Tiempo de cosecha en las Cortes de Aragón: tres nuevas leyes antes del parón veraniego

El verano es tiempo de cosecha y de vacaciones. Ayer, en el último pleno que celebraron las Cortes de Aragón antes del tradicional parón veraniego de dos meses, se cosecharon tres nuevas leyes. Asimismo, superó el primer trámite parlamentario la iniciativa legislativa que regulará el nuevo impuesto que va a sustituir al polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). El pleno escoba que echó el telón al periodo de sesiones fue extremadamente fructífero en contraste con la sequía parlamentaria de los últimos meses, en lo que afecta a la aprobación de leyes, como consecuencia del Covid. 

Prueba de la urgencia que tiene el cuatripartito de exhibir gestión tras el parón provocado por la pandemia, el Gobierno aprobó el pasado 23 de diciembre un paquete de iniciativas de fuerte calado político, como por ejemplo el proyecto de ley de reforma del controvertido Impuesto de Contaminación de las Aguas, que va a pasar a denominarse Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) y que ayer fue rescatado del olvido tras más de seis meses de frenazo en los despachos de la Aljafería por discrepancias internas en los socios del Gobierno, según fuentes parlamentarias. El proyecto de ley superó la votación de totalidad con los síes del cuatripartito y de Ciudadanos, los noes de PP y VOX y la abstención de Izquierda Unida, un trámite imprescindible para que ahora inicie su periplo parlamentario. El peregrinaje de la polémica ley podría perpetuarse o, como se prevé, salvo contratiempos de última hora, acabar a finales de diciembre para que el nuevo impuesto pueda entrar en vigor en 2022.

La abstención de Erika Sanz, de Podemos

En la votación, saltó una sorpresa: la diputada de Podemos, Erika Sanz, se abstuvo y rompió la disciplina de voto de su grupo parlamentario en el que todavía permanece -y por tanto, cobra el sueldo de diputada-, a pesar de que hace ya varias semanas anunció que dejaba el partido. Desde entonces, enfrentada a la dirección, ha sido despojada de cualquier función y responsabilidad en Podemos, aunque ella ya advirtió que seguiría en el grupo hasta finalizar el actual periodo de sesiones.

Quedó patente que el debate sobre el ICA va a protagonizar buena parte de la discusión política del último trimestre del año. “No es un nuevo impuesto'', se apresuró a matizar el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, para asegurar acto seguido que beneficiará a las familias y, en consecuencia, va a suponer una merma importante en la recaudación respecto al impuesto actual. Olona cifró en 5,7 millones de euros la cuantía que van a dejar de ingresar las arcas públicas cuando entre en vigor el nuevo impuesto. Según el cuatripartito, ”el 95% de los aragoneses se va a beneficiar del nuevo impuesto“.  Sin embargo, el PP volvió a cargar contra el ”afán recaudatorio“ del Gobierno con este impuesto para justificar su rechazo a la ley, mientras que IU recalcó que, a pesar de derogar el ICA, en el proyecto ”las cuestiones negativas siguen ahí“. El debate de la polémica ley caldeó algo los ánimos de una sesión prevacacional que se movió en un ambiente relajado y en la que los miembros del Gobierno se dejaron ver por goteo en sus sillones azules. El presidente Javier Lambán sigue recuperándose en su domicilio después de su operación de cáncer de colon.

Antes de irse de vacaciones, el Parlamento dio luz verde a la reforma del Código de Derecho Foral y el texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma para que los bienes inmuebles, así como los saldos y depósitos bancarios abandonados pasen a formar parte del patrimonio de la Administración autonómica y no del Estado, como hasta ahora.

El pleno también aprobó el proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón y la reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno autonómico, cuyo principal objetivo es “mejorar la calidad normativa” y modificar el Título VIII, que regula la iniciativa legislativa gubernamental y su potestad para dictar normas con rango de ley y reglamentos, así como el procedimiento de elaboración y los principios de buena regulación.