La Fiscalía denuncia a siete alcaldes de la costa de Granada por los vertidos de aguas residuales a cauces públicos

La Fiscalía Provincial de Granada ha denunciado a los alcaldes de siete municipios de la Costa Tropical que vierten sus aguas sin depurar a cauces públicos, por la comisión de un presunto delito contra el medio ambiente. En el caso del municipio de Ítrabo, los vertidos se producían incluso a dos balsas y una acequia utilizadas para canalizar el agua de riego hacia los cultivos de cítricos, chirimoyas o tomates, tal y como desveló eldiario.es/Andalucía el pasado marzo. Ahora, la sección de delitos urbanísticos y medioambientales de la Fiscalía granadina advierte de que esa práctica podría ser no solo un delito contra el medio ambiente, sino también contra la salud pública.

Los denunciados son los alcaldes desde 2014 de Vélez de Benaudalla, Ítrabo, Molvízar, Sorvilán, Otívar, Sorvilán, Jete y Albuñol, todos de la provincia de Granada. Según la fiscal que firma el Decreto de denuncia, remitido ya a los juzgados de Motril y al que este medio ha tenido acceso, los vertidos a barrancos y cauces públicos en estos municipios han producido “una grave situación de daño y peligro para el medio ambiente” sin que los ayuntamientos, que vierten ilegalmente desde hace años, hayan hecho nada “realmente efectivo” para “evitar o al menos minorar la situación”. La Fiscalía asegura que ha constatado “documental y pericialmente” que se están vertiendo aguas residuales al cauce público sin depurar y sin autorización.

La fiscal se basa en un informe preliminar elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología, en el que se analizan las muestras de tierra, agua y vegetales recogidas por agentes del Seprona que inspeccionaron diversos puntos de estos municipios. En ese documento “se adelanta” que los vertidos en Vélez de Benaudalla, Ítrabo, Otívar, Molvízar y Jete pueden causar un “daño sustancial” a la calidad de las aguas receptoras, crear un “riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas” y perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

“Capacidad de autodepuración”, según la Junta

En cambio, la delegación territorial de la Consejería de Agricultura resta gravedad a los vertidos. En el informe que esta delegación ha remitido a petición de la fiscal, se admite que 19 “pequeños núcleos” vierten sus aguas sin depurar en un territorio que “ocupa una superficie aproximada de 500 km” (sic), por lo que, según la administración autonómica, su incidencia sería “poco significativa” por la “capacidad de autodepuración del medio natural”.

La denuncia que ahora formula la Fiscalía tiene su origen en el escrito presentado en su día por la Asociación Mediterránea contra la Corrupción y la Transparencia (AMAyT), en el que se advertía de que 19 municipios de la mancomunidad de la Costa Tropical vertían aguas sin depurar a cauces públicos, y hacía especial hincapié en el caso de Ítrabo, que hasta febrero vertió aguas fecales a las acequias y balsas utilizadas por la Comunidad de Regantes de la Vega Baja, derivando las restantes.

El presidente de la comunidad de regantes había denunciado la situación en enero de 2018, poco después de llegar al cargo. Durante un año, la administración autonómica ignoró la denuncia en dos ocasiones, hasta que a la tercera, en febrero de 2019, ordenó el cese del riego hasta que las aguas fecales dejasen de mezclarse con las de riego.

Fuentes de AMAyT resaltan que ahora valoran poner la situación de los vertidos en la Costa Tropical en conocimiento de las autoridades comunitarias y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La responsabilidad de los ayuntamientos

Los vertidos de aguas residuales a barrancos, cauces públicos e incluso acequias para las canalizaciones de agua para el riego, han sido conocidos y tolerados durante muchos años en pequeños municipios carentes de infraestructuras de depuración.

“Desde tiempos inmemoriales, los años 50, las aguas residuales del municipio han vertido en una acequia, que se mezclaba con agua limpia de manantiales, y se ha utilizado para riego”, admitió en su día a eldiario.es Andalucía Antonio Jesús Carrascosa, alcalde de Ítrabo. “Si no saben ellos donde se vierten las aguas, que venga Dios y lo vea”, añadió, en referencia a la Mancomunidad, la empresa concesionaria del servicio de aguas y la administración autonómica.

Carrascosa alegó entonces la insuficiencia de recursos de su municipio, con apenas 1.000 habitantes, para dotarse de infraestructuras de depuración. Los alcaldes insisten en el argumento en un escrito que han remitido a la Fiscalía, en el que también alegan que sus municipios han delegado las competencias del ciclo integral del agua a la mancomunidad.

La fiscal recuerda que la Directiva Europea de tratamiento de aguas residuales, la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen que los garantes de la depuración de las aguas son los municipios, aunque lleguen a convenios con otras administraciones para la instalación de depuradoras. La fiscal añade que del eventual incumplimiento en la ejecución de una obra pública no cabe deducir que se pueda verter a cauces y barrancos públicos sin autorización ni control.

En los últimos meses se ha ido produciendo un goteo de imputaciones de alcaldes cuyos municipios no cumplen las obligaciones legales de depuración. Los alcaldes suelen alegar la falta de ejecución de las depuradoras que supuestamente debían financiarse con el canon finalista recaudado por la Junta de Andalucía desde 2010.

La entrada de esta denuncia de Fiscalía en los juzgados de Motril coincide con la aparición de una mancha de origen aún desconocido frente a las costas de Salobreña. Según Ideal, el Seprona ya ha hallado restos fecales en esa mancha, que ha aparecido y desaparecido a lo largo del verano.