El líder del PSOE de Fuerteventura intenta justificar un pago de 100.000 euros con una ‘factura’ fechada un 30 de febrero

Uno de los ejes de la investigación judicial al líder del PSOE de Fuerteventura y actual vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, por su gestión al frente de la Concejalía de Urbanismo del municipio de Pájara, es un pago de 100.000 euros efectuado por la empresa pública Gesturpa en abril de 2010. El auditor de las cuentas de la compañía destacó que no había dispuesto de la “documentación” que acreditara la justificación de esa transferencia y manifestó en sus informes sobre Gesturpa, empresa propiedad del Ayuntamiento de Pájara, que “existen dudas razonables” sobre su “autenticidad”.

Así se reflejó por parte del auditor Miguel Ángel Ramírez en su informe sobre las cuentas de la sociedad municipal en los años 2012 y 2013, y del mismo modo se plasma en la denuncia que la Fiscalía presentó en el Juzgado en abril de 2015 por “la posible existencia de un delito societario”. Antes de la denuncia en el Juzgado, el Ministerio Fiscal le requirió a Acosta documentación sobre la empresa de la que era administrador.

La investigación judicial se ha reactivado en los últimos meses. Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario ha pasado Blas Acosta, que declaró en febrero y tenía que haber vuelto a declarar a finales de marzo, el mismo día que el auditor Miguel Ángel Ramírez, aunque consiguió que se suspendiera su segunda citación por motivos de salud. Este pasado mes de febrero, Acosta presentó en el Juzgado un escrito de la empresa Transportes Araya Franquiz en el que se “certifica” la existencia de unas supuestas facturas, con las que el investigado sostiene que se acreditaría el desembolso de los 100.000 euros: una del 30 de enero de 2005 por 55.503 euros y otra del “30 de febrero” del mismo año por 44.509,5 euros.

Ese escrito de la empresa de transportes tiene fecha del 31 de julio de 2015, apenas tres meses después de que el Ministerio Fiscal denunciase en el Juzgado presuntas irregularidades en la compañía pública. Más de cinco años después de que se efectuara la transferencia de 100.000 euros y 10 años más tarde de que, según sostiene la citada mercantil, Gesturpa contratase unos “trabajos en la obra de 248 viviendas” promovidas por la sociedad municipal, que habrían consistido en “limpieza” y “desmontes del terreno”.

En su declaración en el Juzgado el pasado 23 de marzo, el auditor Miguel Ángel Ramírez calificó como un “pago no justificado”, del año en que se produjo, la transferencia de 100.000 euros y agregó que por eso lo había destacado en la auditoría de Gesturpa. Añadió que “todas esas salvedades” se las preguntó al administrador de la empresa pública y que “no le contestó”, pero que en “años posteriores” aportó las “facturas” de la citada empresa de transportes. Eso sí, “no tiene comprobación” acerca de que los trabajos efectivamente fuesen contratados y ejecutados en la empresa pública.

Por su parte, Acosta sostuvo en su declaración judicial en febrero que no había entregado antes al auditor la documentación que justificase el desembolso de los 100.000 euros porque el pago estaba relacionado con las obras de un parking público. Según su versión, el proyecto del aparcamiento se adjudicó a la constructora Joca y el desmonte lo habría acometido la citada empresa de transportes majorera. “Joca quiebra y por este motivo se le pagan los gastos”, aseguró Acosta, quien añadió en el Juzgado que “en el momento de realizar la auditoría no disponía de la documentación” al estar la contrata en situación “concursal”.

Para Votemos Fuerteventura, cuya presidenta, Margarita Martín, denunció en Fiscalía las irregularidades detectadas en la empresa pública de Pájara, “justificar el destino de una transferencia de 100.000 euros con una factura de fecha 30 de febrero hace suponer que ese certificado puede salir del mismo sitio que los del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes”.

El caso Gesturpa estuvo paralizado cerca de dos años. La denuncia de Martín fue interpuesta en septiembre de 2014. Las diligencias previas se incoaron en junio de 2015, dos meses después del escrito de la Fiscalía, y la citación de Blas Acosta se produjo en mayo de 2016. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de febrero cuando el líder del PSOE de Fuerteventura compareció ante el Juzgado número 6 de Puerto del Rosario que instruye el caso.

La sociedad que se investiga, Gesturpa, se convirtió en la principal herramienta urbanística de Pájara durante los años del boom del ladrillo. Se utilizó para la construcción de viviendas o locales, la administración y alquiler de inmuebles y la venta de parcelas. En la auditoría realizada por Miguel Ángel Ramírez se observaron irregularidades en las cuentas de 2012 y 2013.

El alumbrado que hundió a la empresa pública

Otra de las decisiones tomadas en el Ayuntamiento de Pájara y en su empresa Gesturpa que está bajo investigación en el Juzgado es la forma en la que se llevó a cabo la instalación de alumbrado de la urbanización Cañada del Río. La empresa pública municipal asumió un gasto de 897.270 euros por el alumbrado, en concepto de aprovisionamiento, con la compañía majorera Mahelec Mantenimientos.

En la auditoría se destaca que el alumbrado no le correspondía a Gesturpa y que le fue encomendado por el Ayuntamiento de Pájara. En su declaración en el Juzgado, el auditor Miguel Ángel Ramírez abundó en que el Consistorio no le pagó en aquel momento a Gesturpa, “entrando en pérdidas”.

Claves

Compleja. El Juzgado declaró la causa del caso Gesturpa como compleja. En mayo de 2017 la jueza María Luisa Casado fijó una prórroga de la instrucción por 12 meses más, a contar desde el 6 de junio, por lo que la investigación debería estar concluida en junio de 2018. Blas Acosta tiene pendiente una segunda declaración en el Juzgado. A la primera no acudió la Fiscalía por problemas con la citación.

“Patraña”. Blas Acosta señaló tras su primera declaración judicial que “lo que se ha hecho con dinero público” en la empresa municipal Gesturpa, que ahora está en fase de liquidación, “es gastarlo en inversión y obra pública, nada más” y tachó de “patraña política” la denuncia, a pesar de que cuenta con el aval del Ministerio Fiscal. También afirmó que Guillermo Concepción y Antonio Jiménez habían sido administradores de la empresa junto a él.