El presupuesto de Canarias de 2024: y dale con las carreteras

El proyecto de presupuesto de Canarias, para el año 2024, documento que refleja en el papel las intenciones políticas del Gobierno regional para el próximo año, establece para La Palma inversiones directas u operaciones de capital, por un valor de 126.753.679 euros. Sin embargo, al ver el importe de algunas partidas respecto de otras, observamos una vez más, que el ser humano es el único animal en este planeta, que tropieza con la misma piedra las veces que haga falta.

En este sentido y haciendo un breve desglose parcial por proyectos a ejecutar, hemos conocido los siguientes datos:

La inversión que se pretende realizar en proyectos, actuaciones y trámites vinculados a las carreteras, representa el 27,78 % del total de la cantidad prevista invertir en La Palma, pero si a dicho importe, además, se le añade lo destinado directamente al sector turístico, alcanza el 31,38 %.

Sin contar las descontroladas actuaciones que se han llevado a cabo como consecuencia de la reciente erupción volcánica, el Gobierno de Canarias, en 2024, destina para la isla de La Palma, en materia de carreteras, 35.210.000 euros. Es una política de inversiones equivocada que generará graves consecuencias negativas e irreversibles en los próximos años, en los ámbitos del empleo, la sociedad y los recursos naturales en la isla.

La exagerada inversión en la construcción de nuevas carreteras, es un error gravísimo que están cometiendo el Gobierno de Canarias y el Gobierno Central, sistemáticamente, en todas las islas y en el caso de La Palma, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos representados en el Pleno del Cabildo. La mayoría de carreteras nuevas, forman parte del proceso de cambio de modelo productivo que se pretende para esta isla desde la década de los años 70 y 80, que no es otro, que el que ha fracasado en Canarias en su conjunto, el turismo.

Un modelo turístico que destruye, de manera irreversible, el mejor suelo agrícola de Canarias, creador de un empleo de alta precariedad, bajos salarios, creador de situaciones graves de desestructuración social, vulnerable ante shocks externos, dependiente de agentes foráneos en los procesos de toma de decisiones, acelerador de la emergencia climática y generador del caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de actuaciones corruptas e ilegales en los ámbitos público y privados.

Y esto es así, porque en el Parlamento de Canarias y en el Cabildo de La Palma, CC, PSOE y PP, son lo mismo, defienden lo mismo y proponen lo mismo. Cada cuatro años, asistimos sistemáticamente, a una bochornosa y ridícula obra de teatro, que más bien se parece al juego de la silla, al que jugábamos de pequeños, que a un debate público adulto, fundamentado y riguroso, para conformar los diversos gobiernos en la Corporación Insular o a nivel regional.

Es el mismo modelo que es responsable que Canarias tenga una de las tasas de paro más altas de España y del conjunto de regiones europeas, con un 15,20 % en el tercer trimestre de 2023, una tasa de paro juvenil del 31,70 % en el mismo periodo o que casi la mitad del desempleo lo sea de larga duración y sea responsable, en gran medida, de los insoportables datos de marginalidad social y pobreza que sufrimos en estas islas.

Si tan bueno y positivo ha sido el turismo para Canarias, ¿cómo es que el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, sitúa a Canarias a la cola de España? ¿qué tienen que decir los empresarios y políticos que sacan pecho cada vez que las islas superan las cifras de entrada de turistas cada año?

Cuando entró en funcionamiento, en torno al año 2004, el puente de Los Tilos, San Andrés y Sauces, tenía, oficialmente, 5.012 habitantes. En el año 2022, la población era de 4.170 personas, lo que representa un descenso del 16,80 %. Evidentemente, dicha infraestructura no es la única responsable del descenso de la población del municipio, pero los defensores de dicha obra no pueden justificar, de ninguna manera, que el puente haya ayudado a fijar la población.

Hemos dicho en reiteradas ocasiones, que al igual que ha ocurrido en Garafía, la construcción de nuevas carreteras, que siempre nos las venden como “mejoras en las comunicaciones”, también facilita la salida de la población de las comarcas que se pretenden desarrollar, si no se aplican con carácter previo, medidas de ámbito social o económico y eso es lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo en La Palma.

Con total seguridad, nuestros políticos, seguirán utilizando el drama del desempleo y empleando eufemismos y vaguedades, como que “la isla no puede perder inversiones”, para justificar estos proyectos y obras en curso, que en su mayoría ya estaban diseñadas desde hace algunos años y que no se han materializado por diversas razones. Pero es un argumento falso y tramposo.

Salvo para la mayoría de los políticos palmeros y parlamentarios canarios, que viven en una realidad paralela e imaginaria, la construcción de nuevas carreteras no garantiza por sí mismo el desarrollo económico y social de territorios insulares pequeños como nuestro archipiélago. Así lo demuestra la realidad y numerosos informes de analistas y diversas entidades de investigación, cuya lectura sería muy conveniente para los decisores públicos canarios. Pueden ayudar, bien dimensionadas, pero en el marco de un plan de desarrollo insular previo, que en el caso de La Palma, no conocemos, porque no existe.

Las pretensiones del desarrollo turístico en gran parte del territorio de La Palma están motivadas por el negocio urbanístico y en muchos casos por el ‘pelotazo urbanístico’ y así, son numerosos los procesos judiciales que han sido abiertos en estos últimos años, vinculados a políticos y promotores de proyectos turísticos y urbanísticos, planteados desde diversas corporaciones locales de la isla y desde el propio Cabildo.

La obsesión que han tenido los sucesivos gobiernos de Canarias y del Cabildo de La Palma por la construcción de nuevas carreteras, gran parte de ellas al servicio de un modelo productivo turístico lesivo para la sociedad y el territorio, se explica, parcialmente, por las reminiscencias del franquismo que quedan en la isla. Es una forma de entender la obra pública y concretamente las infraestructuras de transporte sobredimensionadas, como la visualización de una falsa gestión pública, con el objetivo primordial de propiciar en la sociedad, un rédito electoral a corto plazo, pero con un trasfondo muy claro, cual es, el cambio de modelo productivo en La Palma hacia el turismo.

En la isla, no hay un liderazgo político claro, motivador, identificable e ilusionante para los ciudadanos. No hay un proyecto de isla para los próximos años, ni planteado, ni debatido, ni consensuado. Ha habido intentos, pero como hemos señalado en otros artículos publicados en meses anteriores, en La Palma no sabemos debatir, nos cuesta aceptar a los que piensan diferente y por supuesto, no somos capaces de llegar a acuerdos estratégicos en beneficio de nuestra isla.

En La Palma y en Canarias, la viabilidad de su futuro pasa, necesariamente, por no seguir llevando a estas islas por una senda económica basada en la construcción de infraestructuras y en una forma de crecimiento turístico que nos ha convertido en una región que ocupa los primeros puestos de España y de la Unión Europea en desempleo, desigualdad, pobreza, dependencia exterior, deterioro ambiental y vulnerabilidad geoestratégica.

El iniciar otro camino es difícil. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero no tenemos otra alternativa, ni como isla ni como región.

*Pedro Higinio Álvarez Rodríguez es economista