El día que un diputado de Ciudadanos mandó callar a gritos al ex presidente Chaves en el Parlamento andaluz
La comisión del Parlamento andaluz que investiga las irregularidades en la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) durante los gobiernos del PSOE ha concentrado la estrategia política de los partidos andaluces en los dos últimos días de campaña electoral. Ha habido más agitación política estas últimas horas que en gran parte de la legislatura, aunque todos los grupos coinciden en haber presenciado “un circo bochornoso”.
El PP, artífice de esta comisión junto a Ciudadanos y Vox, ha colocado la comparecencia de los ex presidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, y la de la ministra en funciones, María Jesús Montero, a 72 horas del 10N. El objetivo era hacerles desfilar frente a las cámaras y responder ante los grupos sobre un espinoso caso de corrupción: una empresa pública, bajo investigación judicial, que presuntamente usó fondos para la formación de parados en otros fines, incluido fiestas en prostíbulos. A grandes brochazos, la matriz de este asunto se asemeja al caso de los ERE, la mayor trama de corrupción que salpica al anterior Gobierno socialista, y que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos, incluidos Chaves y Griñán, acusados de delitos como malversación de fondos y prevaricación.
Sobre la Faffe, extinguida en 2011, un informe de la Cámara de Cuentas destapó un agujero de 55,6 millones de euros sin justificar. En ese montante, supuestamente, se localiza el asunto más espinoso del caso, el uso que ex altos cargos de la fundación y del Gobierno socialista hicieron de sus tarjetas de crédito en varios prostíbulos andaluces. Una imagen destructiva para los socialistas, con una onda expansiva mayor al explotar en plena campaña. Los populares niegan el interés electoralista, aunque la campaña de las andaluzas del hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, empezó precisamente con una convocatoria de prensa a las puertas de un prostíbulo abandonado de Sevilla.
Un plantón y dos despistes
La estrategia del PSOE para no facilitar esa imagen a sus adversarios políticos ha consistido en el despiste burocrático de los dirigentes citados a declarar. Los ex presidentes, denuncia el PP, “han hecho todo lo posible por no recibir la citación” que les obligaba a acudir a dar explicaciones ante los grupos, según el reglamento de la Cámara. El artículo 502.1 del Código Penal regula el delito de desobediencia para aquellos que esquiven la obligación de testificar ante una comisión de investigación parlamentaria. Con todo, ni Griñán ni Díaz se han personado ante el órgano que dirime las responsabilidades sobre la Faffe. 24 horas antes del día en el que debían comparecer, ambos han enviado al presidente de la comisión un escrito alegando que no habían recibido el requerimiento vinculante, la “citación fehaciente” que les obliga a comparecer y declarar ante los grupos.
En el caso de Griñán, porque la citación no llegó a su domicilio por un error en la numeración de la calle. En el caso de Díaz, porque el cartero nunca encontró a nadie en su casa para firmar el recibí. El caso de la ex presidenta es el más llamativo para el PP. Otros ex consejeros socialistas, también llamados a declarar, han recibido el aviso de manos de un ujier en el Parlamento andaluz, donde aún trabajan como diputados de la oposición. Díaz está presente en la Cámara, pero no cogió la citación allí porque “no es su lugar de trabajo”.
La ministra en funciones, María Jesús Montero, sí ha rechazado explícitamente declarar ante la comisión de la Faffe, escudándose en un dictamen del Consejo de Estado -que ya usó en su día la ex ministra del PP Fátima Báñez- que concluye que los parlamentos autonómicos carecen de competencias para citar a un miembro del Ejecutivo central a una investigación en curso. Montero, número uno al Congreso por Sevilla y futurible sustituta de Díaz al frente del PSOE andaluz, participará en un debate electoral televisado en Madrid casi a la misma hora a la que debía comparecer. Los populares creen que el dictamen que usó Báñez no es aplicable en su caso, porque Montero no ha sido llamada en calidad de ministra, aunque la citación le llegó a su despacho actual.
La bronca con Chaves
El lío de las citaciones ha enredado sobremanera este asunto, alejando el foco de la campaña electoral, pero también del fondo de la cuestión, a saber: el supuesto menoscabo de fondos públicos destinados originariamente a crear empleo, en una comunidad que ahora tiene una tasa de paro del 21%, pero que llegó a superar el 30% durante el periodo que se investiga.
