Pendientes del desalojo de su casa tras el suspenso de la ley andaluza antidesahucios
Lourdes, su marido y sus dos hijos menores viven desde este
martes pendientes de lo que dictamine un juez por ocupar su propia vivienda
cuando habían sido desahuciados de ella. Sin trabajo ni otros recursos, señalan
que el juicio al que se enfrenta Lourdes por un delito de ocupación se hubiera
podido suspender acogiéndose a la ley andaluza antidesahucios, ahora en
suspenso tras admitir a trámite el Tribunal Constitucional el recurso del
Gobierno central contra ella.
“Si el PP no hubiera recurrido la ley de la función
social de la vivienda de Andalucía, seguramente se hubiera suspendido este
juicio“, alegan desde la plataforma Stop Desahucios en Córdoba, cuyos
integrantes han acompañado y apoyado a Lourdes ante las puertas de los juzgados, después de haber intentado negociar estos meses atrás con la firma propietaria de la vivienda, con quien no se ha llegado a ningún acuerdo.
Y es que, en efecto, la primera estrategia prevista por
la defensa de Lourdes en el juicio celebrado este martes había sido solicitar
la suspensión del mismo acogiéndose a la Ley de medidas para asegurar el
cumplimiento de la función social de la vivienda, más conocida como ley
antidesahucios. Pero sólo una semana antes, el Tribunal Constitucional habías dejado en suspenso la ley andaluza.
Petición de desalojo inmediato
Petición de desalojo inmediato
Desechada hoy esta petición por el juez, Lourdes y su familia
esperan ahora conocer si tendrán que desalojar su casa. “Estoy dispuesta a
luchar por mí y por mis niños. A resistir“, señala para explicar que, sin
ingresos, no tienen otra alternativa para que sus hijos tengan un techo donde
vivir.
Por eso, espera que el juez permita la opción de la
dación en pago o un alquiler social, frente a la petición de la firma actual,
propietaria de la vivienda, que pide el desalojo inmediato y una multa de 3.000
euros. La Fiscalía, por su parte, no ha pedido el desalojo sino sólo el abono
de una multa menor, mientras que la defensa de Lourdes ha puesto sobre la mesa
que el desahucio deja sin alternativa de vivienda a los menores hijos de la
pareja, ahora además sin poder acogerse a la ley antidesahucios de Andalucía.
Así las cosas, aún quedan unos días de incertidumbre
hasta que el juez resuelva en qué termina una situación que comenzó en octubre
de 2012 cuando, sin previo aviso, Lourdes y su familia fueron desalojados de su
vivienda al quedarse sin trabajo y no poder hacer frente al pago de un préstamo
que solicitaron para hacer obras de mejora.
En ese momento, Lourdes, que se encontraba sola en casa,
se vio obligada a recoger en unas bolsas lo poco que pudo y a salir de su
hogar. Justo después, se procedió a cambiar la cerradura de la vivienda.
Okupas en su propia casa
Okupas en su propia casa
La familia se vio en la calle pero, a los pocos días y
tras el aviso de un vecino que había encontrado abierta la puerta de la casa, Lourdes y su marido decidieron volver allí ante el temor de que otras
personas entraran y les robaran todo lo que tenían y que habían tenido que
dejar allí tras el desahucio exprés.
Desde entonces, más de un año después, Lourdes y su
familia han vivido de okupas de su propia casa. Un juez les permitió hacerlo al atender la petición de la pareja para permanecer en la casa al menos, hasta la celebración del juicio.
La pareja se quedó sin trabajo en 2009 y fue entonces
cuando empezaron a no poder hacer frente a un préstamo de 72.000 euros del
Banco Santander para realizar una reforma en la vivienda. Siguieron pagando
todos los recibos de servicios de la casa y los gastos del día a día de la
familia, pero dejaron de abonar las cuotas del préstamo que ascendían a unos
500 euros al mes. Pese a los intentos de llegar a un acuerdo con el banco para
ver el modo de pago de los 60.000 euros que les restaban por abonar e incluso
de realizar un esfuerzo para ingresar 1.500 euros, finalmente se quedaron sin
su casa y ésta fue a parar, tras una subasta, a manos de la firma Propiedades Residenciales,
con sede en Luxemburgo.
