CIO Mijas: la administración rechaza el balance que encargó hace dos años
La maraña que envuelve al CIO Mijas y la liquidación de esta antigua escuela pública de turismo y hostelería se enreda otro poco, camino del embrollo total. El Consejo General del consorcio (integrado por la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Mijas) rechazó el balance de los liquidadores, a quienes acusó de “hacer caso omiso” de los reparos del interventor. El balance es condición necesaria para extinguir el consorcio y que los trabajadores, que llevan tres años sin cobrar, puedan integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo. Juani García, una de las trabajadoras, está indignada: “Se están riendo de nosotros”.
El lunes por la tarde se celebró una reunión del máximo órgano del consorcio, en el que estaba previsto que se aprobase el balance final. Este es el paso previo (junto a la cesión global de activos y pasivos) para que la Intervención General de la Junta pueda auditar las cuentas y, de una vez por todas, liquidar el consorcio, pagar a los trabajadores y poner en uso los recursos públicos. Todo eso tendrá que seguir esperando.
“La aprobación no ha sido posible dado que el Informe emitido por el Interventor ha puesto de manifiesto ciertos reparos al trabajo realizado por los liquidadores”, dijo el consorcio (Junta y ayuntamiento) en una nota. El texto apunta directamente a los liquidadores, a quienes se les habría informado previamente de “cuestiones de fondo” “totalmente subsanables” que debían corregirse, y se les habría pedido que aportaran cierta documentación. Ni la Junta de Andalucía, ni el ayuntamiento, ni los liquidadores aclararon ayer cuáles son esas cuestiones de fondo que paralizaron todo, pese a que el balance está preparado desde hace semanas.
La terminología burocrática no oculta que han pasado dos años desde que el consorcio nombró a los encargados de liquidar el CIO, un abogado y un economista, cuya tarea única es, lógicamente, liquidar. En todo este tiempo, e incluso desde antes, los empleados del CIO no han cobrado sus nóminas y el centro, con material muy valioso en su interior, ha seguido degradándose desde que se cerró, hace tres años. En las últimas semanas ha habido robos y destrozos.
Los trabajadores, a quienes se adeudan 33 nóminas, están desesperados, algunos con ansiedad, y han interpuesto una querella contra altos cargos de la Junta, a quienes acusan de un delito por vulnerar sus derechos laborales. Juani García dijo a eldiario.es/Andalucía que se sentía “humillada” y que no alcanzaba a entender el nuevo revés: “Si los ha puesto la Junta [a los liquidadores], ¿no pueden ponerse de acuerdo? Hace un mes que lo tienen terminado y ¿ahora me dicen que no es correcto? ¿No han tenido tiempo en tres años? Es indignante”.
“La Junta no ha puesto un duro. Es ofensivo que un patrimonio de 30 millones esté tirado”
La nota del consorcio irritó también a los propios liquidadores, que rechazan convertirse en “chivo expiatorio”, según explicó a este medio uno de ellos, Juan Espina. Según asegura, ellos pidieron que las “discrepancias” que manifestó el interventor constasen por escrito y “fundamentadas” y eso no ocurrió. Ni siquiera celebraron una reunión con el interventor para discutir los reparos, relata Espina. En lugar de ello, se encontraron con el informe de reparos en la reunión del lunes, que terminó sin acuerdo: “Nosotros tenemos nuestra posición y la administración se olvida de que somos profesionales independientes. Para cambiarla, nos lo tienen que fundamentar”. Su trabajo, explica, está al margen de la “agenda política”.
Espina cree que el comunicado del consorcio es “tendencioso” y que “quien tiene que cumplir es la Junta, que no ha puesto un duro” del presupuesto de liquidación aprobado en su día. “Llevamos dos años nombrados, desde mayo de 2015, y es muy fácil: los dineros hay que ponerlos”. Para el liquidador, problemas como este “sólo pasan con la administración”. “Como ciudadano es ofensivo que un patrimonio de 30 millones esté tirado”, critica. Los liquidadores ya criticaron a la administración autonómica, que los nombró para el cargo, cuando declararon que la Junta podría pagar a los trabajadores “si quisiera”.
Los trabajadores son pesimistas y temen que este encontronazo entorpezca aún más el proceso. “Ahora a ver cuándo vuelven a reunirse…”, lamenta Juani García. Los liquidadores deberán estudiar los reparos que pone el interventor y subsanarlos, paso previo a la aprobación del balance. Entonces deberá convocarse una nueva reunión que apruebe, ya sí, ese documento y la cesión de activos y pasivos. Y después, todo pasará a la Intervención General, que deberá auditar. Un largo camino que esta semana se ha hecho todavía un poco más largo.
