Una plataforma rural se enfrenta con la Confederación del Guadalquivir por el uso del agua del río Castril al norte de Granada

El conflicto del agua sigue provocando conflicto en el Altiplano de la provincia de Granada. El uso de este recurso básico está enfrentando a plataformas rurales con la Administración, hasta el punto de que la Plataforma en Defensa del Río Castril ha decidido pasar a la acción y pedir la dimisión al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, porque consideran que se está saltando la ley. Según denuncia la asociación, la entidad de aguas pretende continuar con unas obras paralizadas por el Tribunal Supremo y que ponen en peligro al entorno natural del río Castril y los recursos hídricos de la zona.

No es un tema fácil de entender, pues es un conflicto que lleva años desarrollándose. Los primeros pasos del proyecto para canalizar el agua de este río datan del año 1986 y desde esa fecha ha habido modificaciones semánticas y de normativa, pero no en cuanto a su objetivo. El portavoz de la Plataforma en Defensa del Río Castril, Miguel Ortíz, sostiene que el único afán que se persigue es el de llevar el agua hasta el río Almanzora en Almería para la explotación industrial y agraria de un bien limitado en el Altiplano de Granada. Esta asociación, integrada por unas 200 personas, ha intentado paralizar en varias ocasiones este proyecto, pero hasta ahora todo sigue en el aire.

La CHG, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, ha soliviantado de nuevo a los miembros de esta asociación porque en su Plan Hidrológico 2022-2027 han observado que la Confederación quiere darle un impulso a unas obras que, sostienen, son para trasvasar agua del río Castril hasta el Almanzora. Sus dudas son razonables porque sobre ese proyecto ya se ha hablado en alguna ocasión en esos términos, aunque la CHG insiste en que ni se plantea ni se ha planteado que haya un trasvase. Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo desestimó en 2010 el Real Decreto 1419/2005 que permitía que se ejecutasen las obras para este proyecto que la Confederación dice que está pensado para llevar agua corriente a la zona del Altiplano.

Sin embargo, pese a que el Supremo se pronunció en contra de la infraestructura, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero incluyó una disposición adicional a su ley de residuos con la que se consiguió evitar que lo que ya estaba construido se pudiera levantar. Desde entonces, la Confederación asegura que tiene vía libre para ejecutar el entubado, que para la plataforma rural es un trasvase en toda regla, con el que el parte del caudal del río Castril, que ahora desemboca en el embalse del Negratín, iría a parar a la provincia de Almería. “Desde la CHG están mintiendo cuando dicen que hace falta este proyecto para llevar agua para consumo humano para municipios como Baza, cuando el entubado del trasvase pasa por la misma puerta del Ayuntamiento y el río llega a Baza por la propia gravedad, sin necesidad de ninguna infraestructura más”, explica Miguel Ortíz.

Proteger los acuíferos

“Lo que tienen que hacer es proteger la sobrexplotación que sufren los acuíferos de la zona porque se están secando y están poniendo en peligro no solo a las explotaciones agrícolas, sino el entorno natural del río Castril”. Recuerda que su cauce tiene una de las faunas y floras más ricas de la península Ibérica y que este proyecto de trasvase o entubado corre el riesgo de acabar con ello. Para evitar que eso ocurra, están también trabajando en un segundo aspecto. A través de los tribunales, la plataforma está recurriendo las expropiaciones de fincas que se han realizado hasta la fecha para que la Confederación pueda levantar la infraestructura. El proceso de expropiación, que se inició hace más de una década, está en un limbo judicial en el que ni ha caducado ni se puede llevar a cabo, entre otros motivos por las impugnaciones de la plataforma ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). “Queremos que la tierra vuelva a manos de sus verdaderos propietarios”.

