La Fiscalía pide a la Junta de Andalucía un informe para comprobar si está cumpliendo con el protocolo de vacunación contra la Covid-19

La Fiscalía de Huelva va a requerir a la Junta de Andalucía que informe de las vacunaciones contra la Covid-19 que se están administrando en la provincia de Huelva. Un escrito presentado por un particular el pasado 25 de enero afirmaba haber tenido conocimiento de que por parte de la Delegación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Huelva se han puesto vacunas “sin seguir el procedimiento legalmente establecido” y “sin cumplir, rigurosamente”, la Instrucción de la Junta en ese sentido “como es exigible”. Según la denuncia, avanzada por ABC, la Junta habría administrado vacunas “sin priorizar a las personas que se incluyen en los grupos de población 1 y 2, de conformidad con el calendario establecido”.

Según ha podido saber este periódico, la Fiscalía Provincial de Huelva va a solicitar a la Delegación del SAS que se le informe de las vacunaciones administradas hasta el 21 de enero. La denuncia, en representación de una anciana, dice que “sin completar los grupos de vacunación 1 y 2, ni continuar con el grupo 3 y 4 como es debido (para el caso de que sobraran vacunas), se ha iniciado la vacunación de otros grupos (no sanitarios ni expuestos)”.

“Siendo no solo insolidario, lamentable y mezquino que se hayan vacunado a personas no incluidas en la categoría de primera línea (grupo 2) y que de ninguna de las formas posibles puedan estar en el contacto estrecho exigido en la normativa con personas que puedan estar infectadas por SARS Cov-2, es decir, que se hayan vacunado a personas (grupos incluso) sin riesgo de exposición y transmisión sino constitutivo de delito (prevaricación y falsedad documental)”, reza la denuncia.

Comunicación diaria

La denuncia explica que “en la propia documentación que se entrega al Ministerio y la que consta en la aplicación Diraya del SAS se puede, como se debe, iniciar las actuaciones investigadoras que sean precisas y que la sociedad necesita para recobrar la fe en los servicios públicos y en las instituciones en un momento difícil”.

Según el escrito, Sanidad diseñó un sistema por el que las comunidades autónomas, una vez iniciada la campaña, debe comunicar, diariamente, la evolución de la adminstración, con los datos personales de las personas vacunadas y el grupo de riesgo al que pertenece, por lo que cualquier alteración de esos datos, además de un delito de prevaricación, puede constituir otro de falsedad documental.

De acuerdo a fuentes de la denunciante, el escrito no se dirige a personas en concreto sino contra la Administración “como responsable del diseño del procedimento y del protocolo de vacunación”. “Si se vacuna a personas que no forman parte de los grupos, es ella la que ha incumplido su procedimiento”, argumentan dichas fuentes. “No es la picaresca española sino una Administración responsable de un procedimiento y a la que hay que exigir esa responsabilidad”, apuntan, concluyendo que “se está señalando equivocadamente a las personas”.

Decreto del fiscal jefe de Huelva

Según informa la Agencia Efe, la Fiscalía Provincial de Huelva ha incoado un expediente gubernativo para solicitar un informe a la Delegación Territorial de Salud tras recibir la citada denuncia, en la que se manifiesta “una situación general de incumplimiento de los mismos”. En un decreto del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, Alfredo Flores, ase precisa que se ha recibido un escrito por parte de “una abogada y su madre de 82 años, en el que, sin aportar documentación alguna, se denuncia, una situación general de incumplimiento de los protocolos de vacunación del Covid-19 por parte de la Delegación Territorial de Salud en Huelva y con perjuicio para su madre”. Dicho escrito, no concreta tampoco denuncia contra ninguna persona en Huelva ni se atribuye a alguien identificado un acto concreto.

A la vista de este escrito, y teniendo en cuenta los preceptos legales que rigen la actividad de la Fiscalía, la cuestión sería pues, dilucidar, en primer término, si los hechos denunciados pueden incardinarse en algún tipo penal, y en segundo lugar si existe algún elemento o principio de prueba en concreto que permita iniciar diligencias de investigación.

En este sentido, precisa Flores que, en este momento, “no procede por tanto incoar” diligencias de investigación, porque no constan en este momento “datos contrastados y suficientes, de delitos del Código Penal, que justifiquen una investigación general penal en Huelva habida cuenta de que no consta ni siquiera identificada una persona física ni algún acto de la misma con perjuicio para la denunciante, ni siquiera una falta de capacidad de la madre de esta que le impida denunciar por sí misma”. Recuerda que el único caso publicado en prensa el 22 de enero, ha sido el de una concejal en Bonares (Huelva) que por ello ha dimitido.

Sin embargo, entiende que sí procede incoar un expediente gubernativo para solicitar un informe a la Delegación provincial de salud sobre las circunstancias denunciadas, protocolos y normativa para la vacunación Covid-19 y en su caso si han sido detectados incumplimientos de dicha normativa en la provincia.