El Gobierno canario no tiene ningún informe jurídico que le respalde para saltarse la ley estatal del superávit

El Gobierno de Canarias cree que no es fundamental ningún informe jurídico para saltarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que solo autoriza a gastar el superávit para reducir deuda o para las denominadas inversiones financieramente sostenibles, y sigue adelante con su propuesta de invertirlo en servicios públicos esenciales de la Comunidad Autónoma. “No es necesario ningún informe jurídico. Son compromisos; expedientes que se montan”, asegura el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo. Una tesis apoyada por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila: “Los informes no son jurídicos, son de la propia Comunidad Autónoma y lo que vamos a hacer es cumplir con las necesidades de la Comunidad Autónoma”. De esta forma, el Consejo Asesor ha creado un primer paquete de “medidas coyunturales que no van a generar ningún tipo de desequilibrio” valorado en 175 millones de euros.

El presidente del Gobierno cree que el único riesgo que se puede contemplar es el de incumplir “por unas décimas” la regla de gasto a final de 2019. “Es el único incumplimiento. El único que se puede llegar a dar, que nadie está diciendo que se dé”. En caso de darse esa situación, señala, no entendería que se sancionara a Canarias, ya que otras comunidades autónomas de España han vulnerado “año tras año” los límites de déficit y gasto y no han tenido consecuencias, asegura. “Sería algo absolutamente inusual y solo con Canarias, que es la única que ha cumplido siempre”. A pesar de que la ley estatal dicta lo contrario, los miembros del Gobierno aseguraron que se trata de una medida “que respeta la legalidad”.

A la pregunta sobre ese posible riesgo, Clavijo ironizó y preguntó: “¿Cuál es el riesgo? Están hablando de un riesgo como si viniese un cometa o un asteroide y destrozase el mundo. ¿Cuál es el riesgo?”, cuestionaba. “Sería la única vez, en todos estos años de crisis, que se articule alguna consecuencia a una comunidad autónoma que ha sido ejemplar”.

Con el repetido discurso de que “el dinero de los canarios se queda en Canarias”, tanto Clavijo como Dávila opinan que la fórmula más adecuada para compensar a los isleños por el esfuerzo de tantos años es dejar que estos 300 millones se vean reflejados en los servicios públicos canarios. Una idea que deja en evidencia lo ocurrido el pasado año cuando, después de celebrar que el Gobierno central, que presidía en aquel momento Mariano Rajoy (PP), permitiera a las comunidades autónomas cumplidoras con los objetivos de déficit destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, solo fueran capaces de ejecutar el 4,3% a ese tipo de inversiones y el resto se destinara a amortizar deuda.

Ahora, en este primer paquete de medidas, se destinarán 76 millones de euros a través de un crédito extraordinario para liberar partidas que permitan reducir las listas de espera; 14 millones de euros para eliminar el copago farmacéutico de los pensionistas que cobren menos que el Salario Mínimo Interprofesional; 63,74 millones para reducir el horario lectivo de más de 11.000 profesores de 20 a 18 horas; 15 millones para crear un bono transporte gratuito para los pensionistas y personas con discapacidad y seis millones para aumentar a dos años la tarifa plana del seguro de autónomo de 60 euros.

El presidente del Gobierno manifestó que no se hará un expediente único del superávit, sino que cada departamento asumirá las gestiones. Sobre el crédito extraordinario destinado a Sanidad, apunta a que se empleará en reducir las listas de espera “pagando horas extras al personal para que opere fines de semana y en horario de tarde” y en equipamientos nuevos, los cuales “iremos viendo detalladamente”, puntualizó.

“Como ha ido bien la recaudación, queremos devolverlo a la ciudadanía, yo de verdad que no veo ni un solo problema, no encuentro la incoherencia”, insistió Clavijo, omitiendo que se saltará una ley estatal.

La polémica sobre la gestión del superávit del Gobierno de Canarias trae cola desde hace algunos meses. El baile de cifras generado este año abrió una nueva guerra entre el Ejecutivo regional y central. El Ministerio de Hacienda lo cifra en 948 millones de euros, una cantidad que la Consejería de Hacienda canaria reduce a 300. Según el Ejecutivo canario, de esos casi 1.000 millones, 500 corresponden al antiguo convenio de carreteras.

Esto se suma a la disputa sobre la gestión del superávit de 2017. El Gobierno de Fernando Clavijo reclamó durante meses al Ejecutivo de Mariano Rajoy que merecía un trato diferenciado por haber cumplido el objetivo de déficit. Después de lograr el tan aclamado acuerdo, solo fue capaz de gastar 12,7 millones de euros en inversiones sostenibles de los 295 con los que contaba. Acabó destinando 282,3 millones en amortizar deuda.