“Aquí está habiendo una persecución total y muchas mentiras por parte de los políticos”, dice Ortiz. Él mismo lleva más de 20 años luchando por evitar lo que creen que es un trasvase y que puede ser el golpe de gracia que acabe por dañar definitivamente al Altiplano de Granada. De hecho, en los últimos meses se ha creado una figura simbólica conocida como Contrato de Río, que ya tuvo su antecedente en Aragón, con la que estas plataformas rurales quieren que todas las instituciones, ciudadanos y asociaciones puedan tener voz y voto sobre el uso del agua y la planificación hidrológica del entorno. Un objetivo ambicioso que busca también ser el motor económico de una zona que ha perdido un tercio de su población en los últimos 30 años.

“Está claro que el actual presidente de la CHG Joaquín Páez ha recogido una herencia envenenada en el Altiplano de Granada como es la mala gestión del agua que se ha llevado durante décadas en nuestro territorio, pero también está claro que lejos de buscar el consenso y una solución, ha optado por continuar con una política basada en mentiras y medias verdades para justificar lo injustificable, la terminación de unas obras ilegales e innecesarias”, dice Miguel Ortiz. En nombre de la plataforma, asegura que la Confederación no hace más que mentir para tratar de llevar a cabo sus objetivos de trasvasar el agua desde la provincia de Granada a Almería. “Hay intereses económicos ocultos”.

La Confederación niega un proyecto de trasvase

Por su parte, la CHG niega “rotundamente” que se vaya a realizar ningún trasvase. Fuentes del organismo de aguas afirman a elDiario.es Andalucía que no hay intención alguna de que se haga un proyecto de esas características. “La actuación referida consiste en finalizar la tubería para dotar de agua a los municipios de Baza, Caniles, Zújar y Freila, ya ejecutada al 94%”. Un extremo, el del desarrollo de la obra, que niegan también en la plataforma rural: “Desde 2016 no se ha avanzado nada y no está ni mucho menos tan cerca de acabar”. No obstante, desde la Confederación afirman que la construcción de esta infraestructura tiene como único “objetivo de garantizar el abastecimiento a una población de 28.000 habitantes, cuyas fuentes tradicionales son captaciones subterráneas sensibles a los efectos de las sequías cíclicas”. De ahí que entiendan que es urgente llevarla a cabo.

“Esta solución, hoy incluida en el borrador del Plan, fue una de las 4 alternativas expuestas en el Esquema de Temas Importantes del Plan Hidrológico, un documento previo al propio borrador. Precisamente, durante los 6 meses de consulta pública de dicho texto, no se recibió ninguna solución a esta problemática ambientalmente más sostenible, más económica y con un agua de mayor calidad que esta”, dice la CHG. Al respecto, la plataforma rural desmiente que no hayan ofrecido ninguna alternativa. “Hemos puesto encima de la mesa otras opciones y de hecho no estamos en contra de que se actualice el Plan Hidrológico, sino de que se haga así”. Su pretensión es que, si el objetivo es llevar agua hasta Baza, se usen otras opciones más respetuosas con el entorno como nuevas conducciones desde el Negratín o captación de aguas en la desembocadura del río.

Y sobre el asunto más controvertido, el del pronunciamiento del Supremo que impide que las obras continúen, la Confederación recuerda que “es rotundamente falso que la ejecución y terminación de la obra sea ilegal”. Que tras la disposición adicional a la ley de residuos de 2011 que daba legalidad a la infraestructura, el propio Supremo se corrigió en 2016 para habilitar “legalmente la continuación de las obras proyectadas de esta infraestructura”. Sin embargo, la plataforma afirma que la CHG miente. “Mienten cuando dicen que las obras están abaladas por una Orden Ministerial que las declaraba de urgencia. Orden que jamás fue publicada y que le hemos reclamado judicialmente que la presenten, pues no deja de ser una resolución administrativa sin ningún respaldo legal y aun así también la incumplen desde la CHG pues la propuesta de dicha resolución era colocar una tubería de 400 mm en primer tramo y de 300 mm en segundo tramo y contrataron y ejecutaron las obras con una tubería de 500 mm capaz de cuadruplicar el volumen de agua a trasportar, lo cual deja claro su verdadera intención”.