La Junta de Andalucía pagará otros tres millones a una consultora externa para decidir qué hacer con la supuesta “administración paralela”

La Junta de Andalucía camina con pies de plomo en su publicitada intención de acabar con la denominada “administración paralela”. Se diría que arrastrando los pies. La prisa que el PP y Ciudadanos decían tener para acabar con los “chiringuitos” se ha transformado en cautela, hasta el punto de que pretende que empresas externas valoren qué hacer con el sector público. Desde la oposición y los sindicatos acusan al Gobierno andaluz de “externalizar” una decisión política en empresas privadas para, entre otras cosas, blindarse ante futuras críticas.

El hecho es que pasada media legislatura, la Junta de Andalucía espera todavía los informes de auditoría sobre cada ente público, encargados a seis consultoras privadas. Además, encargará próximamente a otra empresa privada que trace un plan general sobre el sector público y que lo ejecute, previendo la posibilidad de que genere disputas laborales ante los tribunales. Un concurso que genera suspicacias.

Se trata de una licitación ejecutada por la Consejería de Presidencia, que dedicará otros tres millones de euros para contratar un trabajo de nombre muy largo: “Servicio de consultoría estratégica y de recursos humanos y asesoramiento legal para el diseño y definición de las estrategias a realizar en el sector público instrumental de la Junta de Andalucía y ejecución del plan diseñado”. Es decir, la Junta ha encargado al sector privado que elabore un plan para decidir qué hacer con aquello cuyo fin inmediato prometía, y que lo ejecute.

Primero, el adjudicatario deberá trazar un plan de actuaciones a partir del resultado de las auditorías operativas que están elaborando ya seis consultoras, y cuya entrega se prevé para los primeros meses de 2021. El plan debe incluir la “fijación de los objetivos de reordenación”. Le tocará proponer la liquidación, extinción, reestructuración o integración de cada ente, previa evaluación de sus cargas de trabajo, de las posibles duplicidades y de sus “retos operativos”.

Después, deberá ejecutar el plan entidad por entidad, incluyendo “todas las tareas de ejecución, desarrollo e implantación”. La Junta de Andalucía anticipa batalla y ofrece una especie de iguala para que el adjudicatario asesore en materia administrativa, mercantil, fiscal y laboral, incluyendo asesoramiento en reclamaciones “que se pudieran formular por los trabajadores y trabajadoras contra la Administración”. Por último, deberá preparar un informe y liquidar el contrato. No hay plazos para cada una de las fases en las que se divide el encargo, aunque todo deberá estar listo antes de la primavera de 2023.

En previsión de la complejidad jurídica, el pliego recoge la obligación de dedicar al menos doce personas a este contrato: dos fiscalistas, tres mercantilistas (especializados en reestructuraciones), tres laboralistas y tres especialistas en derecho administrativo. Además, la empresa deberá nombrar una persona para ejercer la interlocución directa con los entes.

El plazo para presentar ofertas venció el lunes y los sobres con las ofertas presentadas en este concurso se abrieron el martes.

Para el PSOE, “una aberración”

El concurso no gusta a la oposición ni a los sindicatos. Manuel Jiménez Barrios, portavoz del grupo parlamentario socialista, lo califica de “aberración”: “La administración tiene sus propios sistemas de evaluación: intervención general, servicios jurídicos… No se entiende que se contrate a una empresa para que interprete el resultado de las auditorías encargadas a otras empresas”. Para Jiménez Barrios, no se puede confiar a una empresa externa la negociación directa de las condiciones laborales de los trabajadores públicos. “No es posible externalizar una decisión así. Es una decisión política. No corresponde a una empresa”. Según asegura, los servicios jurídicos del PSOE están estudiando un posible recurso.  

Comisiones Obreras acusa a la Junta de Andalucía de “malgastar” tres millones de euros para dar cobertura a sus futuras decisiones. “Es una decisión política, y esto es dar una patada adelante. Los servicios públicos son necesarios, los trabajadores llevan ahí diez o quince años, tienen derechos adquiridos protegidos y es no querer afrontar los retos de gestión. Por muchos abogados que contrates, los tribunales te van a decir lo mismo”, opina Pablo López del Amo, coordinador del sector de administración autonómica de CCOO Andalucía, que recuerda el Tribunal Supremo ha anulado despidos de trabajadores de entes instrumentales. La propia Comisión Europea ya ha alertado del exceso de contratación temporal en la administración española.

