El Gobierno canario solo gastó el 4% del superávit en las inversiones que exigió con insistencia a Madrid
26 de marzo de 2018. Coalición Canaria (CC) ya ha garantizado su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Nosotros vamos a trabajar para que salgan adelante. Es lo que queremos, desde luego, porque hemos cerrado una agenda canaria, vienen recursos y viene la posibilidad de utilizar el superávit, que son 260 millones de euros (en realidad, 295) para inversiones financieramente sostenibles”, manifiesta el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios.
4 de abril de 2018. Clavijo celebra la decisión del Gobierno central de permitir a las comunidades autónomas más cumplidoras con los objetivos de déficit, entre las que se encuentra Canarias, que destinen el superávit presupuestario del ejercicio anterior a ese tipo de inversiones, las financieramente sostenibles. Como requisitos, Hacienda exige que tengan un impacto “positivo, directo y verificable” sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento de la economía, efectos positivos en la lucha contra el cambio climático, en la promoción de la eficiencia energética o que permita evitar gastos recurrentes o implique ahorros en ejercicios posteriores. Para el presidente canario se trata de una buena noticia que recoge una reiterada reivindicación del Ejecutivo que lidera y una de las premisas de CC para apoyar los PGE del Gobierno de Mariano Rajoy.
22 de febrero de 2019. El Gobierno de Canarias ofrece los primeros datos oficiales sobre el destino de esos 295 millones de superávit presupuestario del ejercicio 2017. En respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PSOE Iñaki Lavandera, la Consejería de Presidencia reconoce que solo ha gastado con cargo a ese superávit 12,7 millones de euros en inversiones planificadas por un importe global de 27,85 millones de euros. A pesar de clamar con insistencia y lograr esa excepción a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, una norma que exige que esos fondos se asignen íntegramente a reducir el endeudamiento de las comunidades, el Ejecutivo de Clavijo apenas ha dedicado un 4,3% del superávit a inversiones. El resto, a amortizar deuda, precisamente lo que trataba de evitar al reclamar un trato diferenciado por parte del Ministerio de Hacienda.
Aunque la respuesta parlamentaria no especifica las inversiones sostenibles concretas financiadas con cargo al superávit de 2017, esos más de 27 millones planificados coinciden con dos actuaciones anunciadas por el Gobierno regional en diferentes fechas. La primera de ellas, por un importe cercano a los 3 millones de euros, corresponde a la implantación de un programa informático, el Seflogic, en la Consejería de Hacienda. La segunda, por 24,6 millones, a la compra de equipos sanitarios entre los que se encuentran los polémicos robots Da Vinci adquiridos por 9 millones de euros para los cuatro hospitales de referencia de las islas capitalinas (el Hospital Universitario de Canarias, el Hospital de la Candelaria, el Hospital Insular Materno Infantil y el Hospital Doctor Juan Negrín).
La consejera de Hacienda ya advirtió de sus intenciones en agosto de 2018, tan solo cuatro meses después de que Clavijo expresara su satisfacción por haber logrado esa medida excepcional para el Archipiélago. Rosa Dávila dijo entonces que las inversiones financieramente sostenibles no eran “la solución” para el destino del superávit y denunciaba que el catálogo delimitado por el Ejecutivo central no le permitía dedicar esos fondos “a las verdaderas necesidades de la ciudadanía”, por lo que ha exigido que en 2019 puedan ser utilizados para financiar servicios públicos esenciales.
Para Iñaki Lavandera, el exiguo porcentaje de inversiones ejecutadas por el Gobierno canario confirma “la falta de proyectos, planificación e ideas del Gobierno de Clavijo, algo que terminan padeciendo los canarios”. El diputado socialista subraya que el dato de gasto, un 4,3% de esos 295 millones autorizados, es “tan pésimo que es imposible de encontrar en otra administración pública canaria”.
Lavandera recuerda, además, que el superávit está maquillado, según reveló la Audiencia de Cuentas en su fiscalización de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente al ejercicio 2017. El informe pone de manifiesto que el Gobierno regional infló el apartado de ingresos al contabilizar deudas de difícil o imposible recaudación. Las cuentas autonómicas cifraron en 626 millones de euros los derechos pendientes de cobro y el porcentaje de fallidos (incobrables por prescripción o insolvencia), en el 2,1% del total, 13,2 millones, una cantidad “anormalmente baja”. El órgano fiscalizador aplica varias fórmulas de cálculo y llega a la conclusión de que esa cantidad debió situarse en torno a los 354 millones, lo que hubiera situado en valores negativos el remanente de tesorería y habría convertido el superávit del que presume el Gobierno canario como ejemplo de buena gestión y ahorro en déficit.
