Clavijo admite que no se actuó bien en la carretera de La Palma

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este viernes, en relación a los posibles delitos denunciados por Podemos a la fiscalía en la carretera del norte de La Palma, que no se actuó “según el procedimiento adecuado”, aunque precisó que es “un asunto que viene del gobierno anterior”

En la denuncia, Podemos pide que se investigue por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos a Domingo Berriel, exconsejero de Obras Públicas, por el sobrecoste de más de 20 millones de euros en la construcción de la carretera del norte de La Palma, la C-830.

También acusa Podemos al vicepresidente del Gobierno y actual consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, de haber dejado caducar el expediente de oficio para declarar la nulidad del contrato con la UTE adjudicataria, formada por Acciona y Lopesan Asfaltos y Construcciones.

La obra denunciada, con una longitud de 23,5 kilómetros, se licitó en 2007 por 32,4 millones de euros, pero pese a que hasta su finalización en 2016 el proyecto fue reducido a 15,7 kilómetros, el coste se incrementó en un 67%, incluyendo unas obras complementarias que se adjudicaron sin concurso.

Clavijo comentó a los periodistas al respecto de esta denuncia que es “un asunto que viene del gobierno anterior” y cuando Pablo Rodríguez llegó a la consejería “declara la nulidad del proceso”, ante lo cual el contratista ha denunciado al ejecutivo así que el contencioso “está judicializado”.

“Es evidente que cuando llegó el vicepresidente y este gobierno entendió que las cosas no se habían hecho según el procedimiento adecuado y declaró la propia nulidad de las acciones, a partir de ahí veremos qué es lo que ocurre”, agregó el presidente.

Ante la denuncia de Podemos según la cual Pablo Rodríguez dejó caducar el expediente de nulidad, Clavijo indicó que no conoce en profundidad el expediente, pero corroboró que “se declaró la nulidad del proceso”.