El único que firmó el recibí de la citación fue Chaves, que este jueves se personó solo ante la comisión de investigación, pero se negó a responder a las preguntas de los grupos, acogiéndose a su derecho a no declarar. Antes de marcharse, el que fuera ex presidente de la Junta durante 19 años lanzó una rotunda crítica a PP, Ciudadanos y Vox -sin nombrarles- acusándoles de “romper el principio de neutralidad política” del Parlamento andaluz por haberle convocado 72 horas antes de las elecciones. “Esta comisión afecta a la dignidad y la credibilidad del Parlamento andaluz. Es un acto de campaña de determinados partidos”, dijo, en una intervención muy tensa en la que el joven diputado de Ciudadanos y presidente de la comisión, Enrique Moreno, llegó a encararse con el ex presidente, darle voces, cortarle el micrófono varias veces y exigirle que no usara su turno para emitir críticas. “¡Que no tiene la palabra!!, llegó a vociferarle Moreno al ex dirigente socialista.
La intervención de Chaves se enmarcaba en la estrategia del PSOE -el ex presidente llevaba el escrito que leyó en una carpeta del partido-. Decidió no quedarse a escuchar las preguntas de las derechas, amparándose en un informe de los letrados de la Cámara, de 2016, que al evaluar un plantón similar concluyeron que los comparecientes no tienen la obligación de responder a las preguntas ni tampoco quedarse a oír la relación ni la textualidad de las preguntas de los grupos.
Ni PP ni Cs creen que del plantón se deriven responsabilidades penales, en cambio Vox ha anunciado que presentará una denuncia en el juzgado de guardia contra Chaves por un delito de desobediencia. “Han prostituido el Parlamento andaluz. Han tocado fondo”, se quejan desde la dirección regional del PSOE. El portavoz del PP andaluz, José Antonio Nieto, recordó que él compareció en el Parlamento de Catalunya en calidad de secretario de Estado de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para dar explicaciones sobre su gestión del procés independentista y el famoso 1 de octubre. ¿Hubiera asistido de haberle convocado a 72 horas de las elecciones?, le han preguntado. “Ojalá me hubieran llamado, habría ido encantado”, respondió.
“Bochorno y vergüenza”
Todos los grupos calificaron la escena vivida por Chaves de “bochornosa y vergonzosa”: las derechas poniendo el acento en la “huida” del ex presidente; las izquierdas señalando el electoralismo de la citación y la “actitud de macarra político” del diputado de Cs que dirigía la comisión. Incluso en las filas más veteranas del PP admitieron que Moreno se había “excedido” y que el puesto “le viene grande”. La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, valoró que lo ocurrido dificultaba el poder esclarecer el supuesto fraude de fondos para el empleo en la Faffe y, sin embargo, servía a la estrategia política tanto del PP, Cs y Vox como del PSOE. “Al final lo que ha ocurrido hoy sirve para que unos hagan campaña contra el PSOE y para que los otros denuncien la falta de respeto al ex presidente de la Junta. ”El objeto de estudio de la comisión queda anulado“, concluye.
La fundación Faffe fue creada en 2003, durante el Gobierno de Chaves, y disuelta en 2011, bajo el mandato de Griñán. Se trataba de una empresa pública andaluza orientada a la formación de parados, objeto de una investigación judicial por presuntas irregularidades en los contratos de formación. Entre 2004 y 2010, periodo bajo sospecha y en el que se detectaron los gastos irregulares en prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz, la Faffe dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros. El PP, que está personado en la causa como acusación particular, alude también a un auto de la Guardia Civil que habla de 3,1 millones de gasto sin justificar en restaurantes, fiestas, prostíbulos, reformas sin ejecutar en las sedes de la Faffe y unos 800.000 euros en autobuses.
Del asunto de los prostíbulos, una pieza separada de la causa principal, otro informe d ella Guardia Civil habla de un gasto de 32.000 euros procedentes de las tarjetas de crédito de los ex directivos de la Faffe, que usaron en 12 fiestas en los club de alterne en 2010. El dueño de ese club, el Don Angelo, está citado a declarar este viernes, último día de campaña. También tendrá que comparecer en el Parlamento andaluz el portador de una de esas tarjetas de crédito, el entonces director de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz, Fernando Villén.
Sin la Junta Electoral
Todo este asunto ha quedado diluido en una bronca de campaña electoral que ha impedido entrar en el fondo del asunto. El PSOE sugiere que se han vulnerado los derechos de sus dirigentes al colocar las declaraciones a las puertas de la cita electoral, siendo la única actividad parlamentaria de esta semana, porque incluso el Pleno que estaba previsto fue aplazado por unanimidad de todos los grupos para que no coincidiera con la campaña (como es habitual). Sin embargo, los socialistas no han pedido amparo a la Junta Electoral para denunciar lo que sí han denunciado ante los medios, a saber: que esta comisión justo ahora tiene un marcado carácter electoralista.
“No lo han denunciado, porque se quedarían sin argumento para no dar explicaciones”, replica el PP, que recuerda que ellos sí acudieron a la Junta Electoral para denunciar la entrevista que Pedro Sánchez concedió en la Moncloa, “y lo ganamos”. El PSOE andaluz sí presentó hace dos días un recurso ante la Junta Electoral contra la decisión de retransmitir en directo las comparecencias de los ex presidentes durante el periodo electoral a través de uno de los canales de Canal Sur Televisión. Es el Parlamento, por decisión unánime de todos los grupos, quien pide a la dirección de la RTVA que retransmita las sesiones de la comisión de investigación de la Faffe, como se hizo con anterioridad con el caso ERE y el caso formación. Sin embargo, ahora el PSOE se ha opuesto por coincidir con la campaña electoral.
Los socialistas también enviaron un escrito al director del Consejo de Administración de la RTVA, el periodista Rafael Porras, instándole a pedir al director del ente público, Juan de Dios Mellado, que “paralizase” la retransmisión de las sesiones hasta que hubiera resuelto la Junta Electoral, alegando además, que esta emisión no estaba prevista en el plan de cobertura electoral aprobado por el Consejo. Porras respondió el jueves que carece de competencias para decirle al director general de la RTVA que suspenda la retransmisión de un programa. El periodista sostiene que la emisión en directo de las sesiones de la comisión de la Faffe no entró en el plan de cobertura electoral, “porque no es un acto de campaña de los partidos”. En cualquier caso, la decisión del Consejo de la RTVA dejó de tener sentido horas después, cuando la Junta Electoral rechazó el recurso del PSOE y se declaró incompetente para inmiscuirse en la actividad parlamentaria.
Para los populares, esa resolución avala el calendario de comparecencias a las pocas horas del 10N, pero insisten en que nunca fue su intención. El PP registró por primera vez la solicitud de creación de una comisión de investigación de la Faffe en 2014, cuando gobernaban en coalición PSOE e IU, y ambos grupos de izquierda lo rechazaron. Es a lo que se acogen ahora para rebatir la acusación de electoralismo que les achacan los socialistas. “En diez meses hemos tenido cinco elecciones en Andalucía, ¿cuándo convocamos la comisión?”, dice Nieto.
El calendario de la comisión se aprobó el 8 de octubre, cuando aún no estaban convocadas las elecciones generales. Luego el PSOE pidió aplazar las declaraciones hasta después del 10N, pero el Parlamento, con mayoría de derechas, se negó. También ha sido polémico el orden de los comparecientes, poniendo primero a los responsables políticos de máximo nivel, y en último lugar los técnicos, al contrario de lo que se hizo en la comisión de investigación del caso ERE y de los cursos de formación. El PSOE y Adelante Andalucía se opusieron, alegando un uso “electoral y torticero”. El PP alega que el criterio que se utilizó fue llamar a declarar primero a aquellos que habían sido citados por más grupos, en una lista de más de cien comparecientes. Lo ex presidentes andaluces y la ministra Montero aparecían en la lista de cuatro de los cinco partidos, todos menos el PSOE.
En la jornada de este jueves sobresale el ruido por encima de las explicaciones, que en teoría son la razón de ser de la comisión de investigación. El primer capítulo se ha cerrado en falso con una sonora bronca y una imagen arrabalera impropia de una Cámara legislativa. Este viernes, último día de campaña electoral, toca el segundo capítulo, que empieza con otra imagen inquietante: El dueño de un prostíbulo acude al Parlamento andaluz, invitado por PP, Ciudadanos y Vox, para sentarse en el asiento que 24 horas antes ocupaba el que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante dos décadas...
