aprobado convocar paros de protesta simbólicos durante este mes de julio.

“En el mejor de los casos la gente tiene que recurrir a los abuelos, que muchos son personal de riesgo, y en el peor tenemos gente que está dejando a los niños con los vecinos y algunos días se los van a tener que llevar al trabajo porque no hay con quién dejarlos”, lamentan fuentes de CGT, que indican que “trabajadores de riesgo y personal no esencial han estado meses teletrabajando y sacando adelante el trabajo pero ahora dicen que no se garantiza la atención al ciudadano y se deniega el teletrabajo”.

Esta agencia pública la componen empleados de dependencia, drogodependencia y teleasistencia, según fuentes sindicales. Los dos segundos grupos han sido considerados mayoritariamente desde el inicio de la pandemia como “servicios esenciales, si bien a algunos trabajadores del servicio de drogodependencia que han tenido oportunidad de teletrabajar ”se lo han quitado de golpe“, apuntan fuentes de CGT, que añaden que en la Agencia de Medio Ambiente ”también se ha denegado el teletrabajo de forma mayoritaria“. Estas fuentes denuncian que el propio director gerente de la Agencia de la Dependencia, Victor Manuel Bellido, se hace eco en redes sociales del valor del teletrabajo por parte de los empleados públicos durante el confinamiento.