Por su parte, CSIF hace hincapié en la “lentitud pasmosa” del proceso y lamenta la incertidumbre que genera en los trabajadores. “Siempre hemos defendido las iniciativas encaminadas a acabar con la llamada ”administración paralela“. No obstante, lamentamos que casi dos años después de la toma de posesión del actual Ejecutivo, los resultados al respecto brillen por su ausencia”, advierte el sindicato.

Cuestionada por los motivos y las ventajas de externalizar este trabajo, en lugar de recurrir a sus propios mecanismos de evaluación, la Consejería de Presidencia no ha respondido. Tampoco ha aclarado qué papel corresponderá a la empresa adjudicataria en las decisiones que finalmente se tomen.

Auditorías, retraso hasta los primeros meses de 2021

Por ahora, siguen sin llegar las primeras auditorías externas, sobre las que deberá basarse el análisis previsto en el nuevo contrato. Después de recibir el informe de la Intervención General sobre doce agencias públicas empresariales, la consejería de Hacienda contrató en junio de este año la auditoría de 55 entes de todo tipo, divididos en 16 lotes, adjudicados a cambio de un total de 2.280.000 euros a conocidas auditoras y despachos: PriceWaterhouse Coopers, Ernst & Young, Deloitte, Accenture, Cremades & Calvo Sotelo-Novotec y Grant Thornton.

El resultado se anunciaba para antes de final de año, pero fuentes de la consejería de Regeneración lo retrasan ahora a los primeros meses de 2021, alegando las dificultades de la pandemia. Juan Bravo, consejero de Hacienda, admitió que “a lo mejor” se estaba tardando demasiado, y aventuró que algunas auditorías podrían estar en diciembre (lo que ya se descarta) y las demás, en abril de 2021.

Más trabajadores en los entes el año que viene

De momento, la llamada administración paralela no solo no se está reduciendo, sino que crecerá ligeramente el próximo ejercicio. Según el borrador de Presupuestos, 29.485 trabajadores la integrarán el año que viene, un 0,73% más que este año. Incluso se han creado algún ente nuevo, aunque la Junta de Andalucía asegura que a “coste cero” y con la única finalidad de centralizar competencias antes repartidas en varias consejerías. Es el caso de la Agencia Digital de Andalucía, una agencia administrativa presentada por Elías Bendodo el pasado octubre.

En los últimos meses, el gobierno bipartito también ha ido modulando su discurso inicial hacia posiciones menos beligerantes con los supuestos “chiringuitos”. Ya no se habla de eliminar decenas de entes de inmediato, sino de posibles planes a futuro en función de lo que determinen unas evaluaciones, realizadas por entidades privadas. “No descartamos ninguna de las opciones cuando terminen las auditorías externas: reducción, fusión o eliminación”, dijo Elías Bendodo en octubre.

Para los socialistas, destinatarios de las acusaciones durante años, la lentitud en el proceso para acabar con los “chiringuitos” demostraría que se trata de un concepto artificial. “Se trata de perseguir lo que creen que son enchufados del PSOE. ¿25.000 personas? Es una gran mentira, que se les ha ido cayendo por el camino”, denuncia Manuel Jiménez Barrios, que recuerda que una parte de estos trabajadores, como los provenientes de la FAFFE o los monitores, ya tuvieron que ser readmitidos después de que una cascada de sentencias obligase a la administración a hacerlo.

En el punto de mira están entidades como VEIASA (encargada de las estaciones de ITV), INFOCA, el SAE, EPES, Canal Sur Radio y Televisión o la Escuela de Salud Pública Andaluza, que ha ganado mucha relevancia durante la pandemia. Pero también otras más desconocidas para la ciudadanía. Socialistas y sindicatos siguen defendiendo que estos entes prestan un servicio público y que sus trabajadores tienen unos derechos adquiridos que hace muy difícil y muy costoso acabar con lo que el Gobierno andaluz llamaba, cuando era oposición, los “chiringuitos” de la Junta de Andalucía.