Discriminación cotidiana: pedir el carné por ser negro, el tícket de compra por ser rumana o que te registren por ser gitana
Dispensar un trato distinto, sospechar, vejar solo por el color de la piel. Injuriar y denigrar por hablar en otro idioma o portar un velo. No son episodios extemporáneos, suceden aquí y ahora. En Aragón y en 2017. A diario. Son reales y están encima de la mesa de la Oficina Aragonesa contra la Discriminación.
El espacio se creó hace seis meses y ya ha recibido 21 quejas y denuncias. Pero son muchos más casos, apuntan desde el área de Igualdad e Integración Social del Gobierno de Aragón, porque “si se suman todos los que llegan a las entidades, el número se multiplica”. Ese es el problema, dicen, “que no sabemos cuántos son”.
Su andadura acaba de iniciarse, pero llevan el tiempo suficiente para hacer una preocupante radiografía: “Nacionalidad, etnia, colectivo LGTBI... de ahí nacen gran parte de las discriminaciones”. También por ser mujer, advierten, “pero estas se derivan al Instituto Aragonés de la Mujer, no entran directamente en nuestras competencias”. Además hacen especial hincapié en los casos de racismo y xenofobia: “Aunque lleven aquí 20 años, aunque hayan nacido aquí, sigue sucediendo”.
Los ejemplos más sangrantes
En Igualdad relatan varias muestras de hechos reales, algunas ellas repetidas. Como el de una mujer que llevaba años trabajando con velo en una empresa y, al cambiar de dueño, le dijeron que “por política de la empresa no puede portar el velo en el trabajo”. Explican que en este caso se habló con un sindicato y se solucionó a través de la mediación.
Precisamente esta es una de las bases del funcionamiento de la oficina: la continua colaboración con diferentes entidades. En esa línea, la pasada semana el Gobierno de Aragón firmó un convenio con UGT, CCOO, SOS Racismo Aragón, CERMI Aragón, Fundación Secretariado Gitano en Aragón y Somos LGTB+ en la comunidad autónoma.
Otro desagradable momento fue el que vivieron dos mujeres rumanas en un centro comercial a las que, tras escuchar que hablaban en su lengua natal, el personal de seguridad las requirió para que mostraran sus tickets de compra. “Escribimos al centro comercial y les dijimos que ese hecho es discriminatorio”, señalan en el Ejecutivo. Y dicen algo más, tan sencillo como necesario de recordar: “La gente no es consciente de que la discriminación está prohibida. Hay leyes y una carta de derechos humanos”.
A colación del caso anterior, recuerdan otro similar en el que, también en un centro comercial, “solo por ser gitanas, a unas mujeres les registraron las bolsas y les pidieron los tickets de compra”. La respuesta institucional llegó poniéndose en contacto con el centro, argumentándoles la legislación al respecto y solicitando una disculpa que finalmente llegó.
Este es un aspecto importante que supone una novedad provocada por la implicación de la Administración: “Antes, cuando alguien lo denunciaba, incluso alguna entidad, o no contestaban o lo hacían desde el servicio de atención al cliente; ahora responden siempre, nos dan informes escritos en los que explican qué ha pasado. No les interesa que esto salga a la luz”.
Recurrente es el caso de una persona negra a la que, en varias ocasiones, le han pedido la documentación en la misma línea de autobús. “Sistemáticamente le hacen este control: a los que van delante, nada; a los de detrás, tampoco; pero a él le paran. Y la gente comienza a opinar, hay un guirigay entre el conductor y el usuario y todo el autobús habla del tema. Eso hace daño”.
Como también menoscaba que no dejen entrar a un señor en un establecimiento por ser pakistaní: “Se lo dijeron directamente, que no entraba por ser pakistaní”.
Formación y detección
El objetivo de la oficina es “promover el derecho a la igualdad efectiva de toda la ciudadanía y combatir cualquier forma de discriminación”. Se dirige a personas particulares y colectivos que hayan sufrido cualquier tipo de discriminación por parte de particulares, empresas o instituciones, incluidas las Administraciones Públicas, contemplando, especialmente, los siguientes motivos: sexo, raza u origen étnico o extranjero, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual e identidad de género.
Entre sus propuestas de futuro, está la de crear una red de instituciones públicas y entidades sociales contra la discriminación, un registro de casos y promover medidas de sensibilización. Pasos encaminados a una aspiración final de que todos los casos denuncien.
Con medio año de vida, han detectado una de las principales carencias en la formación: “Es muy importante hacerla, y, sobre todo, en el territorio”. Precisamente ahí, fuera de las capitales, está otro de los déficits: “Necesitamos una red de detección, en Zaragoza es fácil llegar, pero en los pueblos y comarcas es mucho más complicado”. Para avanzar en este terreno, el próximo año se realizarán cursos de sensibilización y formación a través de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